AUTOR: JESÚS CANTÚ.
Tras el asesinato de Regina Martínez, corresponsal de este semanario en Veracruz, el 28 de abril del año pasado, se nombró a Carrasco como responsable de dar seguimiento al caso y coadyuvar con las investigaciones ministeriales. La semana pasada (Proceso 1902) la revista publicó un trabajo periodístico del reportero que desnuda las limitaciones, manipulaciones y contradicciones de la investigación de la Procuraduría y la sentencia de la juez.
El reportaje es contundente y no deja lugar a dudas. Basta señalar que entre las evidencias que presenta demuestra cómo la confesión del presunto implicado se contradice con las periciales de la propia Procuraduría General de la República, pues mientras el primero señala que la periodista bebió cerveza con ellos, el peritaje dice que “no se detectó la presencia de alcohol etílico” en la muestra de sangre de la periodista; que las huellas dactilares del hoy condenado a más de 38 años de prisión no corresponden con las localizadas en la casa de Regina; que la única huella de calzado que examinaron los peritos ni siquiera fue comparada con la del condenado, y que la juez se adelantó a dictar la sentencia, con base en la confesión del implicado, sin esperar el resultado de los exámenes del llamado Protocolo de Estambul (para comprobar si fue torturado para inculparse) aplicados por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión de la PGR.
Tras la publicación del reportaje, la revista tuvo información de que funcionarios y exfuncionarios del gobierno del estado de Veracruz se habían reunido en una casa en el fraccionamiento Las Ánimas, de Xalapa, Veracruz, para acordar acciones con la pretensión de atentar contra el periodista. Proceso comunicó dicha información a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación, para que activaran el mecanismo de protección de periodistas, y difundió la información en su portal, para conocimiento público en general y, en particular, de sus lectores.
Felipe Amadeo Flores Espinosa, procurador general de Justicia del Estado de Veracruz, de inmediato envió una carta a la Presidencia del Consejo y la Dirección de la revista para rechazar “tajantemente estas acusaciones infundadas” e invitar “a la revista y a su equipo” a presentar la denuncia correspondiente “de manera inmediata ante las autoridades correspondientes”. Desde luego, en la carta incluyen el “compromiso con el cabal cumplimiento del Estado de derecho y con el libre ejercicio de la profesión del periodismo y el pleno respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión”, como sucede tradicionalmente en los comunicados y discursos oficiales cuando se aborda el tema.
Desgraciadamente los hechos desmienten sus palabras: las estadísticas de las agresiones físicas a periodistas son inocultables; el temor del gremio periodístico veracruzano es palpable, y la manipulación de expedientes y averiguaciones previas, la fabricación de culpables y las sentencias insostenibles son ostensibles.
En general el gobierno veracruzano es incapaz de cumplir con su responsabilidad básica de garantizar la seguridad física de sus habitantes, los medios de comunicación están llenos de las constancias que lo acreditan; y, en lo particular, en el caso de los periodistas, a la incapacidad hay que agregar la negligencia y, en algunos casos, como lo muestra la denuncia de Proceso, la complicidad o tolerancia.
En el caso de las agresiones contra comunicadores, los impactos de la inseguridad se magnifican porque la seguridad es indispensable para el cabal ejercicio profesional y la ausencia de periodismo afecta directamente a la democracia, pues varias de las garantías indispensables para la misma tienen que ver precisamente con el funcionamiento de los medios de información y comunicación.
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