AUTOR: GEORGINA HOWARD.
El hombre que según indican quedará al mando del propuesto Instituto Federal de Comunicaciones, enfrenta lo que podría ser un desfalco millonario en la Cofetel, organismo que todavía preside.
Se quede o no en el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones –el organismo que sustituirá a la Cofetel–, tendrá que rendir cuentas.
Sobre su espalda pesan más de 133 millones de pesos del erario público que habría asignado, de manera directa y sin licitación pública, a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y a la empresa Napsys México, en teoría para desarrollar trabajos muy similares.
A ambas se les habría pagado, entre otras cosas, para realizar el “Diseño funcional de la Estructura del Modelo Operativo Básico de Cofetel” que hasta la fecha, dentro de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, nadie sabe en qué consistió.
“Una vulgar triangulación”, denuncia a Reporte Indigo Gerardo Soria, presidente del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) y excomisionado de la Cofetel, que ha entregado pruebas de las anomalías a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
El asunto está ahora en manos de la Auditoría Superior de la Federación para que se inicien las investigaciones correspondientes.
La documentación no se entregó al órgano de control interno de la Cofetel, que pertenece al Comité de Adquisiciones y al de Información, ante la evidencia plena de colusión.
Un funcionario de tercer nivel presentó, hace más de un año, la denuncia ante ese órgano de control y no se hizo nada.
Según la documentación presentada por Soria, el 21 de junio de 2011, Mony de Swaan asignó dos contratos: uno por más de 72 millones de pesos a la Universidad Autónoma del Estado de México, y otro que rebasa los 60 millones a la empresa Enapsys. En total, 133 millones 727 mil pesos.
En esta última operación no hubo triangulación, sino una violación flagrante de la Ley de Adquisiciones, porque no se puede asignar de manera directa un contrato de más de 60 millones de pesos. Para ello se requiere una licitación pública internacional.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2011-2012, todo contrato que rebase los dos millones 800 mil pesos tiene que ser adjudicado vía licitación.
En los tratados de libre comercio que México ha firmado con otros países, se estipula que cualquier adquisición del gobierno por encima de ese monto, tiene que licitarse para que se permita a las empresas de los países socios participar, explica Soria.
Pero no fue así, el presidente de Cofetel “se sirvió con la cuchara grande” y benefició, de paso, a su entrañable amigo Peter Brauer, dueño de una de las empresas subcontratadas por la UAEM para hacer los trabajos.
En el caso de la UAEM, la Cofetel pretextó que, en el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, no se aplica la licitación cuando se trata de convenios entre entidades públicas.
Sí es una excepción, admite el abogado, pero está regulada y se deben cubrir dos requisitos:
“La entidad contratada no puede subcontratar más del 49 por ciento de los bienes y servicios.
“La entidad contratada tiene que acreditar fehacientemente, bajo la responsabilidad de la entidad contratante, que el personal que va a prestar los servicios tiene la capacidad técnica y humana para hacerlo”.
El abogado solicitó información a la Universidad, pero Irma Yolanda Cortés Soto, responsable de la Unidad de Información de la UAEM, le contestó que los contratos tenían cláusula de confidencialidad.
“Es el argumento jurídico más tonto, pues la ley especifica qué información en poder del Estado es pública, reservada o confidencial, no es la voluntad del funcionario público y del particular involucrado, decidir qué es confidencial”.
Félix Martínez, titular de Enlace y Fernando Cantú Díaz, coordinador general de Organización y Tecnologías de la Información, ambos de la Cofetel, tampoco aclararon nada.
Aunque cinco meses antes había certificado la capacidad técnica del personal que presta los servicios de soporte a Cofetel, la UAEM admitió que no los conocía, pues subcontrató todos los servicios, aunque hoy se sabe que las empresas son CitiVox, GET Digital, de Peter Bauer, y Business Bureau.
Bajo ese argumento, dice el abogado, sí se aplica la Ley de Adquisiciones y la Cofetel estaba obligada a hacer licitación pública internacional.
“Ya estoy en recurso de revisión, lo voy a ganar y me van a dar esos contratos”, dice.
Todos los indicios apuntan a que se cometió fraude contra la Ley de Adquisiciones para brincar la obligación de contratar vía licitación pública, sostiene el presidente de la IDET.
¿Qué obtuvo del presupuesto?
Nadie sabe qué es lo que se recibió por el pago
de contratos de servicios que no se han implementado en la operación de Cofetel.
Hasta hoy nadie ha visto los contratos. ¿Serán reales o falsos? ¿En realidad se prestó ese servicio a la Cofetel o era una simple fachada para sacar dinero de la Comisión?
“Me da la impresión que no recibieron nada a cambio de esos 133 millones que eran para diseñar el modelo operativo básico de la Cofetel”.
Nadie sabe si se trata de una especie de software de gestión de procesos, que de ser así, debería estar en alguna computadora. “Pero me aseguran 25 amigos que laboran en Cofetel que no está en ninguna”.
Y es lógico, aclara, porque, desde hace más de seis años la Comisión no tiene un reglamento interno.
“Si no tiene reglamento interno y no sabe qué oficina es la responsable de qué”, cuestiona el presidente del IDET, “¿cómo va a poder diseñar un modelo operativo?”.
Entonces, si no hay ningún software ni reglamento interno ¿qué recibió la Cofetel? ¿Un manual de operación, un diagrama de flujo o una presentación en power point en la que se diga cómo debe operar la Cofetel?
Nada de eso, increpa, vale más de 133 millones de pesos. La triangulación es evidente pero la pregunta que surge, dice, es: ¿qué recibió Mony de Swaan a cambio?
Las respuestas de la comisión a las constantes solicitudes de información, aclara, “no son mas que rollo ambiguo”.
¿Adónde llegó el dinero? Nadie lo sabe, pero un porcentaje acabó en los bolsillos de Peter Brauer de Get Digital, uno de los subcontratistas de la UAEM.
Y 72 millones de pesos directos a Napsys para complementar el modelo operativo de una entidad que no tiene ni reglamento interno.
“Por eso fui a la Cámara de Diputados, para entregar toda la investigación de este megafraude y que sea la ASF, que sí tiene atribuciones, la que haga una auditoría a fondo, pero no sólo contable y administrativa, sino también de procesos y sistemas”.
¡Que denuncien!
“¡Que denuncien!”. Esa ha sido la única respuesta de Mony de Swaan a las acusaciones en su contra.
Pero nada pasó con la denuncia del funcionario, que decidió acudir a esta vía como estipula la Ley de Responsabilidades de funcionarios públicos, porque se enteró de que su superior estaba cometiendo irregularidades y pretendían forzarle “para firmar estas cochinadas”, revela Soria.
Pero, en abierta colusión con Swaan, “quien sabe el nombre de su denunciante”, no se tomó ninguna medida.
“Así que decidió recurrir a mí, porque también es miembro del IDET, y me dijo que había encontrado una cloaca llena de porquerías”, relata.
“Como solo he recibido información ridícula de parte de la Cofetel, toda la documentación que vaya recibiendo de Transparencia se la haré llegar a la Cámara de Diputados para que investiguen”, dice el abogado.
Peter Brauer, el cuate
GET Digital fue una de las empresas subcontratantes de la UAEM, la misma que recibió más de 72 millones de pesos por los contratos que, en adjudicación directa, le dio Mony de Swaan, presidente de Cofetel.
Lo más sorprendente es que esta empresa pertenece a su “cuate” Peter Brauer, aquel que fue noticia en todos los medios porque “rentaba” a Swaan su casa de Valle de Bravo.
Aunque nunca lo reconoció, esa amistad le ha permitido obtener varios contratos relacionados con el sector de las telecomunicaciones, aunque Bauer, egresado de la Escuela Libre de Derecho, no es especialista en el tema.
Bauer fue diputado y, aunque recientemente modificó su perfil en Linkedin y borró su relación con GET Digital, se olvidó suprimirlo de yatedo.com
Conductor de un programa en Proyecto 40, es socio director de la agencia de relaciones públicas Estrategia Total.
Se dedica al cabildeo político, a la comunicación social estratégica, consultoría en políticas públicas, gestión pública estatal e innovación gubernamental.
Y GET Digital a la comunicación digital, estrategias de alineación off y online, redes sociales y nuevos medios.
Como abogado cabildeó para la industria telefónica y a través de Estrategia Total, obtuvo un contrato para brindar esos servicios a la Cofetel.
En Estrategia Total también es socio Fernando Lerdo de Tejada, exvocero de la presidencia con Ernesto Zedillo y hermano de Sebastián Lerdo de Tejada, nuevo director del ISSSTE.
La agencia también tiene en sus especialidades elaborar estrategias de comunicación y relaciones públicas, difusión de información y promoción del órgano, así como de seguimiento de la información y organización de eventos.
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