AUTOR: GEORGINA HOWARD.
El público parece no existir en la reforma de la Ley de Telecomunicaciones, advierte Irene Levy, presidenta de Observatel. A su juicio, deben tomarse medidas para que sea de beneficio.
Puede ocurrir que ni siquiera se acabe con el duopolio Televisa-TVAzteca, sino que simplemente quede sometido a reglas, opina Irene Levy, presidenta de Observatel, que se pregunta sobre la versión final de la reforma:
“¿Superficial o arrasadora? Si vamos a modificar la Constitución ¿descubriremos el hilo negro y todo lo relacionado con el tema será constitucional? ¿O vamos a hacer una reforma quirúrgica que toque los puntos necesarios y haga funcional este ecosistema?
“Necesitamos autoridades que se pongan en el papel de los usuarios y que vean cuáles son los vicios de contratar, los problemas en la telefonía y no si algunas empresas van a resultar afectadas. Me parece que equivocan el rumbo”, dice.
Levy se interroga sobre qué empresarios competirán contra Televisa y TV Azteca por los dos canales de nueva concesión en abierto. Montar una cadena no es barato ni fácil.
Además, sostiene la experta, “las compañías que entrarían a la competencia son digitales y no analógicas y la penetración de la televisión digital es sólo del 20 por ciento y nada más”.
En esas condiciones, se pregunta Levy, ¿qué empresa va a querer publicitar su producto con alguien que tiene solamente el 20 por ciento de televidentes, frente a otra que tiene el 99 por ciento de la población pendiente de la pantalla? ¿Cómo hará el gobierno para que esas dos nuevas cadenas tengan reglas parejas?
Con las cuatro empresas de telefonía móvil (Iusacell, Telefónica, Telcel y Nextel) ocurre lo mismo. De acuerdo con la presidenta de Observatel, ninguna tiene un buen servicio, a pesar de que la competencia esté abierta, aunque Telcel ostente el 70% de la cuota de mercado.
“Y si entraran tres más, no va a mejorar el servicio. Algo hemos perdido en esta cadena de conexión entre la gente y las empresas, una regulación para el usuario, y este es el momento de reconfigurar las telecomunicaciones”.
De acuerdo con Levy, se trata de una gran oportunidad porque el país está al comienzo de un nuevo sexenio.
“Terminamos dos administraciones de inmovilidad prácticamente total en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
“Hay mucha demanda de transparencia, de cambios y de modernidad porque la tecnología ha avanzado muchísimo, y ni el marco jurídico ni la condiciones de mercado se han actualizado. La liga parece que no se puede estirar más porque se rompe”, alerta.
Y para muestra, un botón: son ya más de 100 millones de usuarios en telefonía móvil en México, “y cada vez demandamos mejores servicios a menores precios, como en otros paíse. Estamos en el último lugar de los países de la OCDE en materia de penetración de banda ancha”, dice.
“Aunque pareciera que todavía hay cierto romance entre las fuerzas políticas, hay visos de rompimiento en algunos puntos y aunque pudieran ser fugaces, los compromisos llegaron a tal nivel que, rajarse a estas alturas, lo veo muy complicado”, concluye.
El ‘chipote presidencial’
A unos días de que llegue la iniciativa de reforma de Telecomunicaciones al Senado de la República, las piedras en el camino ya están puestas. Sobre todo porque las medidas propuestas no tienen la contundencia necesaria, dicen algunos, para romper con los monopolios en televisión y radio. Una de las voces más críticas contra la iniciativa en la Cámara Alta es la del senador panista Javier Corral. En su opinión, la reforma “toca más al agente dominante en telefonía, con normas y disposiciones muy amplias y muy fuertes”, pero no sucede lo mismo con los agentes dominantes en radiodifusión.
En opinión de Corral, no hay simetría en las medidas contra la concentración ni tampoco garantizan que se romperá con los monopolios. El experto en temas de telecomunicaciones expone que para desmonopolizar en televisión y radio hicieron falta muchos otros criterios y los enumera: “Revisar la concentración en materia de publicidad, audiencia, producción y distribución de contenidos y de zonas geográficas”.
Y va más allá. En los mecanismos para la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), nuevo organismo regulador, con autonomía constitucional, existe un “chipote presidencial”. Establece la posibilidad de que haya una “opinión previa” del Ejecutivo para otorgar, revocar y refrendar concesiones. Y este “candado” puede constituir un fenómeno de “doble ventanilla” que habrá de definirse bien en el análisis que sobre la reforma y el Ifetel haga el Senado, alerta.
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