A un año del asesinato de Regina Martínez, la investigación no es clara y ya son nueve periodistas asesinados durante su administración; Duarte fue premiado por su labor en la "defensa de periodistas".
Desde el inicio de su gestión, el 1 de diciembre de 2010, a la fecha en Veracruz se contabilizan nueve homicidios de comunicadores.
El caso de Regina Martínez es sintomático. Hace dos semanas, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) presentó a Jorge Antonio Hernández, El Silva, como presunto responsable del crimen. Hernández fue sentenciado a 38 años y 50 días de cárcel.
Proceso cuestionó la resolución de la PGJEM. Tras conocerse la sentencia, el semanario emitió un comunicado en el que afirma que “los verdaderos culpables siguen sin conocerse y la Procuraduría no logra dar con el otro supuesto asesino material, José Adrián Hernández Domínguez, un narcomenudista que se encuentra prófugo, a pesar de que la propia PGJ lo detuvo tres meses después del homicidio de nuestra compañera”.
A los señalamientos, Consuelo Lagunas, titular de Investigaciones Ministeriales de la PGJE, dijo a Noticias MVS que las declaraciones de la revista se basaban en especulaciones.
El semanario publicó el pasado 16 de abril un comunicado donde denunció amenazas del gobierno de Veracruz contra el reportero Jorge Carrasco, quien realizaba seguimiento del caso de Martínez y que consideró la Procuraduría estatal no permitió una investigación independiente y destacó las “inconsistencias” de la investigación.
Sin garantías, premiaron a Duarte
En este contexto, y pese a las pocas garantías para ejercer el periodismo en la entidad, el pasado 3 de abril el gobernador Javier Duarte fue premiado por su labor en la “defensa de periodistas” por la Asociación Mexicana de Editores de Periódico, AC.
El galardón fue criticado en redes sociales, donde fue calificado como un chayopremio y por el director de la organización Artículo 19 en México, Darío Ramírez, quien consideró que se trató de “un insulto” para las familias de los nueve periodistas asesinados durante la gestión de Duarte.
Ramírez comentó que la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas de Veracruz, creada tras una ola de homicidios a comunicadores en 2012-incluido el de Regina Martínez- “más allá de su probada ineficacia, no está a la altura de las necesidades de protección para la prensa arrinconada en Veracruz”.
Además la organización calificó a Veracruz ”como el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina”.
La mayoría de los nueve casos de periodistas asesinados continúan sin resolver, otros tantos se han desplazado debido a la falta de garantías y presiones como en el caso de Jorge Carrasco. La Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), señaló en un comunicado del pasado 18 de abril, que Veracruz es una región “donde el ejercicio de la libertad de expresión está totalmente desprotegido”.
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