AUTOR: ALEYDA GONZÁLEZ.
En los municipios que se rigen por el sistema de usos y costumbres en estados como Guerreo y Oaxaca, las policías comunitarias funcionan de forma ordenada y subordinada a las autoridades desde hace más de un siglo. Sin embargo, en los últimos meses se han identificado grupos de autodefensa en los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Jalisco y Estado de México entre otros. Lamentablemente, el uso indistinto de los términos ‘policía comunitaria’ y ‘grupo de autodefensa,’ en la cobertura mediática, crea la idea generalizada de que todo grupo de autodefensa es símbolo de ingobernabilidad y desorden.
La Maestra en derecho, Edna Lilia Sánchez Cortés, asegura que “las policías comunitarias no son prueba de ingobernabilidad, sino lo contrario, es la fuerza del pueblo organizado con su autoridad municipal.” Pero aclara que “no toda ‘autodefensa’ es policía comunitaria".
De acuerdo con el especialista en temas de seguridad, Luis E. Islas Bacilio, la diferencia fundamental entre la policía comunitaria y un grupo de autodefensa es el propósito que persiguen. Mientras que el objetivo de la policía comunitaria es proteger a la comunidad, bajo el reconocimiento de la autoridad del Estado, los grupos de autodefensa no reconocen autoridad alguna y su finalidad es mantener el control de las comunidades a las que pertenecen.
Islas Bacilio, quien es consultor político en la ciudad de México, define tres perfiles básicos de grupos de autodefensa. El primero, es la policía comunitaria que se apega a las reglas jurídicas del estado en el que se desenvuelve. Luego ubica a los grupos de autodefensa, quienes de acuerdo a Islas, si bien no son legales pueden ser considerados legítimos. Esto debido a las condiciones de indefensión en las que se encuentran muchas comunidades que actualmente viven en medio del acoso de la delincuencia organizada. Y finalmente, los grupos de autodefensa conformados por individuos que pertenecen a los carteles del narcotráfico.
Sánchez define seguridad pública como “una función a cargo del Estado y de los Municipios, para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.” Pero la presencia de grupos con recursos económicos amplios, armamento superior al de las autoridades y adiestramiento de tipo militar, deja en estado de indefensión a la población civil de comunidades controladas por la delincuencia organizada.
Según Islas, la administración de Enrique Peña Nieto reconoció que en algunos municipios del país existía un interés legítimo por protegerse de la delincuencia. Por ello, la actitud del gobierno durante los primeros meses del 2013 fue tolerante. Lo que el gobierno no calculó fue que esa actitud provocaría la reproducción de estas organizaciones a lo largo del país.
De acuerdo a un análisis realizado por el mismo Islas, en México para el mes de enero se tenían identificados alrededor de 22 municipios con presencia de grupos de autodefensa. Hasta hace sólo veinte días este número había crecido a más de 86 municipios. Islas afirma que “la tolerancia desató una suerte de reacción en cadena para que los grupos de autodefensa -tanto del crimen organizado, como de ciudadanos preocupados legítimamente por su seguridad- explotara. Ahora al menos nueve estados de la república tienen grupos de autodefensa".
En días recientes, el gobierno federal cambió la estrategia respecto al control de estos grupos armados. Ahora el ejército está realizando operativos en municipios de Michoacán y Guerreo para desmantelar grupos a quienes identifican como extensiones del crimen organizado.
Tanto Islas Bacilio como Sánchez Cortés reconocen la utilidad y necesidad de la existencia de policías comunitarias; siempre y cuando éstas estén sujetas a las leyes y cumplan con la función para la que fueron concebidas. Pero aclara Sánchez Cortés, “es indispensable poner ciertos límites a su ejercicio para evitar que éstas sean infiltradas por la delincuencia organizada".
Los asuntos de seguridad son más efectivos cuando se dan de abajo hacia arriba, y las policías comunitarias representan a los ciudadanos mejor que ninguna otra autoridad pues se conforman de sus habitantes. El gobierno, asegura Islas, “pueden enviar equipos muy adiestrados y con amplia capacidad de hacer guerra o defender a la población. Pero si la comunidad no tiene confianza de poco sirve todo el adiestramiento y la coordinación de la fuerza pública. La imposición de sistemas de seguridad que no considere a las policías municipales -en un país como el nuestro- simplemente no va a funcionar".
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