FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Hermann Bellinghausen
Simpatizantes partidistas han amagado con encarcelar a la JBG de Oventic en caso de intentar intervenir por el asunto de los desplazados.
San Cristóbal de las Casas, Chis. Es cada día más grave la situación de amenaza, hostigamiento y tensión contra las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el ejido San Marcos Avilés (municipio de Chilón) por parte de seguidores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista de México (PVEM), cuyos cabecillas incluso han amagado con “encarcelar” a la junta de buen gobierno (JBG) de Oventic, en caso de intervenir.
Según información “confiable”, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) refiere que esta situación se agudizó desde el 23 de febrero, cuando los “partidistas” se reunieron con un diputado local de Chiapas no identificado en Ranchería Yoc’ja, Chilón. “Posterior a esta reunión se llevó a cabo una asamblea en San Marcos Avilés, donde los “partidistas” manifestaron: “Habrá guerra contra las bases de apoyo porque ya no hay otra forma de resolver el problema”.
El día 24 se generaron fuertes rumores de que “en los próximos días” los “partidistas” los desalojarían junto con otras comunidades, por lo que la comunidad de bases zapatistas estuvo en alerta.
El día 26, a las 20 horas, el comisariado ejidal Ernesto Pérez Núñez anunció por el aparato de sonido de la comunidad una reunión de asamblea para el día siguiente, a la que deberían acudir los 70 ejidatarios, así como los pobladores que no lo son. El comisario advirtió además: “Nadie de un otro lugar tendrá el derecho de venir a arreglar los problemas del ejido, y si vienen los de la JBG los vamos a encarcelar.”
Del día 27 de febrero hasta el día de hoy, las familias zapatistas “están viviendo una situación de grave tensión, amenaza y hostigamiento directos de un desplazamiento forzado por parte de los partidistas”.
El Frayba “considera la urgencia de atender la situación de hostigamiento debido a que está ocasionando graves violaciones a los derechos humanos, relacionados a la integridad y seguridad personal, residencia y libre tránsito, entre otros”. Además de afectar a la convivencia y armonía en la comunidad y familia, repercute en una potencial crisis humanitaria “con posibles consecuencia de difícil reparación en caso que se efectúe por segunda ocasión un desplazamiento forzado en contra de las bases zapatistas”, como ya ocurrió en abril de 2010.
La nueva escalada contra las familias autónomas ya había sido denunciada en días pasados (La Jornada, 24/2/13). Las autoridades estatales han brillado por su inacción para conjurar la posible violencia contra los zapatistas de la comunidad tzeltal.
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