AUTOR: GUADALUPE LIZÁRRAGA.
Mújica señaló que se trata de un “claro boicot”, porque la camioneta fue decomisada el 13 de febrero de 2013, con sus documentos en regla y bajo la conducción de un miembro del grupo de trabajo con ciudadanía en Estados Unidos. Sin dar mayor explicación, las autoridades arrebataron el vehículo y no se dio un documento como prueba o aval de la confiscación con fecha vencida.
Los hechos narrados por el conductor señalan que en el momento de cruzar el puente fronterizo sanluisino, le tocó luz verde para pasar la revisión. Sin embargo, un agente de aduana lo detuvo y le dijo: “dame las llaves”. El conductor preguntó porqué y la respuesta fue que el auto estaba “restringido”. Sin comprender bien la observación, el conductor insistió en regresarse a Estados Unidos y abortar la gestión de la caravana. Fue cuando el agente le dijo que no podía llevarse la camioneta, que sería confiscada.
En diciembre de 2012, el padre Alejandro Solalinde recibió el premio de derechos humanos por parte de Enrique Peña Nieto, y de nueva cuenta será reconocido por las autoridades mexicanas.
Por lo que el líder de la Coalición observó que esta doble cara de las autoridades, no se entiende, porque ya han pasado más dos meses, y han intervenido con representación legal sin que logren liberar el transporte decomisado. Mújica lo ve como una forma de obstaculizar el trabajo del padre Solalinde, “porque mientras se anuncia otro reconocimiento de derechos humanos al padre Solalinde por parte de Enrique Peña Nieto, el titular de Aduanas de México en San Luis, Río Colorado, decomisa uno de los transportes de la caravana que evidenciará la violación de derechos humanos de los migrantes en su cruce por ese país”.
Mújica insistió que “por un lado aplauden el trabajo del padre Solalinde y por otra boicotean la caravana”. El activista se refiere a la mención Honoris Causa que otorgará la Universidad del Estado de México por parte del gobernador, Eruviel Ávila, y el presidente Enrique Peña Nieto, el próximo 26 de abril, tres días antes de que el sacerdote recorra Estados Unidos para hacer visible el maltrato a los migrantes.
Hugo Castro, coordinador internacional de Ángeles sin fronteras, y miembro del grupo de coordinadores para la Caravana del padre Solalinde, dijo que el jueves 21 de febrero se dirigió a la oficina de asuntos legales de Aduana de San Luis para hacer el reclamo del inmueble. Fue atendido por el subadministrador Abel Otero, quien se comprometió a dar una respuesta el 14 de abril, ya que el padre Solalinde iba a asistir a una serie de conferencias en Baja California donde se utilizaría el transporte.
Castro, en cumplimiento con los protocolos impuestos por Aduana, esperó la fecha señalada, pero no hubo respuesta. El martes 23 de abril volvió a las oficinas de Aduana y solicitó una audiencia con el administrador, Tobías Marcelo Echeverría, por la urgencia de tener listo el transporte antes del 29 de abril.
Pese a que les informó de la urgencia del caso, y sin haber argumento legal para el decomiso, le dijeron a Castro que tenía que esperar cuatro meses para una resolución, “porque se encuentran esperando una respuesta del Departamento de Vehículos de Arizona, para validar los documentos presentados por el conductor.
También señaló el activista de Ángeles sin fronteras que hubo una serie de irregularidades en el decomiso, ya que fue una decisión arbitraria del agente de aduanas. Mencionó que no existen los teléfonos que le dieron y que han tenido que trasladarse en varias ocasiones desde Phoenix y desde Mexicali sólo para solicitar la información del vehículo.
Otra de las irregularidades fue que el agente de aduanas que decomisó la camioneta, entregó un documento con membrete del SAT y con un sello de fecha del 1 de febrero de 2013, cuando el decomiso se realizó el 13 de febrero. Castro dijo a Los Ángeles Press que cuando reclamó el conductor el porqué de esa fecha vencida, el agente le dijo que “eso no era importante, que no tenía nada que ver”.
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