AUTOR: GUADALUPE LIZÁRRAGA.
SAN DIEGO, California.- Organizaciones de derechos humanos de migrantes en California mostraron su solidaridad con la abogada del Comité de Madres con hijas desaparecidas de Ciudad Juárez, Francisca Galván Segura, quien ha solicitado la protección del gobierno de Estados Unidos después de ser amenazada por segunda vez y hostigada por autoridades municipales.
Miembros de las organizaciones Immigrant Youth, Answer San Diego, Angeles sin Fronteras, Abajo y a la Izquierda, la Coalición Humanitaria Internacional ProMigrante y miembros del Colectivo Zapatista se dieron cita en el edificio federal de Migración para dar una conferencia de prensa y hacer visible el caso de la abogada defensora de las madres con hijas víctimas de feminicidios.
Bertha Gutiérrez, coordinadora de la manifestación, señaló que resulta incomprensible que una activista de derechos humanos que vela por la vida de los demás sea retenida en un centro de migración por tantos días, cuando lo que está solicitando es la protección de su vida por la violencia que ya vive en Ciudad Juárez. Abundó que si la abogada fuera originaria de Israel no hubiesen retrasado su proceso, pero que es parte del racismo que ejercen las autoridades estadounidenses hacia los mexicanos.
Gutiérrez también recordó el caso de Cipriana Jurado, activista de derechos humanos originaria de Ciudad Juárez, quien ahora es una voz desde el exilio pero fuerte por las mujeres de su ciudad que viven sistematicamente la violencia del estado por exigir la verdad sobre los crímenes de género.
Bajo consignas de !Francisca Galván Segura, libertad! y !las mujeres de Juárez solas no están!, el grupo de activistas promigrantes y jóvenes zapatistas, acordaron seguir con una campaña de firmas dirigidas al director de ICE Inmigración Sector San Diego, John Morton, a quien se le solicitará la liberación humanitaria de la abogada.
Francisca Galván Segura es fundadora del Comité de Madres con Hijas desparecidas en Ciudad Juárez y se ha dedicado en los dos últimos años a documentar y denunciar los casos de feminicidios en los que las investigaciones han sido corrompidas por las mismas autoridades del estado y de cómo las mismas autoridades como la fiscal Rosa María Sandoval de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y Norma Ledezma, directora de Justicia para nuestras hijas están involucradas directamente en las amenazas de muerte a madres y miembros del Comité que exigen la verdad sobre las desapariciones y feminicidios de sus hijas.
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