AUTOR: MONSERRAT BONILLA.
La Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATW-LAC, por sus siglas en inglés) denuncia que cada mes, únicamente en el Estado de México, se reportan casi 60 mujeres y niñas desaparecidas.
Además, informa que en Baja California Norte, Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas se han encontrado casos vinculados con la desaparición, trata de personas y posterior feminicidio.
A su vez, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) documenta mil 221 homicidios dolosos contra mujeres y niñas en el periodo de enero 2007 a diciembre 2008 y sólo en 13 entidades que proporcionaron información.
Ante este panorama, diversas organizaciones civiles exigen a las autoridades un trato digno en el proceso de denuncia e investigación, así como la visibilización y resolución expedita de los casos.
Señal de alarma
El crimen organizado se ha valido de métodos cada vez más elaborados para cooptar a sus víctimas que, por su condición de pobreza, exclusión social o por haber sufrido casos de violencia con anterioridad, son más vulnerables al engaño, seducción o a la desaparición a la fuerza.
Sin embargo, de los 43 casos de trata clasificados por la CATW-LAC como “alerta roja de búsqueda” —es decir, que en su mayoría son mujeres que desaparecieron desde los ocho años—, 27 no fueron considerados en elRegistro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas.
Ante los medios, la maestra Teresa Ulloa, presidenta de dicha coalición, aseveró que “las víctimas de este delito no están siendo visibilizadas por las autoridades de la misma forma que otro tipo de desaparecidos, como los que fueron presa de bandas del crimen organizado”, cuando al reforzar la persecución estatal contra estos grupos se diversificaron sus actividades ilícitas, denuncia, entre ellas el secuestro, la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Y ante la gravedad de estos crímenes y las implicaciones al derecho a la seguridad, libertad, salud, etcétera, de miles de víctimas, no deberían pasar desapercibidas ante las políticas públicas y lucha contra el crimen organizado.
Sandra Serrano, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) comenta por su parte que en algunas ocasiones, cuando se trata de casos de violencia contra la mujer, por ejemplo, el ímpetu gubernamental y de las fuerzas policiacas tiende a ser menor, principalmente porque se necesita una investigación con características especiales.
“Requiere una coordinación de distintas autoridades, investigación a largo plazo y mucha paciencia”, acota.
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