AUTOR: ADRIANA AMEZCUA.
El director del periódico digital E-Consulta en Tlaxcala fue arraigado el pasado domingo por agentes ministeriales tras considerar la autoridad judicial que sus críticas constituían un delito de difamación contra el Oficial Mayor, Ubaldo Velasco Hernández.
Ruiz Rodríguez calificó al funcionario de Tlaxcala de “viejecito maniatado y sometido”, “mediocre” y “patiño”, en su blog Señorío Tlaxcalteca.
Lo curioso es que esas opiniones se publicaron en junio y julio de 2011. Es decir, 16 meses antes de ser denunciado ante la Procuraduría de Justicia de Tlaxcala, en noviembre de 2012.
Ayer, 13 horas después de ser retenido en el Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, el comunicador fue liberado, previo pago de una fianza de unos 35 mil pesos.
El periodista atribuyó su detención al gobernador del Estado: “No hace bien el señor Mariano González Zarur, reaccionando con semejante intolerancia. Esto no es un juego de vencidas, ciertamente nos desempeñamos como el medio con más consultas desde antes que rindiera protesta como titular del Ejecutivo. Nos debe respeto, como a todos los medios, porque la información que publicamos no es selectiva”.
Rodolfo Ruiz Rodríguez, director de E-Consulta en Oaxaca, dijo en su columna de ayer que la detención de su hermano obedece a una consigna del Ejecutivo estatal.
“…por distintos medios –que van desde la asfixia publicitaria, pasando por las amenazas y las denuncias ministeriales– ha pretendido acabar con el portal de noticias más leído de la entidad que mal gobierna”.
Otras denuncias
Esta no es la primer denuncia que ha sido interpuesta contra los responsables de esta publicación digital.
Con anterioridad fueron denunciados por el secretario de Salud, Jesús Fragoso Bernal; el secretario de la Función Pública, Hugo René Temoltzin Carreto; el de Finanzas, Ricardo García Portilla y, la última, la del oficial mayor, Ubaldo Velasco.
Artículo 19 expresó su preocupación por la forma en que el derecho penal está siendo usado contra los periodistas de E-consulta.
“La criminalización del ejercicio de libertad de expresión en Tlaxcala incrementa el riesgo del ejercicio periodístico en un Estado que hasta enero de 2013 –tras el reporte de al menos 9 periodistas amenazados–, era de los Estados con menor cantidad de agresiones a la prensa”.
En el país, 12 estados mentienen vigente el delito de difamación: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán.
De acuerdo con la organización internacional de Derechos Humanos, las frases consideradas difamantes “son parte del discurso considerado protegido por el derecho internacional”.
Por lo anterior, la organización hizo el 7 de abril hizo un llamamiento para eliminar “los delitos contra el honor” (difamación, calumnia y/o injuria) que aún forman parte de algunas legislaciones locales que inhiben el ejercicio del derecho de libertad de expresión.
Una relación que no mejora
De acuerdo a Artículo 19, a poco más tres meses del inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto la reacción del Estado ante las agresiones contra los periodistas, los medios de comunicación y sus trabajadores no ha mejorado.
“Las autoridades siguen sin dar resultados fiables que demuestren un compromiso serio para castigar a los perpetradores y evitar más agresiones. Las acciones del gobierno son de disimulo ya que aparentan una reacción temprana, pero no concluyen en resultados eficaces”.
Que el Estado incumpla su obligación de proteger la integridad física de los comunicadores y de castigar a los agresores redunda, de acuerdo con Artículo 19, en fomentar la impunidad.
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