AUTOR: JENARIO VILLAMIL.
Una trama de corrupción, tráfico de influencias y simulaciones jurídicas se tejió al amparo de bufetes y de al menos dos procuradores generales de la República. El objetivo: privilegiar a una empresa, que fue producto de la fusión de una compañía estadunidense y otra mexicana, para otorgarle exclusividad como proveedora de Pemex y de la Comisión Nacional del Agua.
MÉXICO, D.F: Con el apoyo de dos procuradores generales de la República del sexenio pasado –en especial de Arturo Chávez Chávez–, del exdirector de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, y de una poderosa red de abogados y representantes legales vinculada con los despachos de Diego Fernández de Cevallos y de Antonio Lozano Gracia, la empresa Submarelher, fabricante de tapetes de concreto flexible, se convirtió en un poderoso monopolio subcontratista.
A través de una compleja maquinación para eliminar a otros competidores y quedarse con las adjudicaciones directas más importantes de la Conagua y de Pemex, Submarelher ha obtenido contratos por más de 5 mil millones de pesos para obras hidráulicas y ductos de transporte de petróleo, gas y gasolinas.
Sólo en Tabasco, Nuevo León y Veracruz los desastres provocados por las inundaciones y los desbordamientos de ríos permitieron que esa compañía –resultado de la fusión de la estadunidense Submar Inc., y de Grupo Elher Construcciones, ambas empresas representadas por Francisco Marcos Elizarrarás y Jorge Alberto Acuña Begne– obtuviera 29 contratos de la Conagua por un total de 928 millones 387 mil pesos.
En Tabasco Submarelher acaparó los trabajos de protección y recubrimiento marginal de diversos ríos. La dirección estatal de la Conagua le había otorgado hasta agosto de 2011 contratos por 513 millones de pesos para la compra, colocación y mantenimiento de tapetes de concreto flexible en obras hidráulicas.
De acuerdo con el contrato SGIH-OCFS-TAB-09-159-RF-LP, Grupo Elher Construcciones ganó un contrato de 82 millones de pesos para la protección marginal del malecón en Emiliano Zapata, Tabasco, y Submarelher otro de 64 millones 163 mil pesos para proteger el cauce de alivio El Tintillo.
En Chiapas la Subgerencia de Construcción Regional de la Conagua otorgó a Submarelher un contrato por casi 57 millones en 2008, según el número de adjudicación 16101042-0253-08. Un año después le dio otro por 44.3 millones de pesos para “obras no codificadas”, con el número 16101042-0034-09. Esta información se obtuvo en la página de Compranet del gobierno federal.
En Nuevo León los desastres provocados por el huracán Alex beneficiaron a la misma empresa. El Organismo de Cuenca Río Bravo le asignó de manera directa dos contratos para la rectificación del cauce y la formación del bordo para proteger zonas erosionadas por los ríos San Juan y Santa Catarina. El primero fue por un monto de 24 millones 592 mil pesos y el segundo por 91 millones 802 mil pesos, de acuerdo con los contratos SGIH-OCRB-NL-10-IH-278-RF-AD y SIGH-OCRB-NL-10-IH-351-FN-AD.
La bonanza de Submarelher pretende multiplicarse con adjudicaciones directas de Pemex Refinación y Pemex Gas y Petroquímica Básica en todas las obras que requieran ese tipo de tapetes de concreto para controlar la erosión en las obras hidráulicas y submarinas que realice Petróleos Mexicanos.
El crecimiento de la empresa coincidió con la llegada de Luege a la dirección de la Conagua y con la eliminación de otras compañías que trabajaban para la dependencia y para Pemex. Hasta 2005 Submarelher sólo había conseguido contratos menores con Pemex. El 4500160365, para proteger 17 ductos de Pemex Refinación, apenas alcanzó los 828 mil 589 pesos, y en 2006 ganó otra adjudicación de Pemex Gas y Petroquímica Básica por 4.5 millones de pesos para las obras de esteras submarinas no abrasivas.
Pero el verdadero auge de la empresa se produjo cuando, en 2008, Elizarrarás y Acuña lograron, con una celeridad inusitada y el apoyo del Instituto Nacional de Derechos de Autor (Indautor), organismo dependiente de la Secretaría de Educación Pública, registrar como “obra de arte” los dibujos de los tapetes de concreto flexible.
Según se indica en las actas ministeriales de dos empresarios competidores detenidos y encarcelados por violar los “derechos de autor”, los propietarios de Submarelher copiaron los planos y los diseños de las patentes originales creadas por el estadunidense Thomas Michael Angels, para convertirlas en obras exclusivas, con la complicidad del Indautor, y eliminar a todas las otras empresas que también utilizan los “colchacretos”.
Acoso judicial
A partir de junio de 2010, la violación a los derechos de autor se tipificó como delito penal en México. De manera irregular, el Indautor le otorgó a Submarelher el uso exclusivo de esas “obras de arte” y le dio la llave para perseguir administrativa, civil o penalmente a “cualquier persona que use, explote, comercialice, distribuya, almacene, reproduzca o manufacture” la “obra” o copias de ésta, sin consentimiento o autorización de la empresa.
Ahí comenzó la persecución contra otras compañías fabricantes de tapetes de concreto, en especial contra el empresario chiapaneco radicado en Campeche José Farrera Redondo, socio de INER Servicios, y los empresarios Mario Enrique Arias Arriaga y Benjamín Pérez Granados, de la empresa Ingeosin, radicados en Reforma, Chiapas.
En entrevista con Proceso, Farrera y Arias señalan que sus detenciones y el decomiso de sus fábricas y de sus tapetes de concreto constituyen “una simulación jurídica para sacar a las otras empresas del mercado” y para que Submarelher monopolice los contratos con Pemex y con la Conagua.
Las irregularidades comenzaron en la Procuraduría General de la República (PGR). Pese a que las averiguaciones previas se asignan de manera aleatoria, tanto en el caso de INER como de Ingeosin, la agente del Ministerio Público federal Verónica Quintanar Vázquez fue quien ordenó las investigaciones y detenciones de los empresarios. Los expedientes en ambos casos son prácticamente iguales.
El subprocurador responsable del expediente de los dos casos fue el mismo, Arturo Germán Rangel, junto con el jefe de la unidad antipiratería de la PGR, Francisco Trejo Antonio. Ambos son cercanos al círculo del exprocurador general de la República Arturo Chávez Chávez, quien llegó a la PGR con el apoyo explícito de los despachos de Diego Fernández de Cevallos y del exprocurador Antonio Lozano Gracia.
En marzo y abril de 2011 Rangel y Trejo Antonio fueron investigados por presunto enriquecimiento ilícito, peculado, extorsión y cohecho, derivado del ejercicio de sus funciones. Trejo Antonio fue cesado el 4 de abril por reprobar los exámenes de control de confianza. Y el director general de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos contra los Derechos de Autor y Propiedad Intelectual, Jesús Isaías Silva, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública, acusado de presuntos actos de corrupción.
De acuerdo con reportes internos de la PGR, la agente del Ministerio Público federal Verónica Quintanar fue sancionada administrativamente y trasladada a otra área.
Entre 2010 y 2011 la PGR se lanzó a la cacería de los competidores de Submarelher. El 22 de enero de 2010, “en respuesta a una denuncia anónima”, agentes de la Policía Federal detuvieron en Coatzacoalcos a siete personas de la empresa Ingeniería Ambiental y Procesos, por fabricar “tapetes ecológicos apócrifos” para Pemex, de acuerdo con el boletín oficial de la PGR.
En ese documento se aclaró que “se pudo encontrar que la empresa antes citada se dedicaba a la fabricación de tapetes ecológicos de concreto flexible para el recubrimiento de orillas de los ríos y para los ductos de Pemex. Cabe señalar que esta fabricación es ilícita, toda vez que la patente para la producción de estos tapetes fue registrada a nombre de la empresa Submarhelers (sic) de R.L. de C.V., desde el año 2008”.
El 5 de julio de 2011 la PGR difundió el aseguramiento de otro inmueble en el municipio de Reforma, Chiapas, y de 2 mil 51 “tapetes de concreto” para la contención de aguas, porque violaban los derechos de autor “en forma dolosa, con el fin de especulación comercial y sin autorización del titular de los derechos”.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 1901 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
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