AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
En una carta fechada el pasado lunes 22, ambas organizaciones expresaron a Peña Nieto su preocupación por las denuncias que presentó el semanario fundado por Julio Scherer García, en el sentido de que “exfuncionarios del estado de Veracruz podrían estar planeando secuestrar o dañar al periodista Jorge Carrasco Araizaga”.
En el documento, WAN-IFRA y el IPI reproducen la información obtenida por Proceso en el sentido de que “agentes de seguridad en Veracruz han participado en esfuerzos de vigilancia y recolección de antecedentes sobre la identidad de Carrasco, con la intención de secuestrar o atacar el periodista”, situación que podría derivar de sus investigaciones periodísticas sobre la muerte de Regina Martínez, corresponsal de la revista en la entidad.
“Estamos profundamente preocupados por estas denuncias, e instamos a las autoridades mexicanas a investigar de inmediato la situación y tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de Carrasco”, pidieron a Peña Nieto Galina Sidarova, presidente de la Junta Ejecutiva del IPI, y Jacob Mathew, presidente de WAN-IFRA.
“Con el debido respeto –expresaron al Ejecutivo– nos permitimos recordarle que el Estado mexicano está obligado por el derecho internacional a proteger a los periodistas que llevan a cabo su función de informar al público. Por lo tanto, las denuncias presentadas contra las autoridades de Veracruz deben ser investigadas con prontitud y seriedad”.
Los directivos de ambas organizaciones solicitaron a Peña Nieto cumplir con el compromiso que en nombre de su gobierno hizo el subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Sánchez Hernández, de que “el gobierno federal utilizará todos los instrumentos legales disponibles para asegurarse de que los estados no cometan abusos, independientemente de su partido político”.
Sánchez signó el compromiso en una reunión que sostuvo con una misión de WAN-IFRA y el IPI en febrero pasado, durante una visita oficial de integrantes de esas organizaciones a México.
En la misiva, Galina Sidarova y Jacob Mathew recordaron que la frase pronunciada por Sánchez Hernández surgió precisamente a partir de que los emisarios de las organizaciones le manifestaron “su preocupación por casos como el de Veracruz, donde las autoridades han adoptado una actitud particularmente hostil hacia los periodistas críticos”.
Puntualizaron que durante la visita de trabajo, los representantes de las organizaciones se reunieron con funcionarios del estado de Veracruz, encuentro que “no inspiró ninguna confianza en el compromiso de las autoridades para proteger a los profesionales de los medios”.
Sidarova y Mathew manifestaron a Peña Nieto que después de la gira de trabajo, WAN-IFRA e IPI publicaron el informe “La situación de la libertad de prensa en México”, que “reveló que algunas autoridades estatales se habían convertido en un serio obstáculo a la libertad de expresión en el país”.
Los directivos destacaron que el informe –del que da cuenta Proceso en la edición que circula actualmente– resalta que durante los últimos seis años México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, y recomienda esfuerzos coordinados entre los gobiernos locales y el federal para “mejorar la situación de seguridad de los medios de comunicación”.
En la carta, los activistas señalaron a Peña Nieto que para ellos “las denuncias de que los propios funcionarios (públicos) puedan estar involucrados en amenazas de muerte a los periodistas, deberían ser considerados por su oficina como una cuestión de suma urgencia”.
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