AUTOR: MARCELA TURATI.
MÉXICO, D.F: El arranque del sexenio de Enrique Peña Nieto ha sido uno de los periodos más violentos para la prensa desde el año 2000, pues en tres meses se han contabilizado cinco secuestros a trabajadores de medios, cuatro ataques a instalaciones periodísticas y un comunicador asesinado, advirtió el director de la organización Artículo 19 en México, Darío Ramírez.
Aunque mencionó que la violencia contra la prensa es una herencia del sexenio anterior, dijo que en lo que va de 2013 se registra un aumento de la violencia un 25 por ciento más con respecto al mismo periodo del año anterior.
Esto a pesar de que en 2012 las agresiones ya habían aumentado en 20 por ciento con respecto a 2011, por lo que señaló que la libertad de expresión va en caída libre.
Durante la presentación del informe anual titulado “Doble asesinato: La prensa entre la violencia y la impunidad”, el director de la filial en México de esta organización internacional acusó de simulación e ineficacia a los organismos del Estado dedicados a la protección y defensa de los periodistas, y de dejar en el dolor y desamparo a miles de comunicadores aún en tiempos de emergencia.
Según el informe presentado la tarde del miércoles en el Museo de la Memoria y la Tolerancia en la ciudad de México, la organización registró un total de 207 agresiones contra periodistas, trabajadores de la prensa e instalaciones de medios de comunicación en 25 estados de la República. En 2012 se registraron 35 casos más que en 2011.
Del total de agresiones registradas siete fueron asesinatos –destaca el de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez–, dos desapariciones y ocho ataques a medios con armas de fuego y explosivos. Ante estos ataques muchos medios de comunicación han dejado de informar.
El reporte señala que las autoridades de los tres niveles de gobierno son, otra vez, las principales responsables de agresiones contra la prensa, con 44 por ciento del total y casi tres veces más de los que se atribuyen a la delincuencia organizada. Entre los agresores, destacan de manera especial los policías.
El 44% de los agredidos son reporteros y el 27% periodistas visuales.
“Los grupos de la delincuencia organizada no han renunciado a su pretensión de usar a los medios para difundir sus mensajes propagandísticos. Las organizaciones delictivas lograron durante 2012 doblegar a empresas periodísticas, exigir la difusión de sus mensajes y dictar una agenda específica de coberturas”, indica el reporte.
Ante el silenciamiento se destaca que las redes sociales han servido como fuente alternativa de información en tiempo real ante la falta de información confiable.
También se anunció el arranque de la campaña #ImpunidadMata en el que explican los asesinatos de los periodistas Armando Rodríguez, Regina Martínez y José Antonio García Apac, y las amenazas a Lydia Cacho, como casos emblemáticos, para recabar un millón de firmas y pedir a Peña Nieto que otorgue a la fiscalía especializada de la PGR, las facultades legales para ejercer su mandato y cumplir sus objetivos.
En la campaña señalan: “Armando Rodríguez (Chihuahua) y Regina Martínez (Veracruz) fueron las víctimas de contextos que habían experimentado un acelerado proceso de descomposición; los grupos criminales habían establecido pactos, complicidades con los cuerpos policiacos y las bandas criminales habían logrado la aquiescencia de los gobiernos locales para operar e imponer nuevas reglas del juego en las que los periodistas simplemente podían ser asesinados sin que nada pasara”.
Aunque mencionó que la violencia contra la prensa es una herencia del sexenio anterior, dijo que en lo que va de 2013 se registra un aumento de la violencia un 25 por ciento más con respecto al mismo periodo del año anterior.
Esto a pesar de que en 2012 las agresiones ya habían aumentado en 20 por ciento con respecto a 2011, por lo que señaló que la libertad de expresión va en caída libre.
Durante la presentación del informe anual titulado “Doble asesinato: La prensa entre la violencia y la impunidad”, el director de la filial en México de esta organización internacional acusó de simulación e ineficacia a los organismos del Estado dedicados a la protección y defensa de los periodistas, y de dejar en el dolor y desamparo a miles de comunicadores aún en tiempos de emergencia.
Según el informe presentado la tarde del miércoles en el Museo de la Memoria y la Tolerancia en la ciudad de México, la organización registró un total de 207 agresiones contra periodistas, trabajadores de la prensa e instalaciones de medios de comunicación en 25 estados de la República. En 2012 se registraron 35 casos más que en 2011.
Del total de agresiones registradas siete fueron asesinatos –destaca el de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez–, dos desapariciones y ocho ataques a medios con armas de fuego y explosivos. Ante estos ataques muchos medios de comunicación han dejado de informar.
El reporte señala que las autoridades de los tres niveles de gobierno son, otra vez, las principales responsables de agresiones contra la prensa, con 44 por ciento del total y casi tres veces más de los que se atribuyen a la delincuencia organizada. Entre los agresores, destacan de manera especial los policías.
El 44% de los agredidos son reporteros y el 27% periodistas visuales.
“Los grupos de la delincuencia organizada no han renunciado a su pretensión de usar a los medios para difundir sus mensajes propagandísticos. Las organizaciones delictivas lograron durante 2012 doblegar a empresas periodísticas, exigir la difusión de sus mensajes y dictar una agenda específica de coberturas”, indica el reporte.
Ante el silenciamiento se destaca que las redes sociales han servido como fuente alternativa de información en tiempo real ante la falta de información confiable.
También se anunció el arranque de la campaña #ImpunidadMata en el que explican los asesinatos de los periodistas Armando Rodríguez, Regina Martínez y José Antonio García Apac, y las amenazas a Lydia Cacho, como casos emblemáticos, para recabar un millón de firmas y pedir a Peña Nieto que otorgue a la fiscalía especializada de la PGR, las facultades legales para ejercer su mandato y cumplir sus objetivos.
En la campaña señalan: “Armando Rodríguez (Chihuahua) y Regina Martínez (Veracruz) fueron las víctimas de contextos que habían experimentado un acelerado proceso de descomposición; los grupos criminales habían establecido pactos, complicidades con los cuerpos policiacos y las bandas criminales habían logrado la aquiescencia de los gobiernos locales para operar e imponer nuevas reglas del juego en las que los periodistas simplemente podían ser asesinados sin que nada pasara”.
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