AUTOR: Raúl Llanos Samaniego.
Además, se deroga la Ley Contra la Delincuencia Organizada para el Distrito Federal.
En el dictamen, avalado por mayoría de votos, se establece la “detención con control judicial” y se reduce el número de días en los que una persona puede estar en una situación de apresamiento.
De acuerdo con el Código de Procedimientos Penales hoy vigente, un presunto responsable de cometer algún delito puede estar arraigado hasta por 30 días, prorrogables por otro periodo similar, pero con la nueva figura el plazo máximo de detención de una persona será de cinco días, que podría alargarse por otros cinco más.
Al exponer el dictamen en tribuna, Antonio Padierna, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fundamentó que el Ministerio Público será quien, en un plazo de 48 horas a partir del aseguramiento de un presunto responsable, solicitará a un juez la “detención con control judicial” de la persona, mismos que a su vez dispondrá de un plazo de cuatro horas para decir si la otorga o la niega.
En su argumentación, Padierna consideró que la figura del arraigo contraviene las disposiciones constitucionales y “propicia excesos por parte de quien lo ejecuta”, a grado tal que una privación derivada del arraigo llega a ser “de mayor gravedad que la detención, o la prisión misma”, y que corresponde más a un Estado autoritario, que a una ciudad democrática como el Distrito Federal.
Más adelante, diputados del PAN y del PRD se enfrascaron en un debate, ya que los primeros se oponían a la derogación de la Ley contra la Delincuencia Organizada para el DF, sin embargo, los segundos alegaron que no había ningún problema en eliminarla, pues cualquier persona detención relacionada con delincuencia organizada estará sujeta a la legislación federal hoy vigente, según argumentó el perredista Daniel Ordóñez.
En lo general, las reformas para eliminar el arraigo fueron apoyadas por los diputados panistas –conjuntamente con los votos del PRD, PRI, PT, PVEM, PANAL y Movimiento Ciudadano—, pero votaron en contra de que se eliminara la referida Ley contra la Delincuencia Organizada.
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