La periodista, desde Alemania, acusó al diputado panista de persecución por sus publicaciones sobre casos de corrupción en Pemex tras una investigación de 10 años. Conoce lo que informó en varios reportajes publicados en la revista Contralínea.
Presentamos en este texto, el origen de la demanda de Bueno Torio, anunciada a inicios del 2012 contra la periodista. Se reproducen los textos publicados por en la Revista Contralínea, en el libro “Camisas azules manos negras: el saqueo a Pemex desde Los Pinos”.
Desde finales del año pasado la periodista mexicana se encuentra en Alemania exiliada por la demanda del veracruzano y ex funcionario de Pemex.
En febrero del 2009 Ana Lilia Pérez publicó en la revista Contralínea un texto, que fue parte de lo publicado en su libro llamado “Conflictos de interés de Mouriño en Pemex”, donde menciona en múltiples ocasiones al hoy diputado federal por el PAN Juan Bueno Torio, quien fue director de Pemex Refinación. En el texto habla de Jesús Villarreal Gallegos quien estuvo al frente de la gerencia de Transporte Terrestre de Pemex.
“Dicho funcionario está actualmente bajo indagatorias de la Secretaría de la Función Pública (SFP), y de autoridades judiciales, relacionado con las investigaciones que se ventilan sobre los supuestos actos de corrupción del actual senador Juan Bueno Torio en la asignación de contratos para distribución de hidrocarburos tanto vía terrestre como marítima en Refinación”, publicó.
También se incluye en este texto un video de Ana Lilia Pérez, donde habla de su libro y diversos audios de la presentación del libro, donde participaron, la autora además de periodistas como el periodista fallecido en 2012, Miguel Ángel Granados Chapa y Miguel Badillo, director de la revista Contralínea.
Difundimos a continuación un fragmento del texto publicado en 2009 en la revista Contralínea que incluye documentos de comprobación.
Fragmento en Contrallínea: 15. febrero, 2009
Conflictos de interés de Mouriño en Pemex: Los beneficios de Juan Bueno
Por Ana Lilia Pérez
Un año clave en las inversiones de la familia Mouriño fue 2003: mientras que Juan Camilo se volvió mano derecha del hoy presidente Felipe Calderón en Sener, el corporativo familiar incursionó en el mercado de la comida rápida y las lavanderías, con franquicias de Burger King, Benedettis Pizza, Church’s Chicken, Tortas Locas Hipocampo, Baskin Robbins, Tintorerías Max, GES Autowash, Tiendas GES Express. Los beneficios en Pemex también se incrementaron.
En Refinación, Juan Bueno Torio impuso el denominado Plan Piloto de Transporte Dedicado, que consistía en incrementar las tarifas que la paraestatal paga a las transportistas, además de abrir nuevas rutas para la distribución de hidrocarburos por autotanque, disposición hecha al margen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encargada de fijar las tarifas.
El 3 de marzo el Consejo de Administración de la subsidiaria presidido por el mismo Bueno Torio, autorizó a un grupo de transportistas 40 rutas adicionales en Guadalajara, Rosarito, Tijuana, Madero, Ciudad Valles, Ciudad Mante y Gómez Palacio. Decidió también que Pemex les pagara una tarifa de 104 mil pesos para el traslado mínimo de 8 mil kilómetros, y 9.10 pesos por cada kilómetro extra a partir de los 8 mil kilómetros por el transporte de petrolíferos. Entre las beneficiadas, además de las compañías de su familia, estaba Autotransportes Flensa –en la que es accionista Javier Fox Quesada, hermano de Vicente Fox–, y también Ivancar.
Al respecto la SHCP emitió un extrañamiento al Consejo de Administración de Pemex Refinación por la discrecionalidad en la aplicación de las tarifas en el transporte de hidrocarburos, a partir del Plan Piloto de Bueno Torio. A juicio de las autoridades hacendarias, los funcionarios de Refinación violaron el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que da a la SHCP atribuciones exclusivas para establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, o bien las bases para fijarlos.
En abril, integrantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, adscritos a la delegación Lerma, en Campeche, denunciaron ante su dirigencia sindical el supuesto fraude contra Pemex en el que desde hacía meses incurría el GES, al desviar a sus gasolineras ubicadas en Campeche, Escárcega y Champotón la gasolina que Ivancar debía entregar a las gasolineras ubicadas en las zonas fronterizas de la Península, la cual tenía subsidio de casi un 40 por ciento del costo.
Contrario a que se investigara el supuesto ilícito, Refinación adjudicó a Ivancar contratos para cubrir “las nuevas rutas” en las terminales de almacenamiento (conocidas como TAD) en Irapuato, Rosarito, Madero y Gómez Palacio. Incluso, el 1 de septiembre se le otorgó un monto adicional de 8 millones 300 mil pesos sobre el contrato GTT-00142-01/2003, por el mismo periodo estipulado originalmente. El incremento fue acordado por Villarreal Gallegos con Juan Camilo Mouriño, según el documento GTT-00142-01-2PP/2003.
El 29 de diciembre Mouriño recibió el contrato GTT-00142-01/2004, por 8 millones 300 mil pesos, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004.
El 28 de abril de 2004, Carlos Mouriño Terrazo designó apoderado legal de Ivancar ante Pemex Refinación a Luis Fernando Coyoc Ramírez, según la escritura pública 168, expedida por la notaria Nelia del Pilar Pérez; sus atribuciones para firmar contratos, convenios y suscribir títulos de crédito eran exclusivamente ante la paraestatal. El 1 de octubre de 2004, Villarreal Gallegos autorizó al nuevo apoderado de Ivancar un incremento del 20 por ciento al monto del contrato GTT-00142-01/2004, según el documento GTT-00142-01-M/2004, firmado por Luis Fernando Coyoc y Villarreal Gallegos.
El 29 de diciembre –cuando Juan Camilo se desempeñaba como subsecretario de Electricidad en la Sener– Refinación otorgó a Ivancar el contrato GTT-00142-01/2005, por 9 millones 530 mil pesos, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2005. El acuerdo se hizo pasando por alto los señalamientos que durante todo ese año hizo la SCHP, en oficios dirigidos también a Villarreal Gallegos, de que los precios aplicados a los transportistas no habían sido autorizados por la dependencia… Ver texto completo
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