AUTOR: ADRIANA AMEZCUA.
Expertos y organizaciones de derechos humanos protestan ante la ‘sutil, pero letal’ iniciativa tricolor que pretende poner la Constitución por encima del derecho internacional humanitario.
El hecho causa extrañamiento, sorpresa, alerta.
El senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, presentó el martes pasado un proyecto para reformar los artículos 1 y y 133 de la Carta Magna.
La iniciativa de ley tricolor busca modificar el bloque de derechos humanos y con ello pone en peligro los avances conquistados con la reforma constitucional de 2011.
Los defensores de los derechos humanos están preocupados. Perciben que con el cambio de gobierno, “el PRI parecería estar mudando de incentivos”.
Que mientras hubo un talante de vocación garantista en la legislatura pasada, ahora de nuevo parece haber intentos para hacer retroceder las reformas que tanto costó concretar.
Un botón de muestra de esta reforma, que ya rinde frutos, es que el poder judicial adopta en todas sus funciones de oficio un control para ajustar el derecho a las obligaciones internacionales.
Esto sería un síntoma de que “vamos por una vía del cambio del régimen constitucional”, según Silvano Cantú, coautor de la Ley General de Víctimas, que cita como ejemplo del avance hacia una democracia constitucional de derechos.
Este trascendente proyecto jurídico cristalizó en la reforma al artículo 1 constitucional en los términos que están vigentes desde el 10 de junio de 2011.
En su opinion, constituye un triunfo que se enmarca en el derecho internacional que da paso a regímenes de protección irrestricta de los derechos de las personas.
Dicha reforma supone una gran conquista de la sociedad mexicana en la que, curiosamente, “el PRI jugó un papel importantísimo: fueron impulsores destacados del proyecto que les presentamos”.
Hasta el punto de que, recuerda el experto a Reporte Indigo, fueron los tricolores quienes lograron el consenso necesario en las dos Cámaras y en los congresos locales.
El nuevo afán contrarreformista
La persistencia de instrumentar una contrarreforma comenzó este año.
En enero pasado, Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa que echa por tierra la eficacia del principio pro persona.
La que ahora presenta el senador Cervantes, “nos deja una incertidumbre frente a la certeza del compromiso que tiene el PRI, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, para impulsar la agenda de consolidación y para respetar pronunciamientos que ellos mismos han hecho”, indica Cantú.
Tal es el caso del compromiso 21 del Pacto por México, que consiste en implementar y poner en marcha la reforma constitucional vigente.
La propuesta del legislador tricolor se percibe como regresiva. Se va muy atrás “estamos regresando a un modelo decimonónico, de pirámide normativa donde se da una jerarquía irreductible y absoluta a la Constitución”.
De este modo, no se dan pasos ciertos hacia la globalización jurídica que permite incorporar a nuestro derecho interno lo mejor del derecho internacional.
En el mismo sentido que Cantú, se han expresado otros expertos sobre la propuesta de Cervantes.
Ricardo Sepúlveda ha dicho que “la iniciativa presentada vuelve a ser una contrarreforma porque limita los alcances del principio pro persona”.
En tanto que Santiago Corcuera ha precisado que se “construye un muñeco de paja para intentar la modificación al artículo más progresista y promotor de los derechos humanos de toda la Constitución”.
La gran preocupación de la nueva iniciativa tricolor es que, por la vía de una interpretación “sutil pero letal” se dé marcha atrás en “el propósito de contar con un bloque de constitucionalidad, con un principio pro persona y con una interpretación conforme”.
Los tres criterios clave, afirma Cantú, para el funcionamiento de un nuevo paradigma constitucional en derechos humanos.
Es volver a la común tradición de ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Es decir, cuando “un gobierno impulsa la suscripción de obligaciones internacionales pero genera los mecanismos para que pierdan su efectividad en el ámbito interno”, explica el coautor de la Ley de Víctimas.
Los activistas no descartan que ante la persistencia de las intenciones tricolores habrá una movilización enérgica y efectiva, que apelará al apoyo de la sociedad y trabajará en conjunto con los otros poderes de la Unión.
Tienen la convicción de defender “que no se dé un paso atrás” en la conquista de los derechos de las personas, que están volcados en la actual reforma constitucional y que promueve el compromiso 21 del Pacto por México.
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