El organismo, creado por decreto del entonces gobernador, Enrique Martínez y Martínez –actual titular de la Secretaría de Agricultura—, supuestamente para apoyar a los pequeños productores, se ha convertido en una “mina de oro” no sólo para los Montemayor.
Los contratos para la comercialización de carbón también fueron otorgados por el Comité Mixto de Adquisiciones a empresas de alcaldes y exalcaldes de Coahuila, según se desprende de una lista que entregó la Prodemi –cuyo director es Marco Antonio Dávila Montesinos, tío político de los hermanos Montemayor Garza–, el pasado 14 de marzo a la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Entre las empresas beneficiadas se encuentran: Energía Mineral SA, propiedad de Edilberto Edmundo y Rogelio Javier Montemayor García, y Grupo Constructor de la Carbonífera SA de CV, creada en 2003, por Jesús María Montemayor Garza, actual alcalde de Sabinas, junto a su hermano Bogar Montemayor Garza, ambos sobrinos de Montemayor Seguy.
Una más, la empresa Integración Minera SA de CV es propiedad de Antonio Nerio Rodríguez, quien, a su vez, es padre de Antonio Nerio Maltos, alcalde de San Juan de Sabinas.
Otra empresa contratada por Prodemi y que está vinculada con políticos empresarios es Minera Progreso SA,
perteneciente a Federico Quintanilla, exalcalde del municipio de Progreso.
En la lista también aparece la empresa Minerales y Transportes, de Armando Morales Yutani, compadre de un hijo de Marco Antonio Dávila Montesinos.
Y una de las últimas asignaciones fue para el saltillense Carlos Flores Vizcaíno, exregidor y exdirector del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento.
El año pasado, luego del asesinato de su hijo José Eduardo en Acuña, el 3 de octubre de 2012, el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, declaró que en la región carbonífera había empresarios relacionados con “Los Zetas”.
Dijo que Heriberto Lazcano, El Lazca, tenía tajos de carbón en Progreso, municipio donde supuestamente fue acribillado el capo el 7 de octubre último.
El 30 de agosto la policía estatal y el Ejército derribaron 15 pocitos ubicados en terrenos del gobierno de Coahuila. El gobernador Rubén Moreira afirmó días después que la delincuencia tenía varias minas de ese tipo.
En su edición 1880, del 11 de noviembre de 2012, Proceso dio a conocer que los pocitos destruidos eran de José Reynol Bermea Castilla, presunto operador de “Los Zetas” en Sabinas. Fue detenido en septiembre por elementos de la Marina Armada de México (Semar). Él dirigía la empresa Minera La Marina.
En una búsqueda registral, el semanario detectó que los pocitos destruidos estaban amparados por la concesión (título 221614) expedida por la Dirección General de Minas en marzo de 2004 a nombre de Minera El Sabino y Minera El Saucito, de Alfonso González Garza.
Los Montemayor Seguy y los González Garza son socios y acaparan decenas de miles de hectáreas en la región, donde tienen influencia política, según una nota difundida por Proceso en su edición 1805 del 5 de junio de 2011.
Bajo el título “Los amos impunes del carbón”, el reportaje firmado por Arturo Rodríguez García puntualiza que ambas familias han sabido combinar su poder económico con sus habilidades políticas para obtener las concesiones que les permiten explotar los socavones de sus fundos durante años sin sufrir contingencias laborales.
Sin embargo, la explosión del 3 de mayo en el Pozo 3 en una carbonera de Sabinas, en la que murieron 14 trabajadores y un adolescente de 15 años quedó mutilado, reveló la precariedad con la que operan las minas.
El fundo siniestrado pertenece a la empresa Beneficios Internacionales del Norte, SA de CV (BINSA), constituida el 2 de febrero de 2007, según el Registro Público de la Propiedad (RPP) local, de la que son socios a partes iguales Hilda Griselda Montemayor Marines y su esposo, Melchor González Vélez, El Chorín, hijo del empresario Alfonso González Garza.
Las autoridades observaron que fue Montemayor Marines la que firmó el contrato de renta del fundo con el concesionario minero Alfonso González Garza, quien le autorizó la explotación de pozo donde murieron los 14 mineros.
De acuerdo con la nota, el expediente de la concesión minera otorgado por la DGM –el 218000– consigna que los dueños de BINSA y por lo tanto de ese pozo son Jesús María Chuma Montemayor Seguy y su socio Alfonso González Garza, suegro de Hilda Griselda y padre de El Chorín.
Para obtener esa concesión, Montemayor Seguy y González Garza pagaron 3 mil 670 pesos. Ni siquiera tenían estudios geológicos, pues desde que iniciaron el trámite con la solicitud folio 27849 de la DGM, Chuma Montemayor pidió a las autoridades que se les eximiera de presentar los trabajos periciales sobre la propiedad concesionada.
Según el expediente, la apertura de una mina de carbón es relativamente barato: las “obras de exploración”, por ejemplo, implicaron dos pagos: uno de 25 mil 850 pesos y otro de 13 mil 500, suficientes para convertir el título 202967 de exploración en el título 218000 de explotación, inscrito en el acta número 260, volumen 331 del Registro Público de Minería (RPM).
Por concesión y apertura de la mina, Montemayor Seguy y González Garza pagaron 43 mil 20 pesos.
El 27 de febrero de 2004, Chuma Montemayor cedió 50% de sus derechos a la empresa Minería y Acarreos, S.A. de C.V., que pertenece a su hermano Edmundo Montemayor y tiene como representante legal a otro familiar suyo: Rogelio Javier Montemayor García, hijo de Rogelio Montemayor Seguy, quien fue gobernador de Coahuila de 1993 a 1999 y director de Pemex entre 2000 y 2002.
Los Montemayor son ampliamente conocidos en la zona. El extinto patriarca, Edilberto Montemayor Galindo, era dueño de la concesionaria Chrysler y durante años fue proveedor de parque vehicular a los gobiernos estatal y municipal.
De sus hijos, Rogelio Montemayor Seguy es el más conocido, incluso por el desvío de recursos millonarios de Pemex a la campaña presidencial del priista Francisco Labastida Ochoa, lo que le costó su salida de la paraestatal, aunque posteriormente fue exonerado.
Chuma Montemayor fue alcalde de Sabinas entre 1985 y1987 y su hijo, Jesús María Montemayor Garza, Chumilla, ocupa actualmente la alcaldía. A su vez, Edilberto Montemayor García, hijo de Rogelio, es concesionario de la firma Mercedes Benz en Saltillo.
Rogelio tiene inversiones en autotransporte de carga, pues en 2009 se presentó como accionista de Transportes Signum SA de CV. Sus otros dos hijos, Rogelio Javier y Salvador Montemayor García, se asociaron para constituir Industrial de Carbón Signum, SA de CV.
En este ramo, la familia Montemayor acumula al menos 26 concesiones en la zona carbonífera coahuilense, según se desprende de un rastreo en el RPM. En total, tienen bajo su dominio 22 mil 786 hectáreas.
Política letal
A diez años de su creación, la paraestatal del gobierno de Coahuila, Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi), se ha convertido en el instrumento que posibilita la subsistencia de un tipo de minería letal, ajena a controles de seguridad social, laboral, e incluso, fiscal y penal.
En los pocitos han muerto cientos de trabajadores y otros muchos están incapacitados de por vida, sin siquiera estar registrados en el IMSS; por sus condiciones estructurales, utilizan a menores de edad, y, por los vacíos legales de que gozan, el narco está en el negocio.
Desde el 28 de marzo de 2003 la Prodemi funge como intermediaria de los “pequeños productores” de carbón, a quienes compra el mineral para vendérselo a la CFE. Los poceros no cumplen regulaciones internacionales a las que está obligada la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, con Prodemi, se le saca la vuelta a los impedimentos.
La CFE cuenta con dos carboeléctricas en el municipio de Nava, en Coahuila, que se nutren de carbón metalúrgico.
Casi la mitad del carbón que usan (47%), es comprado a los poceros vía Prodemi, por encima del precio internacional so pretexto de procurar el desarrollo de la región.
En la proveeduría de las minas mortales han resultado beneficiados actores políticos del PRI, PAN y de la izquierda, ya sea como propietarios de minas, brokers o por controlar la Prodemi desde el gobierno estatal.
Desde su creación, la Prodemi retiene un porcentaje por tonelada comprada a los productores, de manera que obtiene cerca de 500 millones de pesos anuales, cuyo destino se desconoce.
Por si fuera poco, el gobernador Rubén Moreira y la Procuraduría General de la República (PGR) revelaron el año pasado que la operación de los pocitos fue infiltrada por el narco y varias de las proveedoras de Prodemi se encuentran bajo investigación federal.
Pese a ello, Moreira ha rechazado que los pocitos sean cerrados, en tanto, en el ámbito legislativo federal, una oscura maniobra canceló la posibilidad de la prohibición de esas explotaciones mineras, durante la reforma laboral aprobada a finales del año pasado.
El 28 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral que, en el artículo 373-A de la Ley Federal del Trabajo, contemplaba la prohibición de los pocitos. El párrafo de la prohibición fue mutilado durante su envío al Senado, donde los grupos parlamentarios desoyeron los reclamos por el borrón.
Con ello, los poceros y la Prodemi, aspiran a un contrato superior a los 3 mil millones para este año, que se encuentra en proceso de concretarse con la CFE, no obstante las irregularidades detectadas en el padrón de empresas y contratistas que integró el gobierno de Coahuila.
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