“Ha llegado el momento de plantear públicamente –junto con el nuevo gobierno mexicano– que el respeto por los derechos humanos es un componente esencial y no un obstáculo para mejorar la seguridad pública”, consigna en la misiva el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
Añadió:
“Esta visita ofrece una excelente oportunidad para poner fin al silencio de Estados Unidos en esta materia y expresar su preocupación por los problemas de derechos humanos de México y su respaldo a una nueva estrategia”.
De acuerdo con Vivanco, la visita de Obama a México, el próximo 2 de mayo, es un momento “especialmente oportuno” porque el gobierno de Peña Nieto “se ha referido a algunas de las falencias de la ‘guerra contra el narcotráfico’ y ha fijado metas distintas a las de su antecesor”, Felipe Calderón.
No obstante, agregó, “aún no ha propuesto un plan concreto que establezca cómo tiene previsto alcanzar” esas metas ni ha enumerado medidas “concretas” para afrontar los abusos a los derechos humanos.
En su misiva, HRW pidió que Obama indique a Peña Nieto “que la forma de desarticular a los poderosos cárteles que existen en México no es mediante detenciones arbitrarias y torturas, sino con investigaciones exhaustivas que aporten los elementos necesarios para juzgar a redes delictivas extensas, sofisticadas y muy violentas”.
Además, urgió al presidente estadunidense a “expresar su apoyo a las iniciativas del gobierno mexicano destinadas a juzgar a los responsables de los delitos más aberrantes cometidos en los últimos seis años, incluidas graves violaciones de derechos humanos”.
En concreto, criticó la “corrupción endémica entre las fuerzas policiales” y el hecho de que no haya “prácticamente ningún tipo de rendición de cuentas por parte de quienes cometen delitos”.
Subrayó:
“Durante casi todo su mandato, el entonces presidente Calderón negó enérgicamente que ocurrieran tales abusos y afirmó que casi todas las víctimas de la violencia asociada al narcotráfico eran en verdad delincuentes”.
La carta atribuye parte de culpa al gobierno de Obama, que “no ha exigido el cumplimiento de los requisitos de derechos humanos dispuestos en la Iniciativa Mérida” de cooperación regional, que impide el desembolso de parte de la asistencia si hay violaciones de derechos humanos.
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