AUTOR: ALBERTO BUITRE.
Artículo 19 es una asociación con fines dedicados a la promoción asistencial de los derechos humanos de las y los periodistas, incluyendo, por supuesto, la preocupación porque se permita su desarrollo en el ámbito de una sociedad supuestamente democrática.Y nadie duda por eso que son buenas sus intenciones de pedir diplomáticamente a Enrique Peña Nieto dotar de facultades constitucionales a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). Tanto como que nadie podría negar que es urgente asegurar la vida de las y los periodistas en el ejercicio de su labor, en medio de un México cada vez más violento y degradado.
Pero, para asegurar la vida de las y los periodistas en México hacen falta más que protocolos y mucho más que diplomacia con el poder.
En su propuesta de fortalecer la FEADLE, Artículo 19 se olvida de cuestionar las causas que originan la vulnerabilidad del periodismo mexicano como oficio social y económicamente productivo: la corrupción de los medios de comunicación y sus dueños, que provoca el estado de indefensión de quienes trabajan en ellos.
Y no, no es por la falta de voluntad política ante el crimen organizado por parte del sistema político y los medios, que las y los periodistas en México corren peligro. Es, por el contrario, su exceso de voluntad; aquella que tienen los empresarios dueños de los monopolios de la comunicación para salvaguardar el negocio de la información, mediante los llamados de “convenios de colaboración informativa” que firman con los gobiernos nacional y estatales: contratos diplomáticos para coaccionar los ingresos por publicidad oficial (y unos cuantos millones de pesos más sin facturar), a cambio de seguridad en el trato editorial.
Y es que los ingresos estratosféricos producto de esas negociaciones congela la práctica del periodismo. Asegurando las ganancias, ya no es necesaria la práctica periodística, su investigación o narrativa; sólo hace falta quienes redacten y diseñen la información convenida, maquiladores de boletines, empleados automáticos sin crítica ni aspiraciones.
Y mientras los empresarios se llenan las arcas, la lógica de la innecesaridad del periodismo opera para la subcontratación de periodistas para casi todos los puestos ya sea en radio, televisión o prensa. Esto produce tal plusvalía y ganancia, que la erradicación de la fidelidad a la práctica periodística, deviene en la devaluación de la fuerza de trabajo y la inminente contratación de una planta de reporteros obligados a cumplir, ya no órdenes editoriales, sino órdenes de negocios.
Devaluados profesionalmente y mediante la crisis de empleo, ya no es necesario pagarles seguridad social, prestaciones laborales, salario mínimo profesional e inclusive otorgarles un contrato de trabajo sino antes firman su renuncia anticipada, para que el empresario se evite demandas o antigüedades.
Lo peor es que esto no es exclusivo de los medios privados; sino ocurre con más frecuencia en los sistemas de medios públicos nacionales o estatales, donde a las y los trabajadores, periodistas y no, se les violan prácticamente todos los derechos establecidos en la Ley Federal del Trabajo.
¿Cómo podrían enfrentar las y los periodistas mexicanos los problemas de violencia sin tener asegurado un contrato que, mediante el reconocimiento de una relación laboral permita a su familia cobrar al menos un seguro por accidente? ¿Cómo podría responsabilizarse la empresa por la seguridad de un periodista si ni siquiera le paga prestaciones sociales?
Y peor aún ¿cómo podría haber justicia para familiares y amigos de periodistas asesinados si los convenios de colaboración informativa llevan implícito un pacto de no agresión ni responsabilidad entre medios y gobiernos?
Por eso, cuando un periodista es asesinado, el crimen queda en impunidad. Primero, por la corrupción empresa-Gobierno, y segundo, porque periodistas honestos regularmente trabajan de forma independiente sin ninguna clase de protección institucional.
¿Quién, pues, asegura su vida sin protección laboral? ¿Qué fiscalía evita la pauperización de la calidad de vida de las y los periodistas?
Artículo 19 exige al gobierno garantías para el ejercicio periodístico. Pero obvia, no sabemos por qué, lo primordial: exigirle a los dueños de medios de comunicación que cumplan con la ley y reconozcan mediante contrato y prestaciones sociales su relación laboral con sus periodistas. Ésa es la forma primigenia en que se ha de proteger la vida de los periodistas. Lo demás es foto, firma y acuerdos que se pierden, como se han perdido otras fiscalías en su tipo, porque nadie toca la corrupción ni la ganancia.
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