Turbulencia en el aire

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ARMANDO ESTROP.

Durante el sexenio de Felipe Calderón se perdió el control de los cielos frente al narco. La PGR desmanteló su división aérea y arrendó aviones a empresas privadas, lo que desató un conflicto entre la procuraduría y sus pilotos. Ahora ni aeronaves propias ni rentadas vuelan para la dependencia.

La PGR llegó a tener la flota aérea más grande en América Latina para el combate de la delincuencia organizada, particularmente el narcotráfico.

De acuerdo algunas fuentes tuvo a su disposición más de 200 aeronaves en el sexenio de Vicente Fox, hoy no tiene disponible alguna para que vuele el procurador Jesús Murillo Karam.

Pero en el sexenio de Felipe Calderón, el que presumía de ir en una lucha frontal contra los cárteles, esa flota se desplomó.

Entre el abandono, la falta de mantenimiento y los conflictos con los pilotos que la operaban, se vino en picada. Fue necesario concesionar a un tercero, privado, el servicio. Pero el plan fracasó.

Al final de la administración calderonista se acordó con Rajet, una empresa arrendadora, que le diera el servicio pero esto no funcionó.

La mayoría de los aviones nunca despegaron ya que la mayoría de ellos no contaban con matrícula oficial y debían hacerlo desde el aeropuerto de Toluca, y no de la ciudad de México como era lo normal.

Conoce la historia y las versiones de los pilotos y la empresa involucrada en dar el servicio.

La exprocuradora Marisela Morales al final de su administración se dio altos vuelos… pero rentando aviones inexistentes.

Bajo el argumento de que la flota de la PGR estaba inservible, se adquirieron los servicios de la empresa Ra Jet con 10 aeronaves, que estarían al 100 por ciento disponibles para la dependencia.

Los precios por el arrendamiento de esta flotilla alcanzaron los 3 millones de dólares mensuales.

Sin embargo, jamás hubo disponibilidad total. Las aeronaves tenían fallos mecánicos y en el caso de dos aviones y un helicóptero, nunca llegaron a la dependencia.

De hecho, la mayoría de los aeroplanos tenían matrículas particulares que tuvieron que ser cambiadas para realizar vuelos de carácter oficial.

El proceso fue expedito, pues lo que a cualquier persona o dependencia le tomaría al menos dos meses, se hizo en unos cuantos días.

Y en teoría, durante el proceso de cambio de matrícula no debieron haber volado, pero sí lo hicieron.

El personal de la dirección de servicios aéreos consultado asegura que sí se realizaron vuelos a pesar de no cumplir con la normatividad nacional e internacional. Esto está registrado en los planes y bitácoras de vuelo de PGR.

En lo que nunca falló la dependencia a cargo de Marisela Morales, fue en pagar puntualmente a la empresa los supuestos servicios.

Gastó millones de dólares por una renta incompleta y de acuerdo a pilotos, mecánicos y despachadores de vuelo, nunca se sancionó a la empresa coahuilense.

Estas irregularidades se dan a conocer justo cuando un grupo de exempleados de la Dirección de Servicios Aéreos de la PGR mantiene pláticas con la actual administración, ya que alegan que fueron despedidos ilegalmente.

A todos se les cesó a tan solo ocho días de que acabara la administración, con el argumento de que al no contar con aviones la PGR, ya no requería del servicio de pilotos.

Todo fue un plan perfecto de Marisela Morales, aseguran los exempleados, para acabar con su departamento y hacer un jugoso negocio en los últimos meses de la administración de Felipe Calderón.

Renta fantasma

La Oficialía Mayor de la PGR pidió, a mediados de 2012, que una empresa extranjera revisara la flotilla de aeronaves de la PGR. Esto se hizo a pesar de que la Dirección General de Aeronáutica Civil, dependencia de la SCT, ya lo había hecho.

Pero aún y cuando ya tenían la revisión oficial del organismo mexicano, se decidió pagar un millón y medio de dólares para la inspección de un particular extranjero.

Fue la empresa JDA Aviation Technolgy Solutions la que hizo el trabajo. El resultado fue poner fuera de vuelo la mayor parte de los aviones, y con eso empezar la renta a particulares.

El servicio de la empresa Ra Jet empezó en septiembre de 2012, faltando tres meses para que terminara la administración.

Para entonces la procuradora Morales ya sabía que el nuevo presidente de la República sería de otro partido.

Por los 10 aviones se haría un pago quincenal de un millón 370 mil dólares, sin contar el combustible.

Se contaría con el servicio de un Hawker Beechcraft 1000A , dos Hawker Beechcraft 800, un Hawker Beechcraft 700, cuatro Learjet , un Sabre 65 y un helicóptero Bell 407.

En el contrato se estableció que habría disponibilidad total de todas estas aeronaves. La renta del avión incluía al piloto. Por eso, la decisión de deshacerse de los casi 80 pilotos que quedaban en PGR.

La factura 1182 y con folio fiscal A38BAJE1-OB45-46C2-9597-48E034C5D3F7, de la empresa Ra Jet, con fecha 23 de octubre del 2012, establece el pago de un millón 370 mil 006 dólares por concepto de renta de una quincena de septiembre.

Sin embargo, en el registro de disponibilidad que hicieron los despachadores aéreos durante toda la primera quincena de septiembre, no se entregaron estos aviones.

El documento está firmado por el auditor, Encarnación Jaime Ledezma Valdéz, que era el encargado de supervisar los planes de vuelo, disponibilidad, y cumplimiento del contrato con la empresa Ra Jet.

Se registra con las siglas N/A que significan aeronave no entregada a PGR. En el documento las 10 están marcadas así. Al calce llevan la firma de recibido y con fecha 6 de noviembre de 2012, que fue cuando por segunda vez se entregó el reporte de los meses de septiembre y octubre.

De acuerdo a los despachadores, estas listas se entregan cada quincena.

En la segunda quincena, tres aviones seguían sin entregarse: los dos Learjet con matrículas XC-LNH y N77PY (matrícula extranjera) y el Sabre 65 con matrícula XC-LNI.

Otras tres aeronaves empezaron operaciones ya avanzada la segunda quincena del mes, que se pagó completo. La matrícula XC-LNC inició el 16 de septiembre, la XC-LNE el 18 de septiembre, el XC-LNF el 20 de septiembre.

Para la primera quincena de octubre, estas tres aeronaves seguían reportadas como no entregadas a PGR y al menos seis de los otros aviones reportaron fallas mecánicas que les impidieron volar.

El Hawker 800 matrícula XC-LND no operó por mantenimiento durante siete días de la primera quincena de octubre.

Para la segunda quincena de ese mes aumentó la inoperatividad por fallas y un Learjet matrícula XC-LNE estuvo 12 días fuera de servicio por mantenimiento. El Sabre 65, la única aeronave de este tipo rentada a Ra Jet, llegó a PGR el 25 de octubre, pero nunca operó porque al llegar presentó fallos y se tuvo que ir a taller.

A pesar de todos estos incumplimientos, el 17 de octubre se expidió un oficio para que se pagara a la empresa íntegra la mensualidad de septiembre, asegurando que se había contado con el 100 por ciento de disponibilidad.

En el documento con número de identificación DGAOA-741/2012 Eduardo Harvey Valdés Salas, a quien no se identifica con el cargo, informa a Pedro Montaño Romero, titular de la Dirección de Administración y Finanzas, que hay que pagar a Ra Jet lo acordado, pues se dio el servicio al 100 por ciento.

El informe que se entregó a la Oficialía Mayor cuenta con los sellos de ambas direcciones, la firma de Valdés Salas y todas las matrículas de los aviones que aparecen en la factura de Ra Jet y que, de acuerdo al registro de la propia PGR, jamás estuvieron 100 por ciento al servicio de la dependencia.

El testimonio

El despachador aéreo de la PGR se muestra seguro. Pero al ver las cámaras y las grabadoras cambia de parecer. Pide que no se mencione su nombre y que no se utilice su imagen.

Si hay consecuencias de cualquier tipo las afrontará. Pero es tal el temor a represalias por parte de la exprocuradora y quienes hicieron el negocio con la renta de aviones, que prefiere el anonimato.

Y es que, asegura, es tanto el dinero que se pudo haber ganado, que seguramente hay otros involucrados.

Entre ellos menciona a Carlos Espinosa Schillinger, director de Seguridad Aérea de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, relacionado con la empresa que rentó las 10 máquinas de vuelo.

“Esto es un negocio. Esto es un secreto a voces. En cualquier aeropuerto que rentes un avión, el intermediario por cada hora de vuelo va a cobrar 200 dólares”.

Involucra a las autoridades porque asegura que el trámite para el cambio de matrículas de la mayoría de las aeronaves rentadas a Ra Jet, se hizo en días.

“Hay un detalle, todos los cambios de matrícula llevan cierto tiempo para efectuar el trámite. Si son matrículas norteamericanas llevan un trámite que tienen que hacer primero en Estados Unidos, y luego iniciar el trámite en México.

“De esto tiene que tener conocimiento la Dirección General de Aeronáutica Civil, y en este caso todo sabemos que a Ra Jet quien la apoyó fue Carlos Espinoza Schillinger”.

El despachador también señala al entonces encargado de la oficina de la Dirección de Servicios Aéreos de PGR como parte de la camarilla de funcionarios que nunca hizo nada ante las irregularidades.

“El capitán Eduardo Harvey Salas sabía qué aviones habían llegado y cuánto habían volado, y aquí hay algo que llama la atención, y fueron los comentarios que todos hacían.

“Cuando rentas un avión lo rentas en buenas condiciones, o si no para qué paraste la flota de PGR. Pero si rentas un avión tiene cuando menos que volar mínimo 30 horas mensuales, debe cubrirlo. Para la cantidad de trabajo que teníamos, esas 30 horas se iban en tres días.

“Entonces, cuando rento un avión debe de llegar con cuando menos 150 o 200 horas de vida útil. En este caso unos aviones llegaron y se tuvieron que ir a Toluca para que los atendieran por mantenimiento. Todo está registrado en la oficina de operaciones”.

“O hicieron un contrato con la gente que no sabía lo que estaba haciendo, o lo hicieron con toda malicia para que alguien saliera beneficiado con el cobro de estas aeronaves sin volar”.

Insiste en que la actual administración debería revisar el contrato y las condiciones de cumplimiento, así como la documentación que se presentó, porque son demasiadas las irregularidades y ningún responsable, hasta el momento.

“El actual procurador debería checar qué dice el contrato, es interesante que él investigue porque si entregas unas aeronaves y se van a la semana a mantenimiento a Estados Unidos, es importante saber por qué se llevaban a Estados Unidos con combustible de PGR y con trámites de PGR, entonces es importante saber quién pagó todo eso.

“Yo no voy a rentar aeronaves para pagar el servicio en Estados Unidos o en Toluca, o a dónde sea”.

La práctica dicta que este tipo de renta de servicios debe de contemplar penalidades ante el incumplimiento. De acuerdo al despachador, nunca se mencionaron, o al menos criticaron, todas las ausencias de los aviones. Por eso, asegura que si se investiga podrán descubrir que jamás se penalizó a la empresa Ra Jet.

“En el contrato hay penalidades, yo contrato una aeronave para que me de servicio, pero si tú la dejas fuera de servicio un día, por mantenimiento, se te dan cuatro horas para repararla, y si en esas cuatro horas no me la entregas, hay una penalización.

“Aquí hubo aeronaves que estuvieron paradas y no les interesó. O no sé cómo lo manejaron o cómo pagaron, o cómo es que argumentaron que estaban al 100 por ciento”.

El exempleado de la PGR señala que no pueden esconder toda la maniobra que hicieron porque dejaron huella en todas partes, ya que para que una aeronave pueda dar servicio, se registra en decenas de documentos y oficinas.

“Todo esto está registrado en diferentes documentos en la Procuraduría y además está registrado en todas las comandancias de los aeropuertos donde operan las aeronaves.

“Porque para efectuar un vuelo, cualquier aeronave, se tiene que hacer una solicitud y meter un plan de vuelo que autoriza la autoridad aeronáutica.

¿Qué hacían con toda la demanda de vuelo que tenían en PGR?: “O se cancelaban los vuelos o no se aceptaba la solicitud, y tenían que trasladarse en otros medios. Por vía terrestre, o línea comercial”.

Deben a Ra Jet más de 3mdd
Por César Cepeda

Luis Rayet Díaz, director general de la empresa Ra Jet Aeroservicios, acepta que el proceso que se llevó para registrar sus aviones como aeronaves oficiales de la Procuraduría General de la República, implicó restricciones en la disponibilidad.

Esto para que sus 10 aviones registrados como taxis aéreos obtuvieran la matrícula oficial.

El servicio que prestó fue por solo cuatro meses ya que no le fue renovado por la actual administración, además de que el temía por la seguridas de sus aviones.

“Si a mí me hubieran dicho que tenía que hacer todo eso por cuatro meses, no le entro. Ahora tengo los aviones, que no los puedo regresar a mi propiedad. Ya llevo dos meses con ellos parados”.

Rayet Díaz aclara que es imposible registrar un avión a nombre de la PGR sin la intermediación de la dependencia federal.

“Yo no puedo pedir una matrícula sin la venia de ellos”, aclara el director de Ra Jet Aeroservicios en entrevista con Reporte Indigo.

“El problema es que todo era por medio de ellos, matrículas, permisos de vuelo. La verdad todo se atoraba pero no sé si fue por fin de sexenio.

“El avión ahí está, yo no lo estoy usando. Es lo que se llama disponibilidad”.

Sin embargo, los aviones que la empresa Ra Jet rentaba a la PGR no podían ingresar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque contaban con matrícula comercial “XA” de taxi aéreo.

Rayet Díaz asegura que se enteró del requisito de obtener la matrícula XC para sus aeronaves cuando estaba firmando el contrato con la PGR en agosto del año pasado.

“A mí me hablaron de las matrículas ya con el contrato. Yo pensé que era con XA. La verdad nos movimos muy rápido, ellos nos ayudaron a presionar ahí”.

Las matrículas oficiales se tenían que conseguir en la Dirección General de Aeronáutica Civil que depende de la SCT y en el contrato firmado con la PGR se establecía como fecha límite el 28 de septiembre.

El contrato abierto para la prestación del servicio aéreo obligaba a la PGR a pagar un millón 350 mil dólares mensuales por la disponibilidad de 9 aviones y un helicóptero por 30 días, incluyendo 30 horas de vuelo mínimo por aeronave.

El propietario de la empresa que presta el servicio de taxi aéreo aclara que el contrato con la PGR lo obtuvo a través de un proceso de adjudicación directa.

La invitación se la hizo Guillermina Muñoz Soto, directora general de Tecnologías de Información y Comunicaciones, encargada en ese entonces de la Oficialía Mayor de la PGR.

“Nos invitan porque nadie en México tiene la flota que tenemos nosotros”, asegura Rayet Díaz.

Acepta que durante la vigencia del contrato con la PGR algunas de las aeronaves tuvieron que ser llevadas a mantenimiento correctivo a los Estados Unidos con combustible suministrado por la dependencia federal.

“El avión (un Learjet 35) se metió dos semanas y medio en Estados Unidos porque a ellos (la PGR) no les daban el permiso”.

En esos casos el contrato, aclara Rayet Díaz, contemplaba que la empresa estaba obligada a proporcionar a la PGR la prestación del servicio incluso subarrendando otras aeronaves, respetando precios.

En los cuatro meses que duró el contrato la empresa facturó a la PGR casi 7 millones de dólares, monto que incluye la renta mensual y las horas adicionales de vuelo que tuvieron las aeronaves.

Rayet Díaz dice que la PGR le ha pagado 3 millones y medio por el servicio de los meses de septiembre y octubre, pero le adeuda una cantidad similar por los meses de noviembre y diciembre.

“La poca utilidad que pude tener ya se me fue”, se queja.

“Desde que no me pagaron a tiempo, entre que no me han pagado el resto. Me deben como 3 millones y medio de dólares”.

El empresario dice que durante la vigencia del contrato siempre detectó un ambiente hostil por parte del personal de Servicios Aéreos de la PGR, lo que lo obligó a tomar medidas como colocar sellos de seguridad en las partes estratégicas de sus aeronaves.

“Yo siempre tuve un temor fundado de un sabotaje”.