Irene Levy consideró que las leyes deben ser neutrales y no pueden regular tecnologías y “menos a nivel constitucional, es una aberración, la Unión Internacional de Telecomunicaciones siempre ha recomendado que no se regulen tecnologías”.
Lo anterior, al hacer un análisis de la reserva sobre el must carry y el must offer, que en su opinión, debe respetarse como se había planteado en el original dictamen. Dijo que antelas posibles modificaciones, el único afectado es el ciudadano.
Vía telefónica, Salma Jalife coincidió: “No puedes establecer, con base en diferentes tecnologías, diferentes regulaciones”. Dijo que es un término universal, denominado “neutralidad tecnológica”, que se aplica a todas las leyes de telecomunicaciones de todos los países modernos.
“Es preocupante pensar en que si estás transmitiendo vía satélite, tienes una regulación y si trasmites vía óptica tienes otra regulación. Es inaceptable”, añadió.
Clara luz coincidió con esta postura y sostuvo esta iniciativa, que parece más bien una norma oficial mexicana, habla en diversas parte de “cuestiones que no son neutrales tecnológicamente, en la que se sigue regulando al pasado, por lo términos que usa.
Reservas innecesarias
Salma Jalife Villalón comentó que “aunque la iniciativa ataca varios temas que por años no se habían atendido”, observó que hay aspectos que se quedaron cortos, que si se aplican como están contemplados, generarían ciertas ineficiencias.
Levy estimó que, con las reservas, en lugar de perfeccionar la reforma, le están “dando al traste”. Dijo que si ya había un consenso entre los partidos, suena ilógico que ahora estén tratando de meter reservas”.
Además de la reserva sobre el must offer y must carry, las analistas comentaron que se está hablando de quitar la asignación directa a las concesiones de uso social, que se señalado de manera no oficial que proviene del PRI.
Clara Luz Álvarez explicó que de aplicarse esta reserva, las comunidades interesadas en tener una radio tendrían que entrar en una lógica de licitación y hacerse de recursos “como pueda” y cumplir una serie de requisitos.
Con ello, concordaron Álvarez y Levy, se pondrían en riesgo las concesiones de uso social, las cuales permiten que haya más pluralidad.
Clara Luz también señaló que es importante seguir de cerca lo que expresa el artículo 6,en el cuanto a la regulación de contenidos. “Eso sí es un ataque a la libre expresión, eso podría ser una dictadura en cualquier momento”, sentenció.
Incongruencias sobre autonomía
Las analistas en telecomunicaciones coincidieron en que la iniciativa para reforma el sector de telecomunicaciones es incongruente en la creación de dos órganos reguladores autónomo, cuando al mismo tiempo se habla de una “opinión del Ejecutivo”.
Clara Luz Álvarez señaló que algo que “parece un mero trámite”, restaría certidumbre a la “autonomía” de los órganos contemplados en la iniciativa de reforma a telecomunicaciones.
Lo anterior, al hacer referencia a que “corresponderá al Instituto, previa opinión no vinculante del Ejecutivo federal, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones (…)”, como se apunta en la iniciativa.
Levy coincidió con la académica de la UNAM, aunque reconoció que una de las virtudes de la iniciativa es el derecho de acceso a las tecnologías, así como a la banda ancha. Además se “refuerza el tema de los medios públicos, creando un organismo que tendrá a su cargo crear un nuevo canal”.
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