AUTOR: JUAN ALBERTO CEDILLO.
Sus voces han sido acalladas por sicarios que arremeten contra periodistas y medios que informan acerca de las atrocidades en que incurre el narco. Con todo, informadores de Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León y la comarca lagunera luchan por que se conozca el clima de terror en el que sobreviven. Directivos, editores, fotorreporteros, reporteros y organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos denuncian: las autoridades poco o nada hacen para detener a las bandas criminales y dar garantías de seguridad a los periodistas.
Según ellos, los discursos oficiales y las leyes de protección a los periodistas resultan demagógicos, ineficaces para capturar a los agresores, como sucede en el caso del reportero Jaime Guadalupe Domínguez, asesinado en Chihuahua el domingo 3. Ante la falta de justicia, los delincuentes siguen hostigando al gremio periodístico, dicen.
En Monterrey, los directivos de El Norte y sus reporteros llevan meses en espera de justicia, luego de que las instalaciones del periódico fueron el blanco de artefactos explosivos. En Nuevo Laredo, El Mañana optó por cambiar su línea editorial y omitir las noticias relacionadas con los cárteles de la droga para evitar confrontarse con los sicarios que operan en esa ciudad fronteriza.
Hoy, los medios tamaulipecos no informan nada relacionado con el narcotráfico. Tomaron esa decisión ante la falta de respuesta de las autoridades estatales y federales, sobre todo a partir de que las bandas criminales pusieron precio –a fines del mes pasado– a la cabeza de los administradores de la página de Facebook Valor por Tamaulipas, dedicada a alertar a la ciudadanía sobre las situaciones de riesgo.
La semana antepasada, las instalaciones de El Siglo de Torreón sufrieron varios ataques en los que dos policías federales resultaron heridos y un civil murió. El Ejército y las policías estatal y federal instalaron tres filtros de seguridad para proteger al diario.
Días antes, el jueves 7 de febrero, cinco trabajadores de ese periódico fueron secuestrados durante 10 horas. Sus captores los golpearon y amenazaron de muerte durante ese lapso.
En esa ocasión, El Siglo de Torreón publicó un editorial en que subrayó: “Lo ocurrido la noche del jueves resulta alarmante porque abre un nuevo frente en la vulnerabilidad de los medios de comunicación, pues los trabajadores secuestrados no pertenecen al área de redacción”.
En agosto de 2009, el periódico sufrió el primer ataque, cuando unos desconocidos lanzaron explosivos contra sus instalaciones y dispararon contra la fachada. Dos años después, en noviembre de 2011, El Siglo fue atacado de nueva cuenta.
Una persona cercana al periódico que pide al reportero omitir su nombre cuenta: “En esa época ninguna autoridad se nos acercó para investigar los atentados. Hasta ahora las investigaciones sobre esos atentados permanecen congeladas”.
Dice que en esta ocasión, las autoridades estatales y federales sí contactaron a los directivos del periódico para saber los motivos que, sostiene, son “intentos intimidatorios” por coberturas periodísticas recientes. No obstante, dice, ningún funcionario del “Mecanismo para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Protección a Periodistas” les ha ofrecido protección.
Hasta ahora, el crimen organizado actúa con total impunidad, pues las leyes para proteger al gremio resultan inútiles para frenar la violencia contra los medios.
En la región lagunera los plagios a reporteros se iniciaron el 26 de julio de 2010, durante la cobertura noticiosa de un motín de reos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 2, con sede en Gómez Palacio.
Ese día un grupo armado secuestró a Javier Canales, de Multimedios Laguna; Alejandro Hernández, camarógrafo de Televisa Torreón; Héctor Gordoa Márquez, enviado de Televisa México, y Héctor “N”, de El Vespertino. Los tres primeros fueron liberados días después; Héctor nunca apareció.
Previamente, el 25 de mayo de 2009, Eliseo Barrón Hernández, reportero policiaco de La Opinión Milenio fue ejecutado por presuntos sicarios de Los Zetas comandados por Lucio Fernández, El Lucifer, quien ordenó su muerte para “dar un escarmiento” a los comunicadores de La Laguna.
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