AUTOR: MARCELA TURATI.
MÉXICO, D.F: En el Golfo de México “se vive un nuevo y hasta ahora exitoso ensayo de silenciamiento de medios”, donde Veracruz completa un preocupante escenario de periodistas asesinados, desaparecidos, desplazados o privados de la libertad y donde funcionarios públicos al servicio de “grupos de poder” intimidan a comunicadores, señala el informe 2012 de la organización Artículo 19.
En el documento Doble asesinato: prensa entre la violencia y la impunidad, la agrupación advierte que en lo que va del mandato del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, han sido asesinados nueve periodistas –entre ellos la corresponsal de Proceso, Regina Martínez– y que cinco de los siete asesinatos contra periodistas perpetrados durante 2012 ocurrieron en las ciudades de Xalapa y puerto de Veracruz (todos en un lapso de apenas 47 días).
La organización internacional critica al gobierno veracruzano por su “excesivo control” sobre la información que circula en los medios, particularmente la relativa a temas de seguridad pública y delincuencia organizada y por incidir en la política editorial de los medios a través de la asignación discrecional de publicidad oficial.
“Emprender investigaciones periodísticas desde una perspectiva diferente a la cobertura superficial de sucesos policiacos y la reproducción de boletines oficiales, se convirtió en una labor poco apreciada de cara al proceso electoral de julio pasado. Los grupos de poder en la entidad recurrieron a las amenazas veladas –a veces por conducto de oscuros funcionarios del gobierno– contra varios periodistas, de los cuales 10 se vieron obligados a optar por salir temporal o definitivamente del estado”, indica.
El informe que analiza anualmente la libertad de prensa, acusó al gobierno estatal de intentar “dar carpetazo” a los homicidios de periodistas, como ocurrió en el caso de Regina Martínez, asesinada el 28 de abril de 2012.
“Las instituciones de procuración de justicia permitieron filtraciones irresponsables a la prensa, particularmente sobre el crimen de la corresponsal de Proceso, Regina Martínez, y contribuyeron con su silencio al crecimiento de rumores que propiciaron, como ya comentamos, la salida temporal o definitiva de varios periodistas del estado, a quienes se les informaba extraoficialmente que su vida corría peligro”.
Asimismo, critica al procurador estatal Amadeo Flores Espinosa por criminalizar a los fotoperiodistas Guillermo Luna Varela, Gabriel Huge Córdoba y Esteban Rodríguez Rodríguez, asesinados el 3 de mayo de 2012, y a Regina Martínez.
“Las conclusiones de la Procuraduría se enfocaron en desacreditarla al sugerir que la reportera no sólo permitió entrar a su domicilio a sus asesinos —descritos peyorativamente por el procurador estatal como “malvivientes”—, sino que convivía con ellos. Justo cuando se cumplían seis meses del asesinato de la corresponsal de Proceso, se informó de la detención de Jorge Antonio Hernández Silva, uno de los responsables, y se llamó a todos los medios para exhibirlo ante ellos y presentarlo como criminal confeso. Días después, frente a un juez y ya sin ninguna clase de despliegue mediático, Hernández Silva negó haber tenido participación en el homicidio, dijo que la confesión le fue sacada bajo tortura y que la Procuraduría amenazó con hacerle daño a su madre”, consigna.
Artículo 19 eligió a Regina Martínez como uno de los casos emblemáticos de crímenes contra periodistas que ilustrarán la campaña #laimpunidadmata, con la cual pretende recabar un millón de firmas para exigir al gobierno de Enrique Peña Nieto el cese a la impunidad.
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