AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
En un comunicado, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y familiares de Rodríguez Aguirre denunciaron que un grupo denominado Inteligencia Policial actúa en territorio mexiquense en coordinación con policías estatales y autoridades federales.
Denunciaron que dicho grupo, al que llamaron paramilitar, está asignado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno estatal que encabeza el priista Eruviel Ávila.
En el comunicado, el Cencos, las ONG y los parientes del dirigente de la UPREZ aseguraron que integrantes de Inteligencia Policial fueron quienes, el pasado 21 de marzo, capturaron y torturaron a Felipe Rodríguez, acusado de ataques a las vías de comunicación.
El propio dirigente, presentado ante el Ministerio Público federal, narró que durante el tiempo que permaneció detenido fue sometido a tortura y malos tratos de estos supuestos policías.
“Fue amenazado reiteradamente por sus captores de que iba a ser asesinado, simulando tiros de gracia; que le iban a matar a su familia y que lo iban a desaparecer, siendo evidente que poseían información detallada de su persona, pues en dichas amenazas mencionaban directamente a familiares por nombre y apellido. Quienes lo detuvieron se identificaban como sicarios de la mafia, diciéndole que lo asesinarían, por las pérdidas que les estaba ocasionando por sus plantones y con sus marchas”, denunció el Cencos.
La organización relató que el pasado jueves alrededor de las 11:40 horas, siete hombres encapuchados que portaban armas largas, a bordo de una camioneta tipo van sin placas de circulación, detuvieron al líder de la UPREZ luego de que participó en una manifestación en la carretera México-Toluca.
Los hombres vestían de negro y no portaban ninguna identificación ni insignia oficial.
Los encapuchados “detuvieron con lujo de violencia a Felipe Rodríguez, aproximadamente en el kilómetro 43 de la carretera que va de La Marquesa a Toluca. Todo ello en el marco de una movilización social y pacífica, organizada por la UPREZ ante la falta de respuesta del gobierno estatal a una serie de demandas sociales y educativas”, indicó el Cencos.
Señaló que desde la detención hasta las 17:25 horas que fue presentado en la delegación regional Toluca de la Procuraduría General de la República (PGR) el activista estuvo en calidad de desaparecido.
Fue hasta que Jesús Alejandro Rodríguez Nava, hijo de Felipe, se trasladó al Palacio de Gobierno estatal en Toluca para denunciar el hecho y demandar la aparición de su padre, así como para solicitar una audiencia con el gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas.
“En vez de ello fue también arrestado por la policía estatal. Por lo anterior, denunciamos la detención ilegal de que fue objeto el compañero Felipe Rodríguez.
“La tortura física estribó en golpes y malos tratos. El lóbulo de su oreja izquierda fue desprendido por estiramiento y con la amenaza de que se la iban a cortar. Fue golpeado en ambos ojos; con el cañón de una metralleta fue golpeado en el pecho y con toletes le golpearon en la espalda dejándole diversos hematomas visibles y de gran tamaño.
“Es importante subrayar que Felipe Rodríguez es discapacitado, usa una prótesis en la pierna derecha de la rodilla hacia abajo, sus captores cruelmente pisotearon su prótesis, brincando encima de ella, para romperla y lesionarlo. En síntesis, Felipe Rodríguez fue víctima durante casi seis horas de tratos inhumanos y crueles, así como de tortura”, denunció.
Pide Morena intervengan ONU y Nunciatura
Morena pidió este martes la intervención del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Nunciatura Apostólica en México, para exigir la liberación del dirigente de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), Felipe Rodríguez, detenido el pasado jueves 21, luego de participar en una manifestación en Toluca, Estado de México.
Durante una protesta realizada en el Zócalo capitalino, donde Clara Brugada, secretaria de Bienestar de Morena, inició un ayuno el pasado lunes 25 en demanda de la liberación de Rodríguez Aguirre, el presidente nacional de la agrupación, Martí Batres, señaló que el arresto del activista es una actitud propia de una dictadura militar.
“Pareciera que Miguel Nazar Haro (director de Seguridad en los años sesenta) despacha en Gobernación”, puntualizó Batres.
Añadió:
“El dirigente de la UPREZ es un preso político por manifestarse por demandas sociales en favor de la educación y de la gente más humilde del Estado de México”.
De acuerdo con el exsecretario de Desarrollo Social capitalino, México vive una vez más el modelo represivo y violento aplicado por Enrique Peña Nieto en San Salvador Atenco, cuando fungió como gobernador.
La detención de Rodríguez Aguirre, subrayó, tiene que ver con la criminalización de la protesta y “la ausencia de un verdadero Estado de Derecho” donde no hay libertades políticas, como el derecho de manifestación.
Criticó, asimismo, que mientras el dirigente de la UPREZ está preso, “los verdaderos mafiosos asociados a la política están libres”. En ese sentido, citó los casos de los exgobernadores de Coahuila, Tomás Yarrington y Humberto Moreira; del senador y líder petrolero, Carlos Romero Deschamps, y del exgobernador mexiquense Arturo Montiel, que no tienen ningún problema con la justicia, pese a que, dijo, lucraron con el erario.
Batres responsabilizó a Peña Nieto de las arbitrariedades sufridas por Rodríguez Aguirre, y advirtió que acudirán a instancias federales para denunciar el arresto.
Si el gobierno piensa que con represión podrá contener la oleada de inconformidad que hay en el país, apuntó, “está totalmente equivocado”.
Por su parte, Clara Brugada informó que ya presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en virtud de que Felipe Rodríguez fue torturado física y psicológicamente por policías estatales y federales, y debido a que fue arrestado por un grupo paramilitar y presentado cinco horas después.
“Solicitamos se esclarezca la función del denominado Grupo de Inteligencia Policial, captor de Felipe Rodríguez, cuál es su mandato y jurisdicción, y por qué su forma de operación. Solicitamos se finquen responsabilidades por la detención arbitraria y tortura del nuestro compañero”, puntualizó.
De su lado, Elizabeth Nava, esposa de Felipe Rodríguez, dio a conocer que el juez federal amplió el plazo y será hasta el viernes 29 cuando se determine la situación jurídica del líder social.
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