AUTOR: ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ.
En la audiencia, las mujeres buscarán evidenciar que el Estado mexicano fue cómplice de la agresión sexual que sufrieron hace casi siete años, cuando el gobernador del Estado de México era el hoy presidente, Enrique Peña Nieto.
Se espera que en la audiencia estén frente a frente las víctimas, los comisionados de la CIDH, una delegación de funcionarios mexicanos y representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional –estos dos últimos defensores ciudadanos de las 11 mujeres–, quienes escucharán lo sucedido en Atenco en 2006.
Esta semana se define el nombre de la representante que hablará a nombre de las 11 víctimas ante la CIDH.
Eventualmente la delegación del Estado mexicano emitirá una postura al respecto o se limitará a escuchar los
señalamientos.
Aunque pareciera tratarse de una comparecencia más, Bárbara Italia Méndez, una de las agredidas, explica que es la primera oportunidad que tienen de narrar la pesadilla que vivieron en un litigio internacional que inició en abril de 2008 contra las autoridades mexicanas, y que en su mayor parte ha consistido en comunicaciones escritas.
Este será el momento de escuchar parte del testimonio de las 11 denunciantes de violación y tortura sexual: Mariana Selvas, Georgina Edith Rosales, María Patricia Romero, Norma Aidé Jiménez, Claudia Hernández, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torres, Suhelen Gabriela Cuevas y Bárbara Italia Méndez.
En entrevista, Italia asegura que esta comparecencia tiene un costo emocional porque quien represente a las 11 mujeres tendrá que hablar de lo sucedido en Texcoco y San Salvador Atenco, en el Edomex, cuando 47 mujeres fueron detenidas y 27 de ellas golpeadas, insultadas y torturadas por policías estatales y federales.
En 2006, cuando ocurrieron los hechos, Enrique Peña Nieto era gobernador de la entidad y a su administración le tocó conducir las investigaciones que, cabe decir, no han dado resultados. De forma paradójica ahora como Presidente de la República a su gobierno le corresponderá llevar el litigio contra las 11 peticionarias.
Aunado a ello, no se puede olvidar que el episodio de Atenco fue un hecho que repercutió en la campaña presidencial de Peña Nieto, luego de que en mayo de 2012, durante su visita a la Universidad Iberoamericana, estudiantes le cuestionaron su actuar en ese caso, le reprocharon los abusos de poder cometidos y a raíz de esa protesta surgiera el movimiento juvenil YoSoy132.
Italia apunta que en este litigio internacional ellas no están acusando a personajes en particular, sino a todo el Estado mexicano con todas sus instituciones. “No es un caso personal”, aclara.
“Fue un acto de Estado, una represión contra el pueblo. No es un pleito personal contra Genaro García Luna o contra Eduardo Medina Mora…”, añade al referirse a los entonces titulares de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), respectivamente.
Además, explica que en ese operativo actuó una estructura represora del Estado que buscaba acallar a aquellos que apoyaron a un grupo de comerciantes a quienes se les impidió vender flores, mismos activistas que cuatro años antes se opusieron a la construcción de un aeropuerto en sus tierras.
Italia señala que el caso de la brutalidad policiaca contra las mujeres de Atenco, admitido ante la CIDH como “Mariana Selvas y otras”, las autoridades mexicanas no podrán negar lo ocurrido porque hay suficientes pruebas de las violaciones a DH y de la tortura ejercida por uniformados.
“La palabra de las mujeres no ha titubeado”, insiste la joven al señalar que ellas podrán ver a los ojos a los comisionados y decirles lo que sintieron como mujeres ese 3 y 4 de mayo.
Conscientes de que este camino aún requiere de un largo aliento, las mujeres de Atenco saben que será complicado demostrar que el Estado es un flagrante violador de DH, ya que ante la mirada internacional México mantiene una aparente postura a favor de las garantías individuales.
Y es que no es novedad que el Estado mexicano es uno de los defensores del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el proceso de fortalecimiento que vive, y en el cual países como Colombia y Venezuela se han pronunciado en contra de las facultades que tiene la CIDH.
“Hay mucho discurso, pero es aplastante la violación a los Derechos Humanos”, critica la activista.
Como ejemplo cita que en junio de 2012, durante la evaluación de México ante el Comité de Naciones Unidas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que se realizó en Nueva York, el Estado mexicano informó de “avances” en el caso Atenco.
El subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno del Edomex, José Alfonso Sierra Palacios, dijo ante el Comité de la CEDAW que se ejerció acción penal contra tres policías implicados en la tortura sexual de las 26 mujeres, sin haber informado previamente a las víctimas y sus abogados, lo que en opinión de Bárbara Italia es señal de que la investigación de la Procuraduría estatal es una simulación.
“A mí me parece que no fue nada honesto”, dice sobre estas órdenes de aprehensión que se giraron un día por la mañana y que por la tarde ya se tenían a dos de los inculpados, toda vez que el otro ya había muerto, es decir, resulta extraño que después de seis años se lograra hacer esta consignación en un par de horas.
Al final, Italia recalca que esta audiencia que forma parte del proceso ante la CIDH es una forma de construir justicia, pero también de contribuir a la memoria porque al final lo que se busca es romper la impunidad para que no se repitan hechos similares.
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