FUENTE: BBC MUNDO
AUTOR: ALBERTO NÁJAR.
Hace unos días el periódico Reporte Índigo publicó que el gobernador electo de Jalisco, Aristóteles Sandoval, promovió un juicio para determinar la paternidad de un niño de ocho meses que su madre afirma es hijo del funcionario.
Pero cuando se distribuyó la publicación en Guadalajara, la capital del estado, grupos de personas compraron casi todos los ejemplares. El editor de Índigo, Ramón Alberto Garza, le dice a BBC Mundo que los responsables del hecho pertenecen al equipo de Sandoval.
"El gobernador sabía que se iba a publicar. Se mandó a comprar más de la mitad de la edición en los puestos de periódicos y con los voceadores (vendedores de diarios), era un intento de evitar que la gente leyera la historia", denuncia.
En el entorno cercano al mandatario, quien este 1º de marzo asumió el cargo, dicen que no es cierta la compra masiva de Reporte Índigo.
Pero el incidente, que fue reportado ampliamente, recordó a muchos el poder que pueden tener los gobernadores en México, especialmente desde hace 13 años cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió el gobierno del país.
"La alternancia del año 2000 provocó vacíos de poder de la presidencia de la República, que rápidamente fueron llenados por los gobernadores", explica a BBC Mundo el analista Otto Granados Roldán, quien también fue gobernador de Aguascalientes.
Es tal el poder de algunos mandatarios locales, que algunos especialistas como Emilio Álvarez Icaza han dicho que en México hay "estados feudales".
"Los gobernadores son virreyes, cada quien se comporta como quiere y nadie los llama a cuentas", completa Garza.
Disciplina
Desde fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX los gobernadores mexicanos eran prácticamente autónomos, casi sin rendir cuentas al gobierno central.
La situación cambió a partir de 1929, cuando surgió el Partido Nacional Revolucionario, antecesor del actual PRI, que funcionó como una especie de pacto de los mandatarios para mantener el control del país tras la Revolución, explica Granados Roldán, quien también fue gobernador del estado de Aguascalientes.
Desde entonces el partido se convirtió en un contrapeso al poder local e incluso durante varias décadas el presidente era la verdadera autoridad.
Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, 19 de los 32 gobernantes locales abandonaron el cargo, algunos porque recibieron la orden de incorporarse al gabinete presidencial, y otros porque fueron destituidos.
Una de las razones de este poder, además de la disciplina partidista -hasta 1989 todos los gobernadores de México militaron en el PRI- fue que los presupuestos locales virtualmente se manejaban desde el gobierno federal, que asignaba o retiraba recursos según sus propias reglas.
El panorama empezó a cambiar a fines de la década de los 80, cuando se descentralizaron algunos programas oficiales a los estados. Ese, cuenta el ex gobernador Granados Roldán, fue el principio de la independencia de los mandatarios que se consolidó cuando el PRI perdió la presidencia del país.
A partir de ese momento, las historias sobre irregularidades y excesos de gobernadores aparecieron con frecuencia en los medios locales.
"Reina mía"
Abundan las anécdotas sobre el estilo de gobernar de los mandatarios mexicanos.
Por ejemplo, un gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría Domínguez, trató que su esposa Martha García fuera su sucesora en el cargo.
"Adelante, reina mía", dijo cuando un grupo de personas pretendió registrarla como candidata del Partido Acción Nacional -al que ambos pertenecían- para las elecciones de 2005.
El PAN rechazó a la esposa del gobernador y entonces la pareja, recuerdan medios locales, promovió la salida masiva de militantes del partido que quedó en tercer lugar en los comicios.
Pero no todas las historias son así. Recientemente Arturo Núñez, gobernador de Tabasco, acusó a su antecesor de permitir el "saqueo" de las arcas públicas, y de dejar una deuda de unos US$1.440 millones, además de que parte del dinero para medicinas y hospitales no fue aplicado.
A pesar de las denuncias públicas, los castigos han sido pocos. En los últimos años sólo dos mandatarios han sido encarcelados: Mario Villanueva, de Quintana Roo, acusado de narcotráfico, y Narciso Agúndez, de Baja California Sur, por mal manejo de recursos públicos. Sólo Villanueva permanece en prisión, en Estados Unidos.
De acuerdo con especialistas, la falta de sanciones se debe al control que tienen los gobernadores sobre los poderes políticos locales, especialmente en los congresos que son, legalmente, quienes deben investigar irregularidades en los estados.
Son pocas las instancias para sancionar a los gobernadores en funciones, pues gozan de inmunidad mientras dure su mandato. La única forma de aplicar un castigo es retirando tal estatus legal, lo cual sólo es posible mediante un juicio político en el congreso local y únicamente cuando el mandatario cometa un delito grave.
Y en la mayoría de los estados mexicanos, por ejemplo, sobre endeudar las arcas públicas no es un tema que amerite castigo.
¿Cambiará con el PRI?
Un caso similar al de Tabasco se presenta en Chiapas, uno de los estados más pobres de México, donde el gobierno anterior de Juan Sabines contrató deudas por US$2.400 millones.
Según especialistas, estas irregularidades ocurrieron porque los dos presidentes del país entre 2006 y 2012 fueron militantes del PAN. Pero ahora que el PRI recuperó el poder, no está claro si terminarán los excesos.
"La gran incógnita es si los gobernadores volverán al redil, al estilo y arreglo político previo al 2000", afirma el analista Otto Granados.
"Mi hipótesis es que no volveremos al modelo anterior de finales del siglo XX. El país ha cambiado, las circunstancias son más complejas".
Una discusión, concluye, que apenas comienza.
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