AUTOR: GEORGINA HOWARD.
La primera iniciativa ciudadana para ofrecer acceso libre a la Red en todo México llegó ayer a la Cámara de Diputados.
En este contexto, la Mesa Directiva de la Cámara Alta recibió del colectivo “Libre Internet para Todos”, la primera iniciativa ciudadana para abrir la Red, de manera pública y gratuita, a todos los mexicanos.
La propuesta respaldada por 72 mil firmas verificadas propone la apertura universal de la banda ancha, utilizar la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en todos los edificios públicos. Además, la provisión de puntos de acceso de Súper WiFi para cubrir la mayor parte del territorio.
Paola Migoya Velázquez, representante del Colectivo, destacó que la propuesta trae consigo la reforma del artículo sexto de la Constitución para abrir los llamados “espacios blancos” que no son comerciales por donde viaja Internet y que toda la población pueda acceder a la Red.
El presidente de la Cámara, Francisco Arroyo, pasará la propuesta a las comisiones unidas de Comunicaciones y Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión Especial Digital y Tecnologías de la Información.
El respaldo de las organizaciones
Las organizaciones ciudadanas Artículo 19, Reforma Política Ya, Dejemos de Hacernos Pendejos, Al Consumidor, Causa Común y Contingente Mx respaldan la propuesta que buscan que se incluya dentro de las discusiones para la reforma a la Ley de Telecomunicaciones.
El activista Jesús Robles Maloof sostuvo que el proyecto cuenta con sustento a nivel técnico y que contar con una red pública de Internet obligaría a todos los proveedores privados a ofrecer un mejor servicio para usuarios más exigentes.
La iniciativa plantea utilizar los 21 mil kilómetros de la red de fibra óptica de la CFE y construir otros 15 mil kilómetros de larga distancia para dar acceso a Internet a una velocidad mínima de cinco megabites por usuario.
Los equipos propuestos por las organizaciones serían de tecnología Súper WiFi para dar cobertura a 10 mil puntos de acceso planeados para 2016. Para lograrlo se requerirán 30 mil millones de pesos del presupuesto federal. Según el texto que presentaron, existe una fuerte concentración en la titularidad de concesiones de radio y, particularmente, de televisión comercial.
Puntos claves
La LAASSP establece las siguientes restricciones para adjudicación directa:
> Presentar un dictamen de excepciones que justifique con bases legales la posibilidad de contratar sin licitación pública previa.
> Si no rebasa el monto máximo que establece el Presupuesto de Egresos, que para 2011 fue de 389 mil pesos para adjudicación directa, y de 2 millones 678 mil pesos para invitación restringida a tres proveedores.
> Obtener tres cotizaciones antes de adjudicar contratos mayores a 300 salarios mínimos.
> Elaborar una investigación de mercado previa.
> Entre los servicios que prestaría Enapsys figuraba la consolidación del Modelo Operativo Básico de la Cofetel.
> Un objeto muy similar al del Contrato 01/11 que se desprende del Convenio Marco UAEM-Cofetel, por lo que supuestamente Enapsys cobró por “complementar” el trabajo de la UAEM.
Acusan desvíos
Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), denunció una posible triangulación de recursos por parte de Mony De Swaan, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
Presentó en audiencia pública las pruebas que sustentan su denuncia ante la diputada Lilia Aguilar Gil y en las que se podría acreditar que desvió más de 130 millones de pesos del erario público en contravención a la Ley.
La Cofetel, a través de un Convenio Marco celebrado con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), asignó de manera directa entre 2011 y 2012 varios contratos por un monto total de 72 millones 967 mil 407 pesos.
El año pasado celebró un contrato con una empresa privada llamada Enapsys México, S.A. de C.V. por 60 millones 760 mil 471 pesos para desarrollar los mismos trabajos para los que contrató a la UAEM.
En la denuncia se advierte de una posible simulación e incumplimiento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
Aunque esta ley permite a las entidades de gobierno adjudicarse contratos entre sí, la contratada debe tener la capacidad técnica de realizar el contrato y no subcontratar a terceros.
Para la contratación de la UAEM y de Enapsys, Mony De Swaan incumpliría con todas las restricciones anteriores, con lo que se habría violado la ley. Además, existe evidencia de que uno de los subcontratados por la UAEM podría ser una empresa denominada GET Digital que Peter Bauer, amigo personal de Mony De Swaan, promueve como suya.
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