FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: Valentina Pérez Botero.
Organizaciones ambientalistas exigen que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo delDistrito Federal (TCADF) establezca una fecha para la resolución de la apelación interpuesta por el gobierno del DF y la empresa constructora de la Supervía Poniente, y ratifique el dictamen de la Primera Sala.
Hace más de un año el TCADF anuló la Evaluación de Impacto Ambiental de la construcción de la Supervía Poniente, obra destinada a conectar el sur con el poniente de la ciudad, porque la determinó violatoria a los derechos de información y participación de los capitalinos.
Dicho dictamen fue inmediatamente apelado tanto por el gobierno del DF como por la Controladora Vía Rápida Poetas, constructora de la obra, con el argumento de que la Supervía es una obra de interés público. El asunto pasó a la Sala Superior del TCADF, que ha tenido el caso suspendido, y sin fecha tentativa de resolución, por más de 12 meses.
Greenpeace y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria exigen cuatro puntos base: primero, que la resolución conserve los lineamientos del dictamen original de la Primera Sala, ya que sienta la base para que el gobierno consulte a sus ciudadanos sobre la opinión de las obras públicas.
Segundo, que se respete que el dictamen original avala a las asociaciones civiles como entes con intereses legítimos para interponer denuncias; tercero, que la Sala Superior fije una fecha de resolución, ya que la tentativa del término de la Supervía es en mayo de 2013.
Y el cuarto, que la presidenta del TCADF, Yasmín Esquivel, no participe en el dictamen, ya que su vínculo matrimonial con uno de los empresarios que construyen la obra la pone en conflicto de intereses y hace su participación violatoria, de acuerdo con las organizaciones ambientalistas, de los artículos 81 y 84 de la Ley Orgánica del TCADF.
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