AUTOR: FABIOLA MARTÍNEZ.
Gobernación indaga presuntos actos ilegales de al menos una decena de permisionarios.
Según información preliminar a la que tuvo acceso este diario, como parte de la revisión al sector, se indagan presuntos actos ilegales no sólo en los negocios de los empresarios mencionados constantemente en medios de comunicación –por los litigios que desahogan en tribunales–, “sino en otros más, hasta llegar posiblemente a una decena” de los 31 permisionarios.
Si bien el número de empresas con autorización del gobierno federal es bajo (31), su capacidad de expansión (según el potencial autorizado en sexenios anteriores) es suficiente para “inundar” el país con casi 700 centros de juego. Por ahora opera la mitad de ese tope.
La investigación está en curso y el actual gobierno prometió –de la misma forma en que lo han hecho los anteriores, emanados del PAN– ordenar el sector e incluso cancelar los permisos de todos aquellos que violenten la ley.
Sin embargo, casi tres meses después de anunciar el inicio de esta limpieza, la dependencia que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong no ha dado a conocer el resultado de la indagatoria. En consecuencia, se desconoce la identidad de los empresarios y las redes de sus negocios “cuyos permisos y establecimientos tienen cola que les pisen”.
Procesos en curso
Varios procesos administrativos y penales están en curso y, en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, no se ha cancelado ningún permiso. Si bien el mes pasado fue acatada una resolución judicial para suspender dos de las autorizaciones concedidas en el último tramo del sexenio calderonista, los casinos de Exciting Games y Producciones Móviles siguen funcionando.
El criterio de Gobernación fue que el acatamiento a la orden judicial indicaba que se regresara al estado de cosas anterior a los permisos concedidos en agosto de 2012, en tanto se resuelve de fondo el juicio, por lo que las empresas mencionadas pudieron mantener abiertos sus casinos como operadores de la permisionaria Entretenimiento de México (Emex), de Arturo Rojas Cardona.
Una revisión de la información disponible en la página electrónica de la Dirección General de Juegos y Sorteos precisa que actualmente hay en México al menos 363 casinos abiertos, aunque en algunos casos –como Emex– no se ofrecen detalles del estatus actual de varios de sus negocios.
Algunos permisionarios (como Apuestas Internacionales, de Televisa) reportan varios de sus negocios con “cierre temporal”; en tanto, uno de Coahuila fue clausurado por la autoridad municipal, entidad en la que el gobernador, Rubén Moreira, rechaza abiertamente la expansión de casinos porque considera que son extensiones de la delincuencia organizada.
El permisionario con más establecimientos de juego abiertos es Administradora Mexicana de Hipódromo (del emporio Hank Rhon), la cual pagó al erario el año pasado, por “participaciones”, más de 50 millones de pesos por sus 52 negocios, tan sólo amparados con este permiso.
Hostigamiento laboral
En este proceso de revisión de los expedientes y del funcionamiento de la Dirección General de Juegos y Sorteos, ahora bajo el mando de Marcela González Salas (ex diputada y funcionaria del estado de México cuando Peña Nieto era gobernador de la entidad), se aplica una restructuración de funciones y de personal, lo que ha provocado la inconformidad de un grupo de trabajadores que considera “arbitraria y grosera” la forma en que son tratados por sus nuevos jefes.
Integrantes de esa dirección afirmaron que laboran bajo “presión y hostigamiento”, lo cual se evidencia en constantes amenazas como: “si no puedes, renuncia” o “me vale cómo estén contratados”.
En entrevista, indicaron que los nuevos directores están despidiendo a personal sin más razonamiento que la supuesta pérdida de confianza, en perjuicio de empleados que no tienen ninguna capacidad de decisión en asuntos en los que supuestamente se han detectado casos de corrupción.
Consultada al respecto, González Salas subrayó que en las primeras revisiones de los procedimientos se han detectado irregularidades serias, fuentes de corrupción a varios niveles “que de ninguna manera se permitirán”.
Por ejemplo, documentó que era práctica común que un empleado autorizara el cambio de la fecha de los sorteos, a petición de los empresarios; además, casos en los que se registraban cantidades distintas de dinero de las que se reportaban al erario, o trabajadores que hacen “gestorías” como un servicio personal a los permisionarios, lo cual es ilegal.
“El cambio en la dirección tiene como propósito hacer un área eficiente y transparente. Hemos detectado fuentes de corrupción, y se actuará en consecuencia porque Gobernación no avalará los fraudes”, advirtió.
Además, al llegar al área prácticamente todos los subdirectores y jefes de departamento renunciaron. La mayoría, dijo, se fue sin hacer el procedimiento de entrega-recepción, lo que ahondó las deficiencias.
Indicó que en las últimas semanas del sexenio anterior no fueron respondidos requerimientos judiciales, por lo que se perdieron casos por negligencia.
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