AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
Es una insolencia hasta para sí mismo.
El es el gobernador, la autoridad constitucional del estado. Salvo que en Veracruz no gobierne él ni las instituciones, sino el crimen y la impunidad.
No digo que Duarte sea el victimario de Regina, compañera corresponsal de Proceso, pero tampoco puede ser víctima quien tiene en Veracruz todos los instrumentos para cumplir con su primer deber: Seguridad personal y patrimonial de todos los ciudadanos.
Y esa seguridad no existe en vastas zonas del estado, donde los habitantes –no los periodistas, que gozamos al menos de un espacio para el reclamo– padecen el terror, la impotencia y la frustración por el robo, el secuestro, la extorsión y las complicidades.
Han pasado ya 365 días del asesinato de Regina Martínez Pérez y la víspera se dictó sentencia condenatoria de 38 años de cárcel contra Jorge Antonio Hernández El Silva –un analfabeta que padece sida y que asegura haber sido torturado para autoinculparse–, pero tantas irregularidades sólo permiten un aserto: Es una fabricación.
A las inconsistencias en lo que se sabe del expediente de las investigaciones –que el gobierno de Duarte ha mantenido bajo cerrojo hasta para la fiscalía especializada de la PGR– y la segregación de El Silva, se suma que la Procuraduría General de Justicia de la entidad ni siquiera ha solicitado librar orden de aprehensión contra un sujeto que identifica como copartícipe del homicidio.
Se trata de José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, a quien la fiscalía estatal aseguró que era el asesino material de Regina Martínez. Inclusive lo aprehendió, luego lo dejó libre y ahora ha esparcido el rumor de que ya está muerto.
Y es que “la investigación es una asquerosidad”, como la definió la jurista Diana Coq Toscanini, coadyuvante de este semanario, calidad que también tiene Jorge Carrasco, reportero también de Proceso, ahora bajo asedio criminal del gobierno de Duarte, en cuyos dos años de gobiernos han sido asesinados otros ocho periodistas.
Por ello este domingo 28, al cumplirse el primer aniversario del cobarde asesinato de Regina, los periodistas de México –no sólo los que trabajamos en Proceso– ratificamos nuestro repudio a la patraña de Duarte y reiteramos la demanda de pleno esclarecimiento.
Si en Veracruz hasta allegados suyos hablan de la torpeza con la que se ha conducido en el ejercicio de gobierno, en la ciudad de México se tiene a Duarte como un pasivo para Enrique Peña Nieto, no sólo por el asesinato de periodistas, sino por el más reciente escándalo sobre el plan para usar programas sociales con fines electorales.
Más aún, en ámbitos del gobierno federal se ha integrado un expediente sobre Duarte que incluye una red de presuntos prestanombres de la fortuna que ha acumulado en su gestión, en la que destacan parientes y prominentes empresarios.
Según la información que ha trascendido, esta red de prestanombres de Duarte la integran su suegro, Antonio Macías Yazegey, quien se convirtió en un próspero empresario desde el gobierno de Fidel Herrera, que le facilitó negocios en Coatzacoalcos, junto con su yerno como secretario de Finanzas.
Otro supuesto prestanombres de Duarte es Jorge Ramírez Tubilla, subsecretario de Ingresos y primo hermano de su esposa, Karime Macías Tubilla de Duarte, y cuyo padre, Jorge Ramírez Pérez, es concuño de Macías Yazegey, el suegro.
Identificado también como socio de Duarte es Jaime Antonio Porres Fernández Cavada, del grupo Pecuario San Antonio SA de CV, primo de Erik Porres Blesa, secretario de Desarrollo Económico de Veracruz, quien fue secretario particular de Manuel Espino, quien apenas este lunes 29 anunció que demandará por enriquecimiento ilícito a Miguel Ángel Yunes, el principal enemigo de Duarte.
Erik Porres Blesa renunció al PAN después de que Yunes se convirtió en candidato de este partido a gobernador, en 2010, y lo imitó Gerardo Buganza Salmerón, actual secretario general de Gobierno, ambos de Córdoba, como Duarte.
Otros supuestos prestanombres de Duarte, según la información que tiene el gobierno de Peña Nieto, son los hermanos Chara, Jean Paul y José Antonio Mansur Galán, empresarios beisboleros y este último recién delegado de la Secretaría de Economía en el estado.
Bajo el escrutinio del gobierno de Peña se encuentran, también, el hermano del gobernador, Cecil Duarte de Ochoa, quien dirige Juventud Dinámica, un membrete priista, así como sus primos Héctor e Iván Duarte Dehesa, y que serían parte de la red financiera para el trasiego de recursos.
Duarte, confeso admirador del fascista Francisco Franco, no es sólo una nulidad como gobernante y un mapache electoral lampareado, sino alguien con una cola muy larga…
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