AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Los cambios introducidos en la Cámara de Diputados a la reforma sobre telecomunicaciones y radiodifusión por presiones del Consejo Rector del Pacto por México –ese “poder fáctico que suplanta las facultades del Congreso”, según los senadores– son inadmisibles, sostiene el panista Javier Corral. Tras desmontar las argucias redactadas en San Lázaro, dice que el Senado corregirá las “barbaridades y locuras” que se incluyen en la reforma constitucional, antes de devolverla a la cámara de origen a más tardar el martes 30.
Igual de grave es la vulneración de la autonomía del Ifetel a través de un “doble chipote presidencialista” y otorgarle al Ejecutivo federal el manejo del espectro más valioso en las bandas 700 Mhz y 2.5Ghz, por lo que serán analizados y revertidos en el Senado, asegura el senador panista Javier Corral Jurado.
La identificación de esos cambios de última hora, realizados el 21 de marzo en la sesión de la Cámara de Diputados, así como la franca rebelión de los coordinadores de las bancadas del PRD y del PAN frente a la presión de los integrantes del Consejo Rector del Pacto por México para aprobar fast track la reforma marcarán la discusión en el Senado durante los próximos 15 días.
Protagonista en la batalla contra la Ley Televisa en 2006, e impulsor de un bloque de senadores del PAN, del PRD y del PT para realizar modificaciones en la minuta de reforma constitucional, Corral advierte que los cambios “son contrarios no sólo a los objetivos del Pacto por México y a lo que han venido diciendo el presidente de la República y los líderes de los partidos, sino dirigidos a beneficiar de manera burda y descarada a Televisa, con lo que la reforma aumenta el desequilibrio entre el sector de las telecomunicaciones y el de la radiodifusión, que ya traía de por sí la iniciativa”.
Corral advierte: “Es grave que el secretario de Hacienda, el verdadero jefe por parte del gobierno del Consejo Rector del Pacto por México, aproveche los ocultamientos de las reservas que hicieron los diputados para introducir como bola rápida una facultad para él de esta dimensión; lo más grave, que los líderes de los partidos acepten darle a Videgaray una ventaja de ese tamaño para su aspiración presidencial”.
En entrevista con Proceso, Corral detalla los cinco “cambios inadmisibles” que llegaron a la minuta del Senado que pretende ser modificada y aprobada antes del 30 de abril, el último día del segundo periodo ordinario de sesiones.
En el artículo 28 constitucional se le agregó un “doble chipote presidencialista” para que los titulares de las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda den opiniones en materia de concesiones al espectro. Para Corral se trata de un “veto de bolsillo” a favor de Videgaray, quien se convertirá en el “gran concesionante del país, pues dependerá de él el tiempo para fijar una contraprestación o para encarecer o abaratar las concesiones”.
En el párrafo sobre las facultades de Instituto Federal Electoral (Ifetel) para otorgar, revocar o autorizar cesiones o cambios al control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones, se aprobó que el organismo autónomo “notificará al secretario del ramo previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica no vinculante en un plazo no mayor a 45 días naturales”.
Y se estableció un segundo candado:
“El instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria”.
Además, en el mismo párrafo se advierte que las concesiones para uso público y social (es decir, las controladas por el gobierno federal) “se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa conforme a lo previsto por la ley y en condiciones que garanticen la transparencia del procedimiento”.
Los ajustes a ese párrafo, junto con las modificaciones a los artículos 16 y 17 transitorios de la reforma constitucional, permitirán al Ejecutivo federal tener el control “en materia del espectro más valioso para el futuro de la competencia”, que son las bandas de 700 Mhz y de 2.5Ghz, según Corral.
En el caso del décimo sexto transitorio, se establece que el Ejecutivo federal “instalará una red compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones”, conforme al artículo 6, fracción B párrafo II, que dispone que este servicio público de interés general será garantizado por el Estado en condiciones de “competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad”. Asimismo, se elimina la posibilidad de la gratuidad.
Para otorgar este servicio, el Ejecutivo federal aprovechará “al menos” 90Mhz del espectro liberado por la transición a la televisión digital terrestre (TDT) en la banda 700 Mhz, considerada la más valiosa actualmente para los servicios decuádruple play, así como los recursos de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y “de cualquier otro activo del Estado que pueda utilizarse en la instalación y la operación de la red compartida”. Es decir, la banda 2.5 Ghz que le fue “rescatada” a MVS como concesionario mayoritario por el gobierno de Calderón.
“La gran contradicción de la minuta es la autonomía del Ifetel, pues las principales decisiones en materia del espectro más valioso para el futuro de la competencia se las dan al Ejecutivo. Eso lo vamos a cambiar”, sentencia Corral.
Ante las bancadas del PRI y del PRD, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, defendió por “razones de seguridad nacional”, y para evitar posibles ingresos de grupos criminales o de lavado de dinero a las concesiones, la necesidad de que los titulares de Comunicaciones y de Hacienda sean consultados por el Ifetel.
Ruiz Esparza, el único de los integrantes del gabinete federal que ha sido convocado para las consultas internas de las fracciones, también negó que se pudiera dar “internet gratuito” por parte del Estado, ya que “violaría la libre competencia”; descartó también que sea necesario incluir en la reforma constitucional el derecho de las audiencias con el argumento de que eso forma parte de una legislación secundaria.
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