FUENTE: LA SILLA ROTA.
AUTOR: ROBERTO EHRMAN
El pasado 17 de diciembre en Palacio Nacional el Presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer la nueva estrategia de seguridad nacional. Basándose sobre un diagnóstico realístico y oportuno definió seis líneas de acción para enfrentar a la plaga de la criminalidad que ya es parte de la vida cotidiana de los mexicanos.
En la misma reunión el Procurador General de la República Jesús Murillo Karam declaró que la estrategia del ex Presidente Felipe Calderón de atacar a los líderes más importantes del narcotráfico tuvo como consecuencia la de multiplicar los cárteles de seis, que se tenían identificados en el año 2000, a los actuales ochenta.
Asimismo, la corrupción endémica de las estructuras policiales y de impartición de justicia a nivel local como federal contribuye a enraizar la problemática.
A pesar de que el tema de la criminalidad y del narcotráfico ya no es el protagonista de los titulares de la mayoría de las ediciones periodísticas y de los noticieros televisivos, como se estilaba en la administración anterior, el problema de la inseguridad y su percepción sigue presente en la ciudadanía, manteniendo México su liderazgo en la tasa de homicidios[2].
100 días de nuevo gobierno no pueden mejorar una situación tan grave ni siquiera de manera marginal, hay que ser objetivos y realistas.
Siguen los homicidios, las masacres, las desapariciones con el mismo ritmo de antes. Si bien hay un leve mejoramiento, según las estadísticas oficiales[3], es demasiado temprano para ser optimistas.
El pasado 18 de febrero del presente año en la reunión de la Conago celebrada en Palacio Nacional, los 29 gobernadores juntos con el Jefe de Gobierno del Distrito Federal declararon su apoyo a la formación de los 32 Mandos Únicos Policiales (MUP) por cada entidad, con el propósito de reducir las más de 2000 corporaciones policiacas, la mayor parte de ellas infiltradas por la criminalidad.
Al día de hoy solamente el estado de México, el Distrito Federal, Sonora, Veracruz, Morelos, Durango, Aguascalientes, Nuevo León, Campeche han implementado el modelo, y faltará mucho tiempo para ver los resultados.
Asimismo, el modelo atribuye al Gobernador de la entidad federativa la decisión última sobre las designaciones del titular de la policía estatal y de las municipales.
Sin embargo, no se trata de un poder absoluto, y, en principio, el otorgamiento de los recursos federales en materia de seguridad a las entidades federativas se sujetará al cumplimiento de ciertas obligaciones tales como la formación de policías estatales profesionalizadas y certificadas a través de los controles de confianza, mismos que deberán aplicarse a las policías municipales en un lapso de tiempo determinado (alrededor de un año a partir de la creación del MUP).
El anterior Presidente Calderón enfocó su estrategia de ataque frontal al crimen organizado apoyándose en las fuerzas armadas y en menor medida en la policía federal. Respecto las policías estatales, elaboró y presentó a finales de 2010 el proyecto de reforma constitucional relativa al Mando Único Policial que se quedó atorada en Congreso, en parte por la oposición de los gobernadores priistas que veían en la propuesta una forma de incidir en las políticas internas de los estados limitando su, supuesta, autonomía, que, en realidad, era su poder absoluto o cacicazgo.
Ahora, con el nuevo escenario político partidista, el MUP tiene un nuevo auge, sin embargo, no es y ni podrá ser la panacea para resolver los problemas de inseguridad.
Lo anterior, por muchas razones. La primera, tiene que ver con el tiempo. ¿Es suficiente un año para certificar a todos los policías estatales y municipales, despedir a los que no logren certificarse (60 por ciento promedio) y para contratar a los nuevos, y formar así a una nueva generación de policías que puedan desempeñarse de manera eficaz y eficiente?
La segunda. ¿Qué pasa con el 60 por ciento de policías despedidos? ¿Qué otras opciones tendrán, aparte la de engrosar las filas de la criminalidad, debido a que es lo único que saben hacer y que aprendieron a lo largo de su carrera?
La tercera. ¿Qué pasa si un gobernador se vincula con el narcotráfico? ¿En este caso, a que sirve tener policía estatales profesionales si no van a desempeñar fehacientemente sus funciones? ¿Se hará una investigación al respecto por parte de la PGR con la consecuente consigna del gobernador (si es que pasa la reforma constitucional que limita la inmunidad de los legisladores y de los funcionarios públicos)? ¿Así como pasó con Thomas Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, que sigue prófugo de la justicia?
Así que, mientras esperamos la formación de nuevas policías estatales preparadas, honestas y eficientes, por un lado, las comunidades inician a armarse y crear sus propios cuerpos de policías comunitarios, que ya están presentes en ochos estados, y, por el otro, no dudamos que las bandas criminales estarán haciendo lo mismos en las zonas en donde mantienen el control del territorio y de la población.
A complicar la situación está la falta de claridad todavía presente respecto al rol de la nueva Gendarmería: ¿Cuál será su función en específico? ¿Intervenir quirúrgicamente para resolver las emergencias de seguridad que se darán en los estados? O, mas bien ¿Intervenir como fuerza de apoyo en la frontera, en los municipios rurales y en los puertos y aeropuertos, como mencionó en diciembre el Secretario de Gobernación Osorio Chong?
Por lo pronto, las fuerzas armadas siguen en la calle y siguen los enfrentamientos, no se ven cambios pero, como ya dijimos, es demasiado pronto para sacar conclusiones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario