AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
Según este informe, 15% de las recaudaciones totales del crimen organizado en México no están relacionadas con el comercio de drogas, por lo que la violencia no se explica sólo por el narcotráfico. El número de secuestros reportados anualmente se duplicó durante el sexenio de Felipe Calderón, al pasar de 733 en el 2006 a mil 344 en el 2011.
También el robo de gasolina a Pemex tuvo un “aumento constante” durante el sexenio anterior: Alcanzó mil 324 toneladas en el 2011, lo que represente entre 500 millones y 2 mil 400 millones de dólares. Una práctica que se generalizará en el futuro, advirtió el Instituto.
“En Acapulco, la violencia ya casi no está conectada con el tráfico internacional de drogas. El futuro no es El Chapo Guzmán, el futuro es Acapulco”, declaró Javier Ciurlizza, el director del Programa América Latina de ICG.
Sin embargo, las ganancias de los cárteles mexicanos y colombianos generadas por el tráfico de drogas siguen sumando entre 18 mil y 39 mil millones de dólares anuales, según el reporte. El valor mercantil de la cocaína crece 50 veces entre su lugar de producción y su venta al menudeo. Pasa de 2 mil 400 dólares el kilo en Colombia a 120 mil dólares en las calles de Estados Unidos.
“El problema de Latinoamérica no es la droga, es la cocaína”, afirmó el analista Alejandro Hope.
El reporte analiza que el punto de entrada de la cocaína cambió desde hace 10 años. En ese entonces 80% de la cocaína con destino a Estados Unidos entraba primero a México y el otro 20%, primero a Centroamérica. Ahora los porcentajes se han invertido: 80% ingresa primero a Centroamérica antes de pasar por México con destino a territorio estadunidense a través de rutas terrestres, transportada por los inmigrantes reducidos a un estado de esclavitud.
La militarización de la lucha contra los cárteles mexicanos que inició en el 2006 Felipe Calderón los fragmentó al arrestar o matar a 25 altos dirigentes. La guerra por las rutas que libraron los nueve grandes cárteles derivó en un “baño de sangre”.
Según Javier Ciurlizza, los grupos criminales se organizan en “escuadrones de la muerte” y usan del “terror” para ejercer un control de los territorios. Los grupos criminales compran en Texas o en Arizona rifles de calibre 5.0 o pistolas “matapolicías” que perforan los blindajes de los agentes oficiales. También consiguen lanzacohetes RPG-7 o antiguos M67 en Centroamérica.
“La capacidad de fuego de los cárteles supera en mucho a la que la policía puede tener dentro de un marco legal”, subrayó Ciurzilla. El informe recuerda que entre 2007 y 2011 las fuerzas de seguridad mexicanas capturaron 99 mil armas.
El informe reconoce unos logros de la militarización de la lucha contra el crimen organizado, como la intercepción de 205 millones de dólares en las Lomas de Chapultepec o la extradición de 85 criminales a Estados Unidos en 2008. Sin embargo, advierte que el número anual de denuncias por violaciones a derechos humanos cometidas por militares se disparó de 182 en 2006 a mil 626 en 2011
Ciurlizza dijo que la administración de Enrique Peña Nieto tendrá que enfrentar el reto de retirar al ejército de las calles. Destacó tres experiencias en América Latina. Dos fracasaron: en Guatemala y en Colombia. Pero en Brasil tuvo éxito el programa donde militares reemplazaron a los policías, aunque, aclaró, el gobierno de ese país trata hoy de sustituirlos por policías no armados.
Mark Schneider, vicepresidente de la organización ICG, felicitó, por su parte, los esfuerzos de Felipe Calderón para mejorar la coherencia entre las policías mientras incentivaba mejoras en su relación con Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida. Sin embargo, señaló que “Estados Unidos debe tomar decisiones para cortar el flujo de armas, de rifles de asalto y los cartuchos de alta capacidad, los más utilizados por el crimen organizado”.
El reporte señala que en el 2010 más del 80% de los homicidios quedaron impunes, hasta alcanzar 96,4%, tasas que empeoraron desde el 2006. Critica también que las cifras proporcionadas sobre el número de muertos y desaparecidos varían según las fuentes. “Es imposible decir cuántos muertos ha habido”, declaró Ciurlizza.
Marc Schneider subrayó la necesidad de que la justicia mexicana sustituya los procesos “inquisitorios” por procesos “acusatorios”. A lo que Alejandro Hopes agregó que “97 % de las víctimas son presuntos delincuentes, se sigue criminalizando a las víctimas”.
Los 27 asesinatos de defensores de derechos humanos en cinco años, y entre 70 y 126 periodistas asesinados entre 2000 y 2012, tienen consecuencias negativas para la libertad de expresión. El reporte afirma que mientras “los cárteles cobran fuerza, la prensa es intimidada y el público está desinformado”.
Schneider consideró como una oportunidad la creación de la nueva gendarmería, siempre y cuando esta “logre tener una fuerza civil competente”.
Sobre este punto, Hope expresó sus dudas: “Todavía no sabemos cuándo la gendarmería se va a crear; el presupuesto no alcanza para crearla”, dijo. El reporte, por su parte, señala que faltan detalles precisos sobre tal fuerza.
Kirsten Cowal, responsable del área del programa por la Gobernanza y Educación Democráticas de la fundación Tinker – que participó en la redacción del reporte–, aconsejó a la nueva administración incentivar políticas integrales para reducir la impunidad, las desigualdades y las faltas de oportunidades, así como “fomentar una cultura más fuerte de legalidad y de respeto mutuo entre ciudadanos, gobernantes y servidores públicos”.
México es la decimocuarta economía del mundo, el salario mínimo apenas sobrepasa los 5 dólares por día, por lo que “los trabajadores sociales dicen que los cárteles pueden engañar a los jóvenes debido a que el gobierno ha desatendido muchas áreas urbanas de clase obrera”, señala el reporte.
Hope destacó que en los últimos 18 meses, el número de homicidios disminuyó de 27%, aunque declaró no saber si esto se debe a “que cambió el entorno, la política, o ambos”. Tomó como ejemplo positivo la reducción notable de la violencia en Ciudad Juárez y el Programa de Prevención del Delito, que se centra en 57 de los puntos más violentos del país.
Sin embargo, el reporte relata que la violencia cayó en Ciudad Juárez debido a que los cárteles de Sinaloa y de Juárez lograron un acuerdo o porque el cártel de Juárez se rindió ante el de Sinaloa.
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