AUTOR: ADRIANA AMEZCUA.
A siete años de la tragedia en la mina, la Secretaría del Trabajo solicita un nuevo peritaje, que las administraciones panistas negaron.
“Esa mina estaba muy mal”. “En peligro siempre estuvieron y no hubo seguridad”. “Y así pasó: se cayó todo”.
Las “Voces del Subterráneo” resonaron la tarde de este miércoles en el Senado de la República. Recordaron la tragedia ocurrida hace siete años en la mina Pasta de Conchos, donde 65 mineros perdieron la vida.
Son las voces del dolor y la angustia, del enojo y la impotencia presentes en el filme de Boris Goldenblank y tres egresados de la Universidad de Guadalajara, que ayer fue proyectado en el recinto de la Cámara Alta.
La cinta recoge diversos testimonios sobre el accidente ocurrido el 19 de febrero de 2006, tras la explosión registrada en una mina de carbón del municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila.
En 2010, recibió el reconocimiento al mejor documental del Tercer Festival Internacional de Cine en Derechos Humanos. Y casi dos años después constituye un recordatorio molesto sobre las condiciones que provocaron el fatal desenlace:
Que la mina de Pasta de Conchos operaba en condiciones de inseguridad; que se denunciaron las fugas de gas que había, que nadie hizo caso.
La explosión fue resultado “de una criminal negligencia por parte de la empresa que no invirtió en sistemas de seguridad en la mina, que representaba una bomba de tiempo”, aseguró entonces Goldenblank.
Su largometraje evidencia que Grupo México prometió sacar vivos a los mineros sepultados y, una semana más tarde, dio por concluida la misión de rescate.
Con franca insensibilidad aseguró que todos los obreros habían muerto por la explosión y era imposible rescatar a alguno con vida.
Sus dichos se fueron por tierra poco después. Los cuerpos de dos mineros fueron encontrados y se pudo comprobar que la causa de su fallecimiento no había sido la explosión, sino haber sido aplastados por unos escombros al tratar de salir de la mina.
Esta cinta, de acuerdo con el realizador ruso, retrata “la larga lucha de las familias para lograr recibir los restos de sus seres queridos, para poder enterrarlos en un panteón”.
A siete años del fatídico evento siguen sin conseguirlo. Por ello, el pasado 19 de febrero pidieron reactivar las labores de rescate de los cuerpos que un día se internaron en la obscuridad y nunca más volvieron a ver la luz del sol.
Los familiares de los mineros muertos claman su derecho a depositar los restos de sus fallecidos en “un lugar santo”.
Así lo ha expresado María Trinidad Cantú, madre de Raúl Villasana Cantú, quien desde 2006 se empeña en que a los desaparecidos como su hijo no los termine sepultando ahora el tiempo.
Ese mismo martes, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana marcharon del Monumento a la Revolución hasta el Zócalo. Exigieron recuperar los cuerpos que permanecen en la mina Pasta de Conchos.
Tragedia heredada
En 2011 el subsecretario Joaquín Blanes afirmó que “sería irresponsable como autoridad exponer más vidas”.
Hoy, a diferencia de las administraciones albiazules, el nuevo titular tricolor de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no hace caso omiso de las exigencias.
En el marco de la celebración luctuosa de la tragedia, Alfonso Navarrete Prida informó haber solicitado a la Procuraduría General de la República (PGR) hacer nuevo peritaje en la Mina Ocho Unidad Pasta de Conchos.
De acuerdo con el oficio OS/057/13, signado por Navarrete y dirigido a Jesús Murillo Karam, responsable de la PGR, se solicita revisar las condiciones del lugar para determinar si hay condiciones de realizar el rescate de los cuerpos sepultados.
El asunto fue a su vez turnado al subprocurador Ricardo García Cervantes, quien desde hace tiempo sigue el conflicto carbonero.
En una misa oficiada este 19 de febrero frente al corporativo del Grupo México, el sacerdote Carlos Rodríguez expresó que se ha planteado la posibilidad de resarcir la historia de horror en esa región norte del país.
Lo imprescindible, destacó el religioso, es no solo atender las demandas de los familiares de las víctimas de Pasta de Conchos, sino ir más allá.
En la zona carbonífera de Coahuila han fallecido en años recientes 159 trabajadores, dada la carencia de seguridad prevaleciente en las minas.
“Lo que no vimos en los últimos seis años, durante el gobierno de Felipe Calderón, ni en los siete de las últimas dos administraciones, lo vemos hoy, como una luz de esperanza”, dijo Rodríguez.
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