Además de las disposiciones para acotar los monopolios, la reforma plantea aspectos relativos a la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información.
Este es un recuento de esas disposiciones previstas en la ley:
Prohíbe las restricciones a la libertad de expresión por vías o medios indirectos, como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de aparatos usados en la difusión de información.
También prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. Señala que los concesionarios tienen responsabilidad respecto a la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y de difusión.
Estipula que toda persona tiene derecho al libre acceso a información veraz, plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas por cualquier medio de expresión.
Establece que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que deben prevalecer condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad.
Señala que el Estado debe garantizar el acceso a tecnologías de información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha.
Plantea la creación de una política de inclusión digital para todas las personas con metas anuales y sexenales.
Establece crear un organismo público y autónomo que provea el servicio de radiodifusión sin fines de lucro. Dicho organismo contará con un consejo ciudadano integrado por nueve consejeros honorarios.
Elimina la figura de permisionarios, por lo que éstos tienen el mismo estatus que los concesionarios.
El proyecto de reforma también estipula diversas disposiciones relacionadas con los órganos reguladores:
El instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) llevará un registro público de las concesiones.
Las resoluciones del Ifetel y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofeco) sólo podrán impugnarse mediante juicio de amparo indirecto, pero sin que ello signifique la suspensión del acto legal.
Los comisionados del Ifetel y la Cofeco ganarán lo mismo que los ministros de la SCJN, quienes ostentan el sueldo más alto en la administración pública, incluso por encima del presidente.
Los comisionados no podrán establecer contacto con representantes de los agentes regulados.
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