AUTOR: GEORGINA HOWARD.
La deuda bancaria ahoga a Estados y municipios porque no se cumplen las reglas para la administración de recursos: eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, dice Luis Pérez de Acha.
Pero de eso nadie habla “porque estamos acostumbrados a la creatividad legislativa para generar mayores recursos y no a optimizarlos”, dice el doctor por la UNAM Luis Pérez de Acha, para quien la voracidad del gasto público está demandando mayores ingresos tributarios a costa de los particulares.
Y esa voracidad, advierte, es la que hace que estados y municipios pidan mayores recursos a través de préstamos bancarios que sufragan con las participaciones federales.
El especialista explica que estos pasivos son solo el resultado de no aplicar los cinco postulados constitucionales del artículo 134: “Que la Federación, Estados y municipios administren los recursos con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez”.
Estos puntos están en la Carta Magna desde hace cinco años y su propósito es reflejar activos y pasivos de manera correcta, expone Pérez de Acha quien, sin embargo, reconoce que esos pilares no son los que están dirigiendo la discusión del gasto público, sino “la bulimia” que ya genera un problema mayúsculo.
Centran la discusión en el IVA
Si bien el secretario de Hacienda ya dejó claro que se trata de un tema estructural que requiere un mayor crecimiento económico, precisa Pérez de Acha, también tiene que hacerse una recomposición importante en materia tributaria.
“Tiene que hacerse una reforma fiscal integral, el problema es que se piensa que vendrán más impuestos y en los últimos 20 años así ha sucedido”.
La discusión actual se centra en la eliminación o no de la tasa cero en alimentos y medicamentos, “el juego del IVA en los impuestos al consumo”.
También se contempla eliminar privilegios “pero hay que definirlos primero, si son exenciones de trabajadores o regímenes especiales de grandes empresas. Hay que ponerles nombre y apellido”, agrega el experto en temas fiscales.
En su opinión, es necesario reestructurar el sistema de coordinación fiscal “que ya es anacrónico y está rebasado”, pues por un lado estados y municipios se quejan de que reciben pocos recursos, y por el otro, la federación dice que les da mucho.
La capacidad recaudatoria de estas localidades es nula y echan mano del gasto y la deuda para cubrir sus compromisos. Es un círculo vicioso que hay que romper, sentencia.
Vigilancia de la SHCP
Mientras, el director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, José Luis de la Cruz, advierte que hay graves problemas por la falta de transparencia en los presupuestos municipales.
A pesar de la mala supervisión financiera, la corrupción y baja calificación de deuda, de la Cruz opina que los municipios no se pueden dejar quebrar porque son los que brindan los servicios básicos, como alumbrado, recolección de basura y seguridad.
En su opinión, la autoridad hacendaria federal debería tener mecanismos para vigilar la deuda municipal y estatal, y actuar en el momento en que se deba frenar el endeudamiento.
La propuesta
El Pleno de la Cámara de Senadores ya recibió tres iniciativas del legislador perredista Benjamín Robles Montoya, encaminadas a regular el monto y topes máximos de endeudamientos en que incurren los estados de la República, para el control y registro de esas operaciones financieras.
Dentro de este paquete de propuestas se encuentra la creación de la Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública para las Entidades Federativas y Municipios que fijarían monto y topes máximos de endeudamiento.
La legislación prevé fincar responsabilidades políticas y jurídicas que deriven del mal uso o planeación de las operaciones financieras.
De aprobarse estas iniciativas, el Congreso de la Unión podrá tener facultades para “limitar y poner candados a los estados y municipios”, para que los gobiernos locales no vean comprometidos su desarrollo en detrimento de las mejoras a la población.
Se pretende también modificar al actual esquema de inscripción de los empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Los pasivos
De acuerdo con el último reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al 31 de diciembre de 2011 el saldo de la deuda subnacional ascendió a 390 mil 777.5 millones de pesos, un crecimiento nominal del 92.4 por ciento.
El saldo total de los pasivos de entidades y municipios en ese lapso se concentró básicamente en 10: Distrito Federal, Nuevo León, Estado de México, Coahuila, Veracruz, Jalisco, Chihuahua, Michoacán, Sonora y Chiapas. En conjunto, todas representan el 72.2 por ciento de las obligaciones financieras totales.
La ASF advierte que, de persistir el acelerado incremento de las obligaciones financieras “se podría transitar a una aplicación de medidas urgentes de ajuste fiscal, reestructura y refinanciamiento de la deuda, así como en una demanda de recursos federales que los apoye para solventar la carga financiera de sus pasivos”.
Destaca que, entre las causas del aumento de la deuda, se encuentra la vulnerabilidad de los ingresos vinculados con las participaciones fiscales.
Debido a que en el registro solo se tiene obligación de incluir la deuda garantizada, existen discrepancias entre la confirmada a la SHCP por los gobiernos subnacionales y la que adicionalmente tienen con la banca comercial a corto plazo y otros pasivos con proveedores y contratistas.
Así, las entidades federativas que presentaron los mayores montos de deuda no registrada fueron: Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Distrito Federal, Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Michoacán, Oaxaca, Zacatecas, Baja California, y Veracruz.
La deuda per cápita más elevada al cierre de 2011 correspondió a Coahuila con 12 mil 997.4 pesos, seguida de Quintana Roo (9 mil 304.9); Nuevo León (8 mil 97.4); Distrito Federal (6 mil 347.3 pesos); Sonora (5 mil 150.7); Chihuahua (5 mil 22.4) y Nayarit (5 mil 0.9 pesos).
Las entidades federativas que redujeron el saldo de su deuda fueron: Sonora, con una reducción de 23.1 por ciento real; Baja California Sur, 16.0; Guerrero, 11.9; Hidalgo, 11.8; Querétaro, 11.1, y San Luis Potosí, el 8.8 por ciento.
Municipios endeudados
La deuda municipal registró un monto de 44 mil 124.7 millones de pesos al cierre de 2011, lo que significó un aumento de 21 mil 388.9, una variación real de un 69.4 por ciento en el periodo.
De la deuda subnacional total por 390 mil 777.5 millones de pesos en 2011, la de los municipios representó el 11.3 por ciento.
Al cierre de 2011, la deuda municipal se concentró principalmente en 566 municipios de 10 entidades federativas, con un monto agregado de 33 mil 58.6 mdp, equivalente al 74.9 por ciento del saldo total municipal.
Jalisco tiene el 16.1 por ciento; Estado de México, el 13.3; Nuevo León, el 12.4; Baja California, el 8.5; Veracruz, el 6.3; Sonora, 4.2; Quintana Roo, también 4.2; Guanajuato, 3.7; Chiapas, 3.2, y Tamaulipas, 3.1.
En 22 municipios de estas 10 entidades la mayor proporción de deuda, es decir, 50.4 por ciento, fue contratada con la banca comercial.
En general, el crecimiento de la deuda municipal se ha concentrado en las necesidades de urbanización de las tres zonas metropolitanas más importantes del país: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Deuda en estados
10 entidades que acumulan el 72.2 por ciento del total
— 14.4% DF
— 9.9% Nuevo León
— 9.8% Estado de México
— 9.3% Coahuila
— 7.1% Veracruz
— 6.2% Jalisco
— 4.4% Chihuahua
— 3.9% Michoacán
— 3.9% Sonora
— 3.6% Chiapas
¿A quién le deben?
Deuda por tipo de acreedor (Estados y municipios)
— 51.3% a la banca comercial
— 23.5% a la banca de desarrollo
— 14.9 % emisiones bursátiles
— 5.0 % a fideicomisos
— 0.3 % a otros
Cuántas veces se dispara
Deuda en número de veces respecto a 2008
— 28.9 veces Campeche
— 19.9 Coahuila
— 7.5 Tamaulipas
— 5.9 Morelos
— 5.8 Zacatecas
— 4.7 Quintana Roo
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