A la Opinión pública
A la Comunidad Internacional de Derechos Humanos
Al digital Juárez Dialoga y a los medios alternativos y tradicionales interesados en difundir con ética y rigor periodístico la violencia que viven las madres del Comité de Madres y Familiares con hijas desaparecidas en Ciudad Juárez
A Musimbi Kanyoro, Presidente y CEO de Global Fund for Women
Sra. Erika Guevara-Rosas
Directora del programa de Latinoamérica y el Caribe de Global Fund for Women:
Por este medio hago públicas las precisiones a su carta supuestamente desmintiendo la información de mi nota periodística en Los Ángeles Press del 22 de febrero, titulada “Agencia financiadora investigará a Justicia para nuestras hijas”, la cual también difundió por su propia iniciativa El Heraldo de Chihuahua y otros medios.
1. La nota está basada en la reproducción de nuestra conversación telefónica, sostenida el 20 de febrero, a las 12:31 horas. Desde el primer momento de nuestra conversación usted supo que lo hacía en mi calidad de periodista. Incluso me pidió que fuera prudente con la información, a lo que yo le respondí que la prudencia debería caber en las organizaciones que financian y que ahora han estado hostigando a las madres de víctimas de feminicidios.
Este punto lo omití en la nota por considerar el loable trabajo que ustedes han hecho al otorgar apoyo económico para erradicar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, en el contexto de violencia que viven hoy las madres de Ciudad Juárez y mis reportajes de investigación desde noviembre de 2011 por los que he recibido amenazas de muerte vía telefónica y registrados los hechos ante el Federal Bureau Investigation (FBI) y ante la Embajada de España, esta solicitud de su parte, el que me pida prudencia, resulta intimidante para una periodista que centra su interés en descubrir quiénes están detrás de estos crímenes de género que llevan veinte años sin cesar.
2. Otro punto que omití de la conversación telefónica fue el que usted me dijo que no podía apoyar económicamente a la organización (sic). A lo que respondí que yo no era ninguna organización y que no estaba pidiendo apoyos, sino que investigaran a las organizaciones que estaban amenazando a las madres. Literalmente le dije: “Soy periodista y sólo estoy reportando lo que sucede en Juárez con estos crímenes de género”.
3. También le ofrecí llevar a la oficina de Global Fund for Women con base en San Francisco, California, a la señora Karla Castañeda, a quien las autoridades migratorias de Estados Unidos le otorgaron refugio político, junto con sus hijos, por las amenazas de la señora Norma Ledezma Ortega, directora de Justicia para nuestras hijas y por el hostigamiento gubernamental. El propósito de llevar a Castañeda a su institución era con el fin de que diera su testimonio de viva voz con evidencias, tales como grabaciones, videos de masacres que han sido ocultadas por las autoridades y otros testimonios de hostigamiento a madres por parte de la misma organización. No obstante, usted dijo que no era necesario y que investigaría el caso mencionado, incluyendo a las doce organizaciones más que financia su institución.
4. Le reiteré incluso, que la mayor evidencia del acoso a las madres de víctimas era el refugio político otorgado por las autoridades migratorias de Estados Unidos, bajo el precepto de “miedo creíble”; ahora el tercero en menos de tres semanas.
5. Ante esta aclaración de hechos, pregunto:
Si ustedes tienen “procesos muy rigurosos de selección” de las contrapartes y de rendición de cuentas, ¿por qué su institución ha ignorado el hostigamiento a las madres de Juárez, miembros del Comité de Madres y familiares con hijas desaparecidas de Ciudad Juárez y a la abogada que los representa legalmente Francisca Galván Segura, quien se encuentra en estos momentos ante las autoridades migratorias del país, después de haber solicitado las medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los cuales usted fue enterada por mi propia voz?
Si mi “información es inexacta que tergiversa la misión y postura del Global Fund for Women [Fondo Global para Mujeres]” ¿por qué no lo aclaró directamente a nuestro medio o por qué no ha actuado legalmente contra esta presunta manipulación informativa de la periodista en cuestión, y optó por publicarlo en un digital asociado a otra organización que ustedes también financian como Red de Mesa de Mujeres?
Si las organizaciones que ustedes financian en Chihuahua y Ciudad Juárez “trabajan diariamente para erradicar la violencia contra las mujeres y demandar justicia para las victimas de feminicidio”, ¿cómo es posible que las estadísticas de asesinatos y desapariciones de jovencitas se incrementen y no disminuya en veinte años con aportaciones millonarias para detener estas masacres? En lo que va del año 2013, hay 17 reportes de desaparecidas.
Si la directora de Justicia para nuestras hijas es inocente de todas las acusaciones denunciadas desde el 29 de noviembre de 2011 en nuestro medio, ¿por qué no ha actuado legalmente contra mi medio de información ni ha respondido ante las autoridades migratorias de Estados Unidos que han abierto procesos de asilo político como el de Manuel García, ayudante de la señora Marisela Escobedo, y el reciente refugio político de Karla Castañeda?
Si Justicia para nuestras hijas es una organización no gubernamental que ayuda a víctimas de feminicidos y desaparecidas ¿por qué recibe recursos públicos presupuestados en el gobierno del Estado sin proveer ayuda económica a las madres a sabiendas de su extrema precariedad económica y en la indefensión en las que se encuentran, según el testimonio de las mismas madres atendidas por esa organización?
Si Justicia para nuestras hijas investiga los casos de desaparecidas y feminicidios ¿por qué no se da por enterada de la complicidad de las autoridades en estos crímenes de género como son directamente la participación de agentes ministeriales, policías federales, militares y políticos en violaciones y asesinatos de jovencitas?
Si Justicia para nuestras hijas “ha encontrado” a más de 30 mujeres y logrado en tres casos seis condenas a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿por qué no hay registro de ello? ¿Por qué no conocemos los presuntos culpables que ya obtuvieron condenas, a sabiendas de que se trata de un problema público de suma gravedad en Ciudad Juárez y el resto del estado? ¿Quién son esas jóvenes que supuestamente han sido encontradas y sólo en el sitio digital de Global Fund for Women está publicado este dato?
Estas y otras dudas son parte de las investigaciones que llevo a cabo. De cada denuncia hay evidencia. Y Los Ángeles Press es un medio independiente y sin fines de lucro, que no recibe financiamiento de ninguna parte, excepto pequeñas donaciones de nuestros lectores, lo cual es demostrable en la declaración de impuestos.
Nuestro interés es descubrir la verdad y si las organizaciones lucran con estos feminicidios son parte del problema que debe revelarse.
Atentamente
Guadalupe Lizárraga
Los Ángeles Press
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