AUTOR: ADRIANA AMEZCUA.
En una reunión de urgencia, la Conago se mostró a favor de una mayor regulación por parte de Hacienda y contra el derroche de los Estados.
“Los gobernadores no nos oponemos a tener regulaciones”.
Así, Mario López Valdez envió un mensaje claro de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que preside.
En voz de los mandatarios estatales a los que representa, dijo a la Secretaría de Hacienda federal que, a su afán de mayor regulación, corresponderán con mayor transparencia gubernamental.
Lo anterior, precisó, evitando satanizar el endeudamiento. Pues al crédito, justificó, todos recurren: personas, empresas y administraciones públicas.
“El problema es cuando se usa mal”, dijo para el que quiso entender su mensaje político pronunciado en la conferencia de prensa posterior a la XLV Reunión Ordinaria de la Conago, celebrada ayer en la Ciudad de México.
El sinaloense encabezó el encuentro con sus homólogos de Querétaro y Morelos –los gobernadores Eduardo Calzada Rovirosa y Graco Ramírez Garrido, respectivamente– que fungen como coordinadores de las comisiones de Hacienda y Educación de la Conago.
Estos mandatarios estatales y cinco más –de Chihuahua, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tabasco y Nuevo León– dialogaron con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y senadores federales en torno a los proyectos para regular las deudas de los Estados y municipios mexicanos.
En el encuentro a puerta cerrada que tuvo lugar en el salón Castillo del hotel Presidente Intercontinental privó un ánimo conciliador, según Malova.
Se hizo patente la intención del gobierno federal de no atentar en contra del federalismo. Al menos, en el discurso y hasta el momento.
En la reunión en la que participaron el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Miguel Messmacher Linartas, así como el senador federal Raúl Cervantes se hizo una exposición comparativa de las cinco iniciativas que actualmente se discuten en la Cámara alta.
Estuvieron presentes, además, representantes de todos los Estados, con excepción de Colima y Guerrero.
El gobernador Calzada coincidió en la necesidad de adoptar mejores prácticas fiscales tanto en los Estados como en los municipios sin atentar contra la soberanía local.
Informó que otros aspectos que se analizaron en el encuentro fueron los relativos a los gastos en materia educativa, salud y seguridad. Y también los relativos a la deuda y la crisis financiera que México enfrentó entre 2008 y 2009 que determinó un endeudamiento considerable para varias entidades federativas.
Una sola negociación
Hay un déficit creciente que se está generando en los Estados. Algunos usan hasta el 50 o el 60 por ciento para atender el gasto educativo.
Así lo indicó el gobernador Graco Ramírez para quien se requiere estrechar la comunicación entre los secretarios de finanzas y educación para analizar la llamada “doble negociación”: la del gobierno federal y la de los Estados.
De ahí se han desprendido “verdaderas aberraciones” en lo referente a las prestaciones, donde incluso se han llegado a manejar “bonos de lástima” para los maestros.
El coordinador de la Comisión de Educación de la Conago subrayó que, con tales medidas, los gobernadores no pretenden enfrentarse al SNTE.
Y agregó Ramírez que ha llegado la hora de asumir en paralelo con el gobierno federal una nueva etapa con este sindicato magisterial y los Estados, “para establecer una ruta que nos lleve a una sola negociación”.
Sin mano en el SNTE
En el marco de la reforma educativa aprobada, que ayer dio lugar una marcha multitudinaria en la capital del país de la CNTE contra la reforma educativa, Ramírez destacó que la Conago no meterá mano en el SNTE.
Entre las propuestas que ayer dio a conocer destaca hacer público el estado del Fondo de Aportaciones para la Educación Básico y Normal (FAEB) en cada entidad federativa.
También subrayó que es indispensable edificar rutas que subsanen el estado de la educación básica.
La nueva etapa con el SNTE tras la detención de Elba Esther Gordillo supone, en su opinión, fincar un arreglo financiero que dé paso a finanzas saludables; transparentar los costos de las prestaciones que se dan a cambio de negociaciones locales y asumir leyes complementarias a la reforma educativa, próximas a ser aprobadas en el Congreso.
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