La madrugada del sábado 20 de marzo de 2010, un convoy militar que recorría las avenidas Eugenio Garza Sada y Luis Elizondo en la capital neoleonesa en busca de presuntos delincuentes, habrían confundido a los jóvenes con sicarios, por lo que les dispararon causándoles heridas mortales.
En un principio, el Gobierno federal, entonces encabezado por Felipe Calderón, justificó el doble homicidio afirmando que Jorge y Javier pertenecían a las filas del crimen organizado, pero dos días después el rector del Tec de Monterrey, Rangel Sostmann, confirmó que los abatidos por la milicia eran estudiantes de excelencia académica y becados por la institución.
“A las 22:30 horas del 19 de marzo, un profesor los vio por última vez y a las 00:38 del sábado 20 dejaron de escribir en su computadora en la biblioteca. A las 12:45 inició la balacera”, afirmó Sostmann el 22 de marzo de 2010, desechando así la postura oficial, según una nota publicada por La Jornada.
La razón de su salida a medianoche, explicó el rector, es que ambos estaban en periodo de exámenes y decidieron aprovechar el horario extendido que la biblioteca abre para esa semana.
Al salir del campus para volver a sus casas, fueron baleados con armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano, quienes les causaron una muerte instantánea.
Como resultado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 45/2010 hacia la Secretaría de la Defensa Nacional; sin embargo, Reynaldo Aureliano, integrante de la Asamblea Estudiantil Tec, señaló que el Gobierno federal aún no pone en marcha los mecanismos propuestos en el documento.
Asimismo, acusó que a 24 meses del asesinato de sus compañeros universitarios, la Procuraduría General de la República no ha tenido avances en la investigación, desde que el expediente les fue regresado por la Procuraduría General de Justicia Militar.
“No han avanzado. Están parados, nulos. No hay información nueva y, hasta donde tenemos conocimiento, ni siquiera se ha indemnizado a las familias. Es decir, ni siquiera se le ha dado el trato de víctimas”, señaló el estudiante de quinto semestre de Derecho.
Junto con veinte estudiantes, Reynaldo integra dicha asamblea – sin reconocimiento por parte de la planta docente y administrativa del ITESM – que se ha dado a la tarea de presionar para que se esclarezca el crimen y se restituya el daño a las familias.
“Es una pelea contra la desmemoria, que sepan que no olvidamos, que eran chicos que fueron tratados por el gobierno como criminales y que luego de un trabajo muy difícil logramos que se les reconociera como inocentes y estudiantes”, señaló
El universitario también lamentó que sean las propias autoridades estudiantiles las que contribuyan a esta desmemoria, pues no han apoyado los actos organizados por la asamblea para recordar a sus compañeros asesinados.
“Lo peor es que tampoco la escuela ha dado un seguimiento al caso. Hay una atención mínima y parece que las autoridades del Tec no quieren hablar sobre ello, como si no hubieran sido alumnos de esta institución quienes fueron asesinados.
“Las generaciones que les tocó vivir esto están por salir y no se van a ir sin conocer la verdad de lo que pasó. Es muy grave que en esto participe el Tec, porque la gente pasa frente a la placa que le hicimos a nuestros compañeros sin saber qué sucedió”, contó.
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