AUTOR: RODRIGO VILLEGAS.
Michoacán padece de todos los males: el político, el social y el económico. Sin embargo, uno en particular es el que más agobia a sus ciudadanos: la inseguridad.
Michoacán, la entidad del oeste del país, alguna vez fue vista como un estado prospero y dinámico. Hoy afronta algunos de los retos más complejos.
También es una entidad que tras años de lucha, sus gobernantes no encuentran cura para los males que los agobian.
Desde inicios de 2006 este estado estuvo situado en el ojo del huracán. Su capital, Morelia, fue el escenario de algunas de la imágenes que México nunca creyó ver.
Fue el estado natal del expresidente Felipe Calderón el que vivió en carne propia la declaración de guerra que el panista hiciera contra el crimen organizado.
En el 2006, Calderón respondía los hechos que incluían cabezas humanas abandonadas a la entrada del palacio municipal de Morelia.
Así, este estado vivió el primer despliegue militar por los principales municipios y también ahí sucedió el trágico episodio de la noche del 15 de septiembre de 2008.
Al menos dos granadas de fragmentación fueron detonadas en la plaza municipal de Morelia durante “El Grito” de Independencia, dejando muertos y heridos.
Estas fueron las primeras evidencias de que efectivamente México estaba en guerra, y el inicio se ubicó en Michoacán.
Desde antes, tres gobernadores han lidiado con la violencia que aqueja a sus ciudadanos.
Dos emanados de las filas del PRD: Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy, y un priista que tomó las riendas del estado en 2012, Fausto Vallejo.
El clima de inseguridad ha alcanzado niveles inauditos.
Michoacán ha padecido de dos grandes etapas en la denominada guerra contra el narcotráfico.
Primero, el dominio de una organización delictiva, La Familia Michoacana, en todo el estado.
El miedo imperó en todo el estado toda vez que este cártel se abrió paso intimidando a las autoridades y pobladores mediante expresiones de violencia sin igual.
Y segundo, la caída de su principal líder Nazario Moreno, alias “El Chayo” o “El más Loco”.
Este hecho marcó un parteaguas en el clima de violencia no solo de Michoacán, también en la región.
La Familia Michoacana se fragmentó y nacieron Los Caballeros Templarios, cártel liderado por el profesor adherido al SNTE, Servando Gómez, alias “La Tuta”.
Pronto inicio una guerra tribal, los frentes se abrieron y otros grupos de la delincuencia organizada incursionaron en territorio michoacano.
La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios libran una lucha sumamente sangrienta, pero también en el coctel explosivo participan Los Zetas, El Cartel del Golfo, el de Los Beltrán Leyva, el de Jalisco Nueva Generación, y el grupo denominado La Resistencia.
La alianzas se comenzaron a tejer formando dos frentes principales. Por un lado están La Familia Michoacana, Los Zetas, el Cártel de los Beltrán Leyva o Cártel del Pacifico Sur, y recientemente el CJNG.
Y por otro lado Los Caballeros Templarios, que salieron fortalecidos de la aparente división, se aliaron con el Cártel del Golfo, el de Sinaloa y La Resistencia.
Ante semejante escenario de guerra, el índice de ejecuciones en Michoacán se elevo un 300 por ciento en menos de seis años.
Municipios como La Piedad, Zitácuaro, Uruapan, Zamora, Tanguato y el puerto de Lázaro Cárdenas, han sido considerados algunas de las regiones más peligras del país.
El presidente municipal de La Piedad, Ricardo Guzmán, fue ejecutado, y el alcalde de Tanguato ha sido objeto de atentados contra su vida. Sin embargo, estos no son casos aislados.
A principios de noviembre pasado, María Santos Gorostieta, alcaldesa de Tiquicheo, fue privada de su libertad y encontrada ejecutada.
Decenas de alcaldes más han sido amenazados y viven bajo la lupa del crimen organizado.
2011 fue también el año en que se suscitó por primera vez la aparición de grupos de autodefensa.
Fue en el municipio de Cherán, ubicado en la meseta michoacana, en donde habitantes de las comunidades se alzaron en armas para proteger su municipio del crimen organizado.
Poco después, Urapicho, otro municipio aledaño tuvo la misma reacción. Desencadenando conductas similares en distintos puntos del país.
El operativo Michoacán Seguro, que iniciara su hijo pródigo Felipe Calderón en 2006, no solo no tuvo resultados, si no que las condiciones y consecuencias han sido la peor pesadilla de los gobiernos locales.
Casino La Fortuna
Por Armando Estrop
En La Piedad, Michoacán, fue polémico el casino La Fortuna, presuntamente propiedad de Juan Iván Peña Neder.
Peña Neder encabezó la mafia de funcionarios de la Secretaría de Gobernación, ligada al círculo más cercano del expresidente Felipe Calderón.
Su exesposa, Talía Vázquez Alatorre, fue quien denunció esta mafia que tramitaba permisos irregulares para casinos que hoy operan en diferentes entidades del país.
El permiso para ese casino lo autorizó Ricardo Guzmán Romero, exalcalde panista de ese municipio que fue asesinado a principios de noviembre del 2011.
El asesinato del político panista fue uno de tantos que no se aclararon el año pasado, y que están relacionados con acciones del crimen organizado.
La licencia de funcionamiento fue expedida por el ayuntamiento de La Piedad el 9 de febrero de 2011, para que operara un “centro de juegos con apuesta, sorteos y bebidas”, bajo el número 6953.
El documento está firmado por el extinto edil y por el tesorero municipal, Francisco Estaragués García, que también entregaron una licencia de restaurante bar para el mismo domicilio, con permiso de operar de 10:00 a 1:00 horas del día siguiente.
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