Nuevo código represivo: protocolo para detener “adolescentes en conflicto con la ley”

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: CARLOS BAUER.

Durante su informe de actividades mensual del viernes 5 de marzo, el secretario de Seguridad Pública capitalino, Jesús Rodríguez Almeida –quien tomó el relevo en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal cuando Miguel Ángel Mancera se postuló al gobierno de la Ciudad–, anunció la intención de crear una “policía preventiva” para adolescentes: “Estamos trabajando un protocolo de detenciones para adolescentes en conflicto con la ley penal, estamos también en el proyecto de la unidad de policía preventiva que va a atender a los jóvenes en la Ciudad de México, porque cada vez más vemos a adolescentes cometiendo delitos con armas de fuego o réplicas”.

La iniciativa contravendría las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, las cuales han sido suscritas por México y por lo tanto se encuentran encima de cualquier otra disposición jurídica. En ellas se establece que “Deben crearse servicios y programas con base en la comunidad para la prevención de la delincuencia juvenil, sobre todo si no se han establecido todavía organismos oficiales. Sólo en última instancia ha de recurrirse a organismos oficiales de control social”. Sin embargo, el gobierno capitalino ha decidido crear en primera instancia un “organismo oficial de control social”.

El anuncio se presenta como una más de la serie de medidas adoptadas por las autoridades capitalinas en reacción a los hechos del 1 de diciembre del 2012, jornada que ha quedado inscrita en la memoria de la protesta social como #1DMX. Al igual que el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para el Control de Multitudes, el anunciado “protocolo de detenciones para adolescentes en conflicto con la ley penal” sería un intento por estandarizar procedimientos policíacos y evitar episodios de violencia excesiva y abuso de autoridad como los perpetrados cuatro días antes del inicio de la presente administración capitalina.

Sin embargo, la aplicación del Protocolo de Actuación Policial que entró en vigor el 25 de marzo no presagia avances positivos en términos de derechos humanos y libertad de expresión respecto al proyecto anunciado por Rodríguez Almeida: sólo un día después de entrado en vigor, la policía capitalina usó el citado Protocolo como paraguas legal de un despliegue policíaco desmedido. La ambigüedad con que dicho protocolo define los actores y procedimientos a seguir durante las manifestaciones parece replicarse cuando el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) habla de “adolescentes en conflicto con la ley penal”, pues no queda claro cómo identificarán “preventivamente” las fuerzas públicas a estos jóvenes.

El martes 9 de abril la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) dará a conocer los resultados de su investigación en torno a los hechos del #1DMX. Según declaró Luis González Placencia, presidente de la Comisión, el informe presentará un “análisis sobre la actuación de la policía en el operativo” y deberá sentar las bases para que no se repitan actuaciones como las vividas ese día. El mismo funcionario ha considerado el Protocolo de Actuación Policial como un avance, aunque señaló que aún quedan aspectos a mejorar. Así, el gobierno capitalino parece buscar una cura en salud a las recomendaciones que la CDHDF pueda emitir.