Senadores en Comisiones aprobaron por unanimidad el dictamen de reformas en materia de regulación de endeudamiento en estados y municipios.
Luego de tres meses de análisis, las bancadas del PRI, PAN y PRD alcanzaron un acuerdo sobre el tema, y se espera que el proyecto se le dé primera lectura en la sesión de hoy, o que a más tardar en la asamblea del martes 16 de abril se dispense la primera y segunda lectura y se ponga a discusión y votación de inmediato.
El dictamen avalado plantea límites y modalidades al endeudamiento subnacional, los cuales podrán afectar las participaciones federales en la contratación de créditos, la obligación de registrar todas sus deudas y un sistema de alertas sobre cómo manejan sus compromisos financieros.
Además, puntualiza que “si bien nuestro país no enfrenta actualmente un problema sistémico de endeudamiento, se reconoce la necesidad de contar con un marco constitucional y legal que garantice en el mediano y largo plazos, un manejo adecuado de las finanzas públicas subnacionales”.
En ese sentido, propone reformar la actual fracción VIII del artículo 73 para facultar al Congreso de la Unión a sentar las bases generales para regular la deuda pública en los tres órdenes de gobierno.
Destaca que esto incluirá el diseño de una ley en materia de disciplina financiera, en donde se establezca un nuevo esquema de Deuda Estatal Garantizada (DEG), la cual buscan que abata los costos de financiamiento para los estados y municipios.
“Contribuirá a hacer un uso responsable de la deuda pública mediante un sistema de controles políticos y jurídico así como incentivos que eviten el fenómeno conocido como "riesgo moral"; asimismo, dicho mecanismo incluye medidas de disciplina financiera que fortalecerán el manejo sostenible de las finanzas públicas de dichos órdenes de gobierno”, se explica en el documento.
En el dictamen también se señala que estos cambios constitucionales “permitirán la creación de un registro único de empréstitos y obligaciones, el cual fortalecerá la transparencia y rendición de cuentas sobre el uso del endeudamiento público y brindará certeza a las operaciones que realicen dichos órdenes de gobierno”.
Además, plantea la creación del “sistema nacional de alertas”, mecanismo que supuestamente constituirá un instrumento clave para el seguimiento sobre el uso del endeudamiento público.
En la exposición de motivos se detalla que “después de debatir mucho sobre el tipo de controles políticos que debería ejercer la Federación sobre las entidades federativas y municipios en materia de deuda pública, se decidió que en el artículo 76 de la Constitución se faculte al Senado de la República, la cual es la cámara del Congreso de la Unión que cuenta con la representación de las Entidades Federativas, para sancionar las estrategias de ajuste de finanzas públicas de los Estados que tengan niveles elevados de deuda, calificados tales niveles por un ‘sistema de alertas’”.
El documento recalca que estos proyectos de endeudamiento locales “tendrán que ser enviados al Senado las estrategias de ajuste que se vayan a llevar a cabo e incorporar en los convenios que dichos órdenes de gobierno pretendan celebrar con el gobierno federal para tener acceso al mecanismo de Deuda Estatal Garantizada cuando tengan niveles elevados de endeudamiento”.
Además, establece que “la restricción del uso de la deuda para gasto corriente y el establecimiento de mecanismos de control de los congresos locales para aprobar con dos terceras partes las deudas, previo análisis de su destino y su capacidad de pago, forman parte de los cambios que se buscan establecer en esta nueva ley”.
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