Además, subrayó que “aplicará la ley” en caso de que los mentores cometan nuevos desmanes.
En entrevista con Carmen Aristegui en MVS Noticias, el mandatario estatal aseguró que Guerrero cuenta con un operativo en coordinación con el gobierno federal, mismo que fue establecido con el comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb.
En dicho operativo participarían grupos antimotines y notarios públicos en caso de que sea necesario un desalojo, pero “apegados a un protocolo”, dijo.
“Tenemos listo un operativo de cerca de cuatro mil antimotines, (que) en caso de ser necesario tendrán que actuar; si (los maestros) pretenden tomar las instalaciones, oficinas públicas o bien la Autopista del Sol o cualquier carretera federal, pues procederemos a actuar de inmediato al desalojo”, insistió en una entrevista en Radio Red.
Añadió:
“Tenemos preparado todos los protocolos, hemos pedido la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión estatal, tenemos listos los notarios públicos para que den fe de que tanto la Policía Federal como la del estado actuaremos sólo con el uso de antimotines y que en ningún momento se portarán armas de fuego”.
Sobre la contrarreforma educativa que él mismo turnó al Congreso local y que fue desechada por los diputados el pasado martes 2, en la entrevista con Aristegui dijo: “Yo firmé la iniciativa, aunque no estaba de acuerdo con ella”.
El mandatario estatal detalló que la iniciativa rechazada, que provocó el descontento de los cetegistas –quienes ayer rompieron varios cristales del recinto legislativo–, fue redactada por los maestros, quienes le pidieron que la enviara al Legislativo.
“En las negociaciones que tuvimos, en vísperas de Semana Santa, cuando ellos me entregan ese documento, por adelantado les dije que no iba a transitar… ellos dicen que se sienten traicionados por parte del gobernador, pero no van a hacer las cosas a modo”, expresó.
Por separado, Gonzalo Juárez, dirigente de la CETEG, señaló que no hubo diálogo y que el Estado está mostrando su lado “represor”.
También en entrevista en Noticias MVS, manifestó que Aguirre Rivero no les advirtió que sería rechazada la iniciativa de reforma educativa y que ellos piden plazas base y no automáticas.
Antes, el gobernador guerrerense detalló que entre las peticiones de la llamada contrarreforma se encuentran la creación del Instituto Autónomo de Evaluación, la aportación del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para el ámbito educativo, así como garantizar a los egresados de las nueve escuelas normales una plaza, pero “yo no soy demagogo, no podemos cumplir con esta solicitud por falta de recursos”, apuntó.
Por otra parte, en respuesta a las acciones de la CETEG, luego de que el Congreso de Guerrero rechazó la contrapropuesta de reforma educativa, el secretario de Gobierno de la entidad, Humberto Salgado, quien había cedido pagar un mes de salario a los disidentes, pese a que no habían trabajado, cambió su discurso por uno aparentemente más duro.
El funcionario estatal amenazó con reactivar las órdenes de aprehensión pendientes, que ya había ofrecido negociar, por los actos violentos de ayer.
La advertencia del gobierno Aguirre Rivero dio ese giro el mismo día en que el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, hablaron de no aceptar amenazas o presiones.
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