De acuerdo con la iniciativa, los recursos provendrían del gobierno estatal y de donaciones de empresas privadas y sólo se utilizarían para atender los casos probados de riesgo.
En conferencia de prensa, Portillo añadió:
“En Michoacán los periodistas están siendo perseguidos por el crimen organizado y se requiere darles seguridad”.
Detalló que cada caso será evaluado por un consejo conformado por representantes de las áreas de seguridad pública del estado, Comisión Estatal de Derechos Humanos y expertos en el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.
Las medidas de protección se aplicarían en un lapso menor a nueve horas después de recibida la solicitud, según el proyecto.
La iniciativa prevé como medidas urgentes la evacuación del comunicador, reubicación temporal y dotación de escoltas, entre otras.
En una segunda fase se podría implementar la instalación de cámaras, cerraduras y luces en el inmueble donde se aloje el periodista, así como chalecos antibalas, detectores de metales y vehículos blindados.
Las medidas podrían extenderse a la familia del beneficiario, de así aprobarlo el llamado Consejo para la Protección de las y los periodistas de Michoacán.
Según datos oficiales, al menos nueve comunicadores desaparecieron en los últimos seis años.
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