Por: Jorge Carrasco Araizaga
Los restos de un enfrentamiento en Michoacán.
Foto: Alan Oretga
El gobierno de Enrique Peña Nieto libra una guerra de bajo perfil en Michoacán. El Ejército se halla entrampado entre las guardias civiles y los cárteles de narcotraficantes. Desde el repliegue de la Policía Federal en esa entidad, los soldados intentan frenar la violencia e imponer la ley pero se topan con grupos de la delincuencia organizada como Los Zetas, Los Caballeros Templarios o El Cártel Jalisco Nueva Generación, que protagonizan feroces combates por el control de la plaza y asesinan sin miramientos a quien les estorba.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La estrategia de silencio del gobierno de Enrique Peña Nieto dejó en la penumbra la muerte de Dionisio Loya Plancarte, uno de los jefes de Los Caballeros Templarios y líder histórico de la delincuencia organizada en Michoacán.
Conocido como El Tío, Loya Plancarte murió a manos del Ejército en una supuesta represalia del gobierno de Peña Nieto por la desaparición de tres elementos del Estado Mayor Presidencial en la entidad.
Enviados desde la Ciudad de México, los militares desaparecieron entre los municipios vecinos Apatzingán y Buena Vista Tomatlán, bastiones de lo que fue La Familia Michoacana y su escisión, Los Caballeros Templarios.
Informaciones obtenidas por Proceso indican que a partir de ese hecho, el Ejército realizó
operativos nocturnos en las comunidades de ambos municipios. Hasta ese momento, los militares sólo transitaban por las carreteras principales; ahora ya entraron a las comunidades.
Durante una de esas incursiones, en las primeras horas del sábado 16 se enfrentaron a un grupo de civiles armados en las inmediaciones de la comunidad de El Alcalde, en el municipio de Apatzingán. Según corporaciones policiales del estado citadas por periodistas locales, en el enfrentamiento murieron cinco elementos castrenses.
El hecho ocurrió hacia las dos de la mañana cuando un convoy militar integrado por tres vehículos se enfrentó a hombres que viajaban en camionetas tipo todoterreno y se negaron a deponer las armas. Algunas versiones mencionaron que después del combate se registró una fuerte movilización militar, incluso por aire.
Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional guardó silencio, aunque se trata de la baja más importante de Los Caballeros Templarios desde la muerte de Nazario Moreno González, El Chayo, en un enfrentamiento con la Policía Federal en diciembre de 2010, según dio a conocer esa corporación.
Con la desaparición del Tío, al frente de Los Caballeros Templarios sólo quedarían Servando Gómez Martínez, La Tuta, y Enrique Plancarte Solís, El Kikín, a quien se le adjudican las relaciones con los proveedores internacionales –en especial de China– de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas.
El Ejército también guardó silencio ante el agravio que sufrió unos días antes, entre la noche del lunes 11 y el martes 12 de marzo, cuando una partida de soldados pertenecientes a la 43 Zona Militar con sede en Apatzingán fue retenida por civiles en La Ruana, tenencia Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Buena Vista Tomatlán. En este lugar surgió una “policía comunitaria” en febrero pasado y ha sido escenario de enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos.
El hecho de violencia más reciente ocurrió la tarde del viernes 22, al sur del municipio en una comunidad conocida como Santa Ana Amatlán, colindante con El Terrero y Catalinas.
Elementos del Ejército se enfrentaron a un grupo de civiles en el mismo lugar donde el miércoles 13, hombres armados incendiaron una gasolinera y una empacadora de limón.
Los autores de la retención grabaron un video sobre los militares desarmados y cercados por la población. El video circuló profusamente en la prensa y las redes sociales.
En Buena Vista existen numerosas brechas que conducen a los lugares de origen del Chayo, El Tío y El Chango Méndez, quien fue otro de los líderes de La Familia Michoacana y que permanece detenido desde junio de 2011, cuando lideraba la otra escisión de ese grupo, La Familia.
La retención de los militares, que según las versiones locales eran entre 20 y 40 –de dos a cuatro pelotones– fue para exigir la liberación de 51 personas acusadas de formar una “policía comunitaria” en esa población, y también de tener vínculos con la delincuencia organizada.
Detrás de los grupos civiles armados de Buenavista y Tepalcatepec, se presumió la presencia de grupos de la delincuencia organizada como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Caballeros Templarios. El Ejército entró en esos dos municipios y detuvo a integrantes de ambas organizaciones.
Los grupos civiles armados tuvieron su máxima expresión el pasado mes de febrero en la zona de tierra caliente, luego del surgimiento de guardias civiles en Cherán, Paracho y otras zonas de población autóctona del centro-norte del estado. Dijeron que estaban ahí para enfrentarse con la delincuencia organizada.
Otras “guardias civiles” han surgido en comunidades del municipio de Los Reyes, al norte del estado. También se han reportado otras en los alrededores del puerto de Lázaro Cárdenas, estratégico para la movilización de sustancias y drogas ilegales por el Pacífico, tanto las que provienen de México como las procedentes de Asia.
Los alrededores del puerto han sido zona de fuerte confrontación con presencia del cártel de Los Zetas, que en la década pasada, como brazo armado del cártel del Golfo, dio entrenamiento paramilitar a la organización conocida como La Empresa que después se denominó La Familia Michoacana. Ahora, Los Caballeros Templarios se reorganizaron en esa zona como parte de su confrontación con el CJNG y Los Zetas.
El mes en curso ha sido difícil para el Ejército en Michoacán, luego de que el gobierno de Peña Nieto replegó a la Policía Federal, que durante el sexenio de Felipe Calderón tuvo una importante presencia en el estado. La corporación tuvo numerosas bajas a manos de La Familia Michoacana hasta la anunciada ejecución del Chayo.
El jueves 7, el Ejército detuvo a 34 personas que dijeron formar parte de la policía comunitaria. No obstante, la Procuraduría General de la República (PGR) los consideró como integrantes de una organización delictiva y consignó a 31 de ellos por portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas –fusiles AK47, AR-15 y pistolas calibre 5.7– y delitos contra la salud. Los otros tres eran menores de edad y fueron remitidos a centros de justicia para adolescentes.
Se les trasladó a penales federales de Veracruz, Estado de México y Tamaulipas. Entre ellos se identificó a una persona con el nombre Édgar Antonio Rojo Lara, supuesto lugarteniente del CJNG en Michoacán.
Los detenidos insistieron en que eran guardias comunitarios pertenecientes a Buena Vista Tomatlán organizados contra las extorsiones y cobro de rentas de Los Caballeros Templarios, y que las armas se las quitaron a miembros de esa organización.
Poco después, el lunes 11, el Ejército detuvo a otras 17 personas, entre ellos dos menores de edad, con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en la misma comunidad de la Ruana, punto intermedio entre los municipios de Buena Vista y Apatzingán. Durante los ochenta y noventa este lugar fue conocido como un importante productor de mariguana.
Luego de la segunda captura ocurrió la retención de los militares. En el video que difundieron los autores del secuestro se escucharon críticas en contra de Los Caballeros Templarios y La Tuta. El gobierno estatal intervino y los militares fueron liberados al día siguiente. Para el procurador del estado, Plácido Torres Pineda, el asunto “no pasó a mayores”. La Sedena guardó silencio.
Fragmento de un reportaje que se publica en la edición 1899 de la revista Proceso, ya en circulación.
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