AUTOR: SERGIO FERRER.
El sábado 16 de marzo, la Policía Comunitaria de Tototepec comunicó a la población que mantuvieron otro operativo de seguridad coordinada con todas las Casas de Justicia con dos objetivos, el primero darle una respuesta al gobierno sobre el irrestricto respeto que debe existir a la Policía Comunitaria Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y otro solicitando un alto a la represión militar.
La PCP informa en su sexto comunicado que han creado una Coordinación Regional de Seguridad y Justicia de la Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP) con sus distintos consejos de gobierno seguridad y justicia en la que también participan comisarios municipales, delegados, auxiliares de las comunidades, rancherías y colonias. La finalidad es cerrarle el paso a la delincuencia organizada y toda manifestación o conducta que lesione la integridad de las personas y altere la paz y la tranquilidad de las comunidades destacaron, y aseguran que su misión es clara, defenderse de la delincuencia y combatir actos antisociales, delincuenciales y corrupción prevaleciente en algunas instituciones.
Aseguran que comerciantes y habitantes les han manifestado que sí han contribuido a la tranquilidad, paz y convivencia entre pueblos. La PCP se autodefine como una expresión política del descontento ante la ineficacia del sistema de seguridad gubernamental, pero acotan que no obstruirán que ellos hagan su tarea.
Esperando que lo hagan bien, aseguran estar dispuestos a coadyuvar y coordinar acciones en contra de la delincuencia y por la seguridad, manteniendo su autonomía y soberanía. Esto, a pesar de que se les ha negado el diálogo desde las altas esferas gubernamentales del estado.
Sobre lo ocurrido en Acatempa, Tixtla, los coordinadores dijeron lamentar que el gobernador trate de cumplir las amenazas de desarmar y detener a la Policía Comunitaria y a la Ciudadana, como recién ocurrió con los de Acatempa y en Olinalá con policías de Temalacatzingo.
PCP: Si aplicara "todo el peso de la ley, funcionarios del gobierno estarían en la cárcel"
En cuanto a que estas policías están reservadas a las comunidades indígenas, califica el texto de percepción equivocada y un desprecio a los indígenas con acciones o expresiones como aplicar todo el peso de la ley, porque si se aplicara muchos funcionarios estuvieran en la cárcel y no existiría el cáncer de violencia al igual que no existiría la pobreza y la exclusión de miles de indígenas en todo el país.
Condenan el acto de terrorismo policiaco militar que intentó desarmar y detener a sus hermanos nahuas de Acatempa, se solidarizan con su lucha, exigen respeto a la organización comunitaria y sus sistemas de seguridad y desarrollo, avisan que no están contra las instituciones además de parecerles absurdo e irracional el enviar a militares a intimidar indígenas porque ya no son esos tiempos.
También aseguran que no se está en guerra para que se use al Ejército en labores policiacas por lo que les es preocupante el que quieran impedir el libre tránsito, la manifestación, expresión y organización.
El comunicado califica el despliegue de policías y militares en Acatempa como un ejercicio de intimidación gubernamental y que quizá no es un bueno gobierno o le están informando mal, lo que sea, se trata de una actitud de gobierno autoritario que habla de no violencia pero actúa con ésta, dicen.
La PCP asegura que el gobierno de Guerrero no le ha apostado al diálogo y entendimiento como el caso de la negativa a dialogar con la Policía Ciudadana y Popular, en tanto, rechazan la estrategia de mando único al ser una estrategia de guerra y el estado no se encuentra en esa situación, reiterando el llamado a la unificación de acciones en beneficio del país.
El caso de los grupos de la UPOEG, competencia de Antorcha Campesina
La PCP llama la atención a que nadie se confunda lo que es la CRAC-PCP y la Policía Ciudadana y Popular con los grupos de autodefensa que promueve la UPOEG en Costa Chica, Guerrero, con sus líderes Cirino y Bruno Placido Valerio. Los coordinadores de la PCP explica que las dos primeras son expresiones son legítimas y auténticas de la comunidad. La CRAC-PC tiene más de 17 años que surgió por la inseguridad en que vivían los pueblos de la región Costa-La Montaña. Sin embargo, por la intención empresarial y gubernamental de explotar los recursos minerales, crearon a unos títeres para manejar la situación, son los grupos paramilitares de la UPOEG; y a través de estos líderes corruptos intentaron desplazar al sistema comunitario de seguridad recibiendo del gobernador dinero y automóviles.
Así, según la PCP primero se creó la UPOEG luego los grupos de autodefensa para realizar acciones con el aval del gobernador y tomar la dirección de la CRAC-PC o socavarla pero no lo lograron. Ahora, la Policía ciudadana se queja de que dicen que serán la nueva policía comunitaria o ciudadana o sistema de seguridad ciudadana tomando de otros, palabras e ideas como sugirió Plácido Valerio en Chiepetepec.
En este respeto, la PCP puntualiza que los grupos de autodefensa y la UPOEG llámense como se llamen, siguen siendo lo mismo, son un grupo paramilitar, igual que Antorcha Campesina cuya misión es destruir y confrontar a los pueblos, dividirlos y crear el caos, cuyos líderes son personas disfuncionales que viven del chantaje y bajo la tulela de algunos gobiernos locales, provocan la violencia y se confabulan con los MP para extorsionar a los campesinos, como lo hacen en Olinalá y otros lugares, afirman.
En otro punto aseguran que los grupos de UPOEG en Ayutla son una especie de mercenarios que pueden ser usados por el gobierno o el narcotráfico no tiene trabajo real en las comunidades y viven de las canonjías de la aparente gestoría.
Después, continúan con el descontento con esos grupos porque al no ser elegidos por las comunidades puede entrar cualquier persona, y ejemplifican con Ernesto Gallardo a quien tachan de traficante de armas y reclutador de sicarios, según informes de Ayutla.
Como últimos puntos reiteran que la autodefensa de UPOEG son una fuerza paramilitar y mercenaria contraria a la CRAC-PC y a la CRSJ-PCP que trabaja en Huamuxtitlán, Temalacatzingo y Cualac, por lo que llaman a la población a no confundirse.
Afirman que no avalarán ninguna PCP si no acude a su coordinación y asume los principios, estatutos y reglamento amagando que a quienes lo hagan serán investigados, retenidos y reeducados así como a quien calumnie sin fundamento como lo hizo Antorcha Campesina.
Para finalizar sugieren al gobierno no alentar este tipo de acciones y respetar el derecho a la organización sin el manejo intencional que tiene la UPOEG, asimismo que se abra al diálogo con todas las organizaciones como un ejercicio democrático y de madurez política.
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