AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.
El estudio ‘La violencia en los municipios de México’ revela que el nuevo PRI no considera a la falta de castigo como origen del crimen.
La nueva estrategia de seguridad de Enrique Peña Nieto va, como las que la antecedieron, camino al fracaso. El saldo de los primeros dos meses de gobierno, 2 mil 243 muertos por homicidio, es similar al de los últimos años de Felipe Calderón.
Más de medio millón de órdenes de aprehensión no han sido cumplimentadas.
En opinión del abogado José Antonio Ortega, el recién estrenado “nuevo PRI” repite un error que tuvieron los gobiernos del PAN: creer que la marginación es el origen de la violencia homicida.
Acapulco no es una ciudad marginada. La mayoría de sus casas tienen servicios básicos, pero desde 2008 se ha convertido en la ciudad más violenta del país, de acuerdo con el estudio “La violencia en los municipios de México”, realizado por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal.
Las cifras muestran que en esa zona el índice de castigo por homicidio cayó del 23 por ciento en 2008 a solo el 3 por ciento en 2011, según datos del Inegi. Al mismo tiempo, los asesinatos se dispararon de 200 en 2008 a mil 170 personas tan solo en 2012.
Ortega, quien dirige el Consejo y coordinó este análisis, considera que el aumento de los delitos no se debe a la pobreza, sino a la falta de castigo.
“Si no hay un castigo es una invitación a los homicidas a que practiquen sus delitos en esas ciudades. No va a haber castigo, no va a haber consecuencias, les va a salir absolutamente barato, regalado, el cometer homicidios, porque tienen la certeza de que no va a haber autoridad que los castigue, que los ponga a disposición de un juez y no va a haber autoridad que prevenga ese tipo de hechos delictivos”, considera el litigante.
Criminales en las calles
En 2011, José Antonio Ortega mostró a los procuradores del país que había más de 300 mil órdenes de aprehensión que no habían sido ejecutadas.
Todos lo aceptaron. No dijeron por qué sus estados no habían llevado a las cárceles a todos aquellos individuos a los que se les había configurado un delito, sólo se comprometieron a hacer las detenciones. Pero no sucedió.
“Asumieron el compromiso los procuradores, los gobernadores y el compromiso se firmó. Pero no hay un seguimiento y no se cumplió con el compromiso”, dice el abogado.
Sostiene que son los gobiernos los que deben resolver cómo harán con la sobrepoblación de las cárceles, pero ello no debe impedir que se apresen a los sospechosos de delitos violentos, especialmente de asesinato.
Hasta 2008, existían en el país 589 mil 86 órdenes de aprehensión giradas por un juez que no habían sido concretadas por ninguna policía.
Los casos más numerosos se daban, en ese mismo orden, en Sinaloa, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas y Zacatecas.
La propuesta de la asociación que Ortega preside es que se mantengan en las cárceles a los culpables de los delitos graves, especialmente los delitos violentos graves.
En cambio, que “los que no sean delitos graves tengan una fianza o caución para poder gozar de la libertad. Que se agilice, que se pongan más accesibles”.
Medidas más eficientes
Ortega también es incrédulo sobre que el mando único o los juicios orales vayan a disminuir la incidencia del secuestro, el homicidio, la extorsión, la violación.
“La solución va a ser cuando las autoridades municipales, estatales y federales se coordinen, se pongan de acuerdo y abatan la impunidad”, enfatiza.
Insiste en que más que descabezar los cárteles, como fue el enfoque de la estrategia que llevó el gobierno de Felipe Calderón, se trata de desmantelar las estructuras de los sicarios.
Explica que en el caso de Tijuana no detuvieron a Fernando Sánchez Arellano, pero agarraron a la estructura, detuvieron a los sicarios, deshicieron la organización de secuestradores que tenía ese cártel.
En Ciudad Juárez, cree que fue mucho más efectiva la detención en 2011 de José Antonio Acosta Hernández, alias “El Diego”, quien fungía como jefe de sicarios de la organización La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez.
“Detienen a ‘El Diego’, detienen a su estructura, detienen a sus sicarios y en dos años Ciudad Juárez, de ser la ciudad más violenta del mundo, pasó al lugar 19 y bajaron los homicidios en más de 76 por ciento”, detalla.
El abogado, especialista en seguridad, critica la estrategia de medidas sociales como arma para detener los asesinatos y enfatiza: “No vamos a acabar con la violencia si ampliamos los horarios de las escuelas de los niños, si les damos lentes para que puedan ver bien el pizarrón, si les damos una beca a las madres solteras o si invitamos a los sicarios a que jueguen futbol y se echen una cascarita”.
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