AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
La alerta de la Red TDT surge de los recientes actos de hostigamiento y agresiones contra activistas y sus sedes en Oaxaca, Chihuahua y Tabasco ocurridos en vísperas del primer aniversario de la promulgación de la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Al señalar que los distintos órganos del Estado están obligados a garantizar que los defensores realicen su trabajo, la Red TDT consideró en un comunicado que “las amenazas, allanamientos y detenciones, así como las descalificaciones a través de algunos medios de comunicación, hacen evidente la persistencia de un clima de violencia en contra de los defensores, y especialmente la falta efectiva de las medidas preventivas y de protección tanto, por las autoridades federales como por los gobiernos estatales”.
Los organismos integrados a la Red TDT aludieron a las contradicciones entre el discurso del gobierno de Enrique Peña Nieto, de acabar con las agresiones contra defensores, y la realidad en la que, a pesar de la implementación del Mecanismo de Protección, “en el país quienes defienden los derechos humanos continúan expuestos a riesgos muy altos, que en muchos casos son propiciados o permitidos por las autoridades mexicanas”.
Las más de 70 organizaciones firmantes lamentaron “la falta de un pronunciamiento claro por parte del gobierno federal y los gobiernos estatales en contra de estas agresiones al derecho a defender los derechos humanos así como a las personas que lo ejercen”.
Entre los últimos hechos graves contra defensores, la Red TDT enlistó la detención y posterior liberación de Mariano López Gómez, integrante de la Asamblea del Pueblo Juchiteco y de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec; el allanamiento de las oficinas de la organización oaxaqueña Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha; los daños causados a las instalaciones del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) de Chihuahua, así como las “constantes amenazas así como la presencia de delincuentes en Tenosique, Tabasco”, situación que mantiene en riesgo al defensor de los inmigrantes fray Tomás González y al personal del albergue La 72.
“A pesar de todas las denuncias públicas y legales hechas en todos los casos de violaciones a los derechos humanos, las autoridades han sido pasivas en la conducción de las investigaciones necesarias para definir a los responsables de todos estos ataques, y con ello sancionarlos de acuerdo a la ley. La impunidad continúa y es una característica del gobierno mexicano y sus instituciones”, insistió en su comunicado la Red TDT.
Los organismos firmantes alertaron también sobre el clima adverso para los defensores en los medios de comunicación, en especial hacia aquellos que apoyan a comunidades rurales que se oponen a los daños ambientales, económicos y sociales ocasionados por la extracción minera, sobre todo por parte de empresas extranjeras.
Citó casos en los que medios de comunicación han acusado a organizaciones sociales de poner en riesgo inversiones millonarias y de generar violencia. Dichas imputaciones, añadió, son “sumamente graves” porque se responsabiliza a los defensores de derechos humanos “del clima de violencia que prevalece en la región.
A unos meses de que tomó posesión Enrique Peña Nieto y de que se puso en marcha el Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas, las organizaciones que integran la Red TDT reivindicaron su derecho a “señalar y denunciar violaciones a los derechos humanos de cualquier índole, independientemente de los intereses que estén en juego” así como que su labor es ejercida cotidianamente “en estricto apego a derecho”.
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