FUENTE: VERÓRICA ESPINOSA.
GUANAJUATO, Gto: Organizaciones ciudadanas advirtieron públicamente del riesgo de que la capital del estado pierda el título de Patrimonio de la Humanidad ante la insistencia de los gobiernos priistas por afectar la vocación ecológica de varias zonas incluidas en el polígono delimitado por la Unesco, para favorecer a particulares en negocios inmobiliarios.
El Consejo Ecologista Guanajuatense, la asociación Guanajuato somos todos y el grupo Rescatando Los Picachos anunciaron que revisan las alternativas legales para oponerse al cambio de uso de suelo de tres predios que originalmente tenían vocación ecológica y agrícola, uno de los cuales se encuentra dentro del polígono que la Unesco tomó en cuenta para declarar a la ciudad de Guanajuato y sus minas adyacentes como Patrimonio de la Humanidad, en la zona de Valenciana.
Detallaron que el Ayuntamiento de la capital cambió el uso de suelo para que tengan destino habitacional, favoreciendo además al esposo y al cuñado de dos regidoras del PRD y del Partido Verde Ecologista.
Se trata de las regidoras Rosa Amelia García, presidenta de la comisión de desarrollo urbano del Cabildo, encargada de elaborar el dictamen –cuyo cuñado Miguel Vázquez es propietario de uno de los predios afectados–, y Clarissa Arrache, cuyo esposo, Luis Abascal, es dueño de un predio en el Cerro Los Erizos, mismo que se encuentra en el polígono de la declaratoria de la UNESCO y que se ubica en una zona de antigua explotación minera, ahora con posibilidad de que en él se construyan viviendas.
Sobre este predio, mostraron un análisis técnico elaborado por un especialista que concluye que las pendientes del terreno tienen una inclinación por encima de lo recomendado para la construcción de casas habitación, y a una altura mayor que la cota límite para la urbanización en la ciudad, que es de 2 mil 100 metros sobre el nivel del mar, además de que está asentado en una masa rocosa sobre dos vetas madre mineras “lo que coloca al predio en situación crítica a causa de las posibilidades que tiene de ser objeto de trabajos mineros”.
Además de todo lo anterior, el predio cuenta con especies endémicas características de la zona. “Estamos ante uno de los pocos corredores ecológicos que nos quedan en la zona de Valenciana”, dijeron los denunciantes.
El tercer predio es propiedad de una asociación de colonos que encabeza Gregorio Bustamante, un conocido líder que suele movilizar grupos en tiempos de campaña, contratado por algún candidato o partido.
“Este gobierno municipal priista está gobernando para favorecer a los empresarios y constructores…el Ayuntamiento nuevamente reduce y lesiona el entorno natural de la ciudad de Guanajuato”, señalaron en un pronunciamiento conjunto.
Estos cambios fueron hechos en una sesión del Ayuntamiento efectuada el 21 de diciembre último, y cuya acta se conoció varias semanas después; “fue un albazo como siempre que se quieren hacer este tipo de cosas”, acusó el presidente del Consejo Ecologista, Enrique Avilés.
Pasaron varias semanas más antes de que los ciudadanos pudieran obtener los dictámenes relativos a estos cambios de uso de suelo, pues tuvieron que esperar a conseguirlos a través de la Unidad de Acceso a la Información.
“Nos encontramos con que el dictamen no contiene los elementos que justifican la autorización para el cambio de uso de suelo de estos predios, sólo remite al expediente, pero no es específico en los requisitos”, señaló la abogada Citlali Tovar, integrante de estas organizaciones civiles.
Recordó que estos grupos promovieron medidas contra una pretendida urbanización en las zonas aledañas al cerro de La Bufa, uno de los símbolos de la ciudad, que incluso derivaron en la celebración del primer referéndum en la historia del estado, en el que una mayoría votó en contra de un proyecto inmobiliario en manos de un particular, que había sido inicialmente aprobado en la administración del ex alcalde Nicéforo Guerrero, dos años atrás.
“Nosotros hemos tenido miedo desde el movimiento por La Bufa de que esto ocurriera, por la necedad de construir en lugares que son parte de la poligonal patrimonial de Guanajuato”, señaló Enrique Avilés.
Por ello, las organizaciones ya estudian las alternativas legales para promover un amparo colectivo o algún otro mecanismo que revierta estas decisiones del Ayuntamiento de Guanajuato capital, y pidieron a la población estar alerta “y movilizarse en la defensa de su territorio, de su calidad de vida y de los instrumentos de planeación vigentes”.
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