AUTOR: JENARO VILLAMIL.
En la política mexicana ya tenemos un “producto milagro”: el Pacto por México. Promete resolver el hambre, acabar con los monopolios, reformar la educación, democratizar los medios, frenar la corrupción, generar empleos, y hasta relanzar al país como potencia ferrocarrilera, entre otros muchos de sus más de 90 puntos.
El Pacto por México es una continuación de la estrategia inaugurada por Peña Nieto en el Estado por México: “te lo firmo y te lo cumplo”. La diferencia es que no son compromisos firmados ante notario público sino ante las tres grandes fuerzas partidistas y una extensa burocracia que llegó al poder con el grupo Atlacomulco.
El Pacto por México, ideado por Luis Videgaray, negociado por Miguel Angel Osorio Chong, pretende aterrizar lo mismo las recomendaciones de la OCDE que los futuros negocios sexenales a partir de la apertura en energéticos, telecomunicaciones, infraestructura.
De ser una guía de acuerdos y compromisos entre las dirigencias del PRI, PAN y PRD, firmada el 2 de diciembre en medio de suspicacias y desencuentros, el Pacto por México se ha convertido en una camisa de fuerza para los otros dos poderes, especialmente, para el Legislativo, que se ha convertido en una oficialía de partes o en una aduana que no revisa y si lo hace, es para mantener “lo acordado en el Consejo Rector”.
Para los legisladores que están al margen de los acuerdos, para las corrientes políticas que integran los partidos, pero no forman parte de las cúpulas firmantes, aunque sean militantes de los partidos del Pacto, se ha vuelto una entelequia entender la dinámica del Consejo Rector.
Para la sociedad, el Pacto por México se convierte de manera acelerada en un largo spot, la construcción imaginaria de un sistema político sin disensos, un cuento de hadas donde no aparecen ya la realidad sino las buenas intenciones.
El Pacto y su Consejo Rector ha procesado acuerdos en tres grandes reformas en menos de cuatro meses: la educativa, la del amparo y recientemente la de telecomunicaciones y radiodifusión. Faltan muchos otros.
Lo importante no es la reflexión o el debate sobre estas reformas constitucionales sino el cambio de percepción. El Pacto por México se convierte así en un vehículo mercadológico eficaz para vender como logros lo que apenas son el inicio de modificaciones. El Pacto por México sobrevende así la eficacia del “nuevo presidencialismo”, tesis central del equipo de Peña Nieto y su afán de centralizar de nuevo las funciones que los 12 años del panismo dejaron atrofiadas y sin reformar.
El Pacto por México es un spot eficaz. Lo vimos en el caso de la reforma educativa. Tras las reformas a los artículos 3 y 73 de la Constitución, el gobierno federal promovió un spot en medios electrónicos que se confundió, incluso, con otro financiado por el SNTE, antes de que destronaran a Elba Esther Gordillo de su reinado sexenal.
“Con este esfuerzo apoyamos su desarrollo profesional, su estabilidad laboral y su capacitación”, decía la frase del spot dirigido a los maestros y la sociedad en general.
Al mismo tiempo, se publicaron desplegados en 29 periódicos locales y 4 nacionales para explicar las bondades de la reforma constitucional.
Cuando apenas comenzaba a procesarse el “milagro”, la PGR detuvo a Elba Esther Gordillo en el aeropuerto de Toluca. La maestra tuvo la osadía de criticar al presidente y al Pacto por México.
La habilidad de los defensores del Pacto ha generado una percepción de avance, aunque la realidad siga igual o más complicada: ni el SNTE se ha modernizado tras la detención de su señora feudal ni el régimen de medios se ha democratizado con las reformas.
El infomercial del Pacto aún necesita pasar por la prueba del ácido: el reacomodo real de las reformas y de los grupos de poder económico y político que pretenden salir beneficiados.
En cualquiera de los casos, los más vulnerables son los partidos de oposición. Ya existe un impacto interno en el PAN, acelerado por la derrota del 2012, y en el PRD, alentado por la exclusión de las otras corrientes y grupos que no comparten la línea negociadora y seguidista deLos Chuchos. El PRI ya decidió asumir la cultura de lo que “usted mande señor presidente” y todos los afectados con el ascenso del grupo Atlacomulco esperan su premio por la “institucionalidad”.
En los próximos días se vivirá otra prueba de fuego: la aprobación de la reforma constitucional en telecomunicaciones en el Senado de la República. Las formas y el fondo de lo discutido y aprobado en la Cámara de Diputados dejó un mal sabor de boca para quienes están convencidos que una buena reforma se puede transformar en una gran trampa política.
Para la sociedad, en general, el Pacto aún dice poco. Es un “producto milagro” que no ha reducido ni los índices de violencia, ni la corrupción de las policías, ni la inflación en el último cuatrimestre, ni la falta de empleos. La diferencia es que no devuelven el dinero ni el voto.
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